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Otra vez Alan Jara en problemas, contrató viviendas para indígenas y no las terminaron

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Alan Jara

Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.

El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.

La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo. A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.

Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.

Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables

Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).

La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.

Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.

Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta

Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.

La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.

Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.

Fuente: Contraloría General de la República

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A la cárcel integrante de banda delincuencial que extorsionaba en el Meta

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carcel

A la cárcel fue enviado Carlos Miguel Carreño Fonseca, por su presunta responsabilidad en la extorsión a comerciantes del municipio de Granada (Meta).

Carreño Fonseca fue detenido, mediante orden judicial, por investigadores del CTI Gaula Militar Ariari en vía pública del barrio Villas de Granada, en esa localidad del sur del Meta.

Ante el Juzgado 1° Promiscuo Municipal con función de control de garantías se desarrollaron audiencias concentradas de Carreño Fonseca, que formaría parte de una estructura delincuencial denominada “Los Popular” y “Villas”.

La Fiscalía imputó cargos contra el detenido por los delitos de extorsión agravada consumada en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos, los cuales no fueron aceptados.

Con la captura de Carreño Fonseca, ya serían tres los detenidos, presuntos integrantes de esta banda delincuencial organizada.

La Fiscalía General

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Capturan mujer por participar de extorsión a comerciantes del Meta

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Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Ariari fue enviada a la cárcel Julieth Natalia Ramírez Hernández, señalada de ser la persona que recogería el dinero proveniente de una extorsión a un comerciante de la ciudad de Granada (Meta).

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la detenida habría reclamado $1´400.000, exigidos a la víctima, al parecer, mediante llamadas telefónicas desde la cárcel, por quienes dicen pertenecer a las autodefensas.

Las autoridades se desplazaron hasta la ciudad de La Dorada (Caldas), para materializar la orden de captura contra Ramírez Hernández.

Ante el Juzgado 1° Promiscuo Municipal fue presentada la detenida a quien la Fiscalía imputó cargos por el delito de extorsión agravada consumada, el cual no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Piden subir del 30 al 50% la contratación de mano de obra local para el sector hidrocarburos

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petroleo

Priorizar la contratación de mano de obra local calificada hasta un 50 por ciento en el área de influencia petrolera, fue una de las peticiones que tuvo la reunión sostenida en el municipio de Castilla La Nueva, junto con la alcaldía local, las comunidades, Ecopetrol, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Minas y Energía del Meta.

“Necesitamos que se cumpla lo escrito el decreto 1668 de 2016, que prioriza al menos un 30 por ciento de la contratación de la mano de obra calificada y el 100 por ciento de la no calificada, para prestar sus servicios en proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en las zonas de influencia de los municipios productores”, sostuvo Arnulfo Cruz, secretario de Minas y Energía del Meta.

Según la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo aproximadamente se generó en el año 2019, 18.522 puestos de mano de obra, en comparación de lo transcurrido del año 2020, que a causa del COVID-19 se han creado 1.419 puestos de trabajo en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva; comprendidos en 880 en operación y 539 en modalidad de teletrabajo.

Cruz manifestó, que se trabajará en la concertación con las operadoras de hidrocarburos y sus contratistas, la posibilidad de incrementar en un 40 0 50 por ciento la contratación de mano local calificada como estrategia y oportunidad en tiempos de pandemia, para recuperar la economía local que tanto se ha visto golpeada por el Coronavirus.

Además, el funcionario realizó un llamado al Ministerio del Trabajo a realizar mayor presencia en la región con los procesos de inspección, vigilancia y control (IVC), señalados en el decreto 1668, proceso fundamental para prevenir la conflictividad entre comunidades de zonas de influencia y la industria del sector hidrocarburos en el departamento del Meta.

Fuente: Gobernación de Meta

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