META
Otra vez Alan Jara en problemas, contrató viviendas para indígenas y no las terminaron
Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.
El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.
La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo. A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.
Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.
Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables
Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).
La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.
Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.
Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.
No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta
Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.
La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.
Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.
Fuente: Contraloría General de la República
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
META
A partir de hoy se habilitará paso por la variante construida en el kilómetro 18 de la vía al Llano
Desde este lunes 15 de septiembre quedara habilitada de manera gradual y alternada en ambos sentidos, la variante del K18+000 de la vía al Llano, afectado por un gran derrumbe desde hace varios días.
El tramo, de 680 metros de longitud, fue rehabilitado con pavimento y señalización y permitirá el paso controlado de vehículos de hasta 52 toneladas. Para cargas extradimensionadas se autoriza un ancho máximo de 4 metros y una longitud de hasta 21 metros.
Con esta medida se da inicio a la fase 0 del PMT, que tiene como objetivo evacuar los vehículos represados en Abastos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio, normalizando paulatinamente la movilidad en el sector.
Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal en vía y conducir con precaución, ya que el paso será alternado y controlado para garantizar la seguridad de todos los usuarios.
Fuente: El Diario del Llano
Tras años de desarraigo a causa del conflicto armado, Maricela Vera y sus hijos iniciaron una nueva vida productiva en el predio ‘Lucitania’, de 8,4 hectáreas, ubicado en la vereda San Pedro del municipio de El Dorado, en el Meta.
Los integrantes de esta familia fueron víctimas de hechos violentos que los obligaron a abandonar su tierra. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia en que los reconoció como beneficiarios de restitución. En ella ordenó la formalización del predio, así como la implementación de proyectos productivos que garanticen su estabilidad económica y el restablecimiento de sus derechos.
Cumpliendo el fallo
En cumplimiento del fallo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les otorgó un subsidio equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, con los cuales se puso en marcha un proyecto agroforestal. Allí se sembró una hectárea de aguacate y una de limón Tahití, acompañadas de plátano como sombrío transitorio y maderable de cacao y chontaduro. Así mismo, se busca el fortalecimiento de prácticas sostenibles a través del cultivo de lombriz roja californiana. Además, se adquirieron abonos, insumos, material vegetal y cercas.
Recientemente, la entidad realizó el último desembolso para el componente de seguridad alimentaria, que incluyó la entrega de 100 gallinas ponedoras y alimento balanceado, garantizando una fuente de ingresos y nutrición para la familia.
“Desde el Gobierno del Cambio, con dignidad cumplimos y acompañamos a esta familia no solo en el acceso a la tierra, sino en su estabilización económica. En este caso, el subsidio que les entregamos permitió implementar un proyecto agroforestal integral y sostenible, con el que fortalecemos su autosuficiencia”, explicó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta.
Con emoción, Maricela Vera, acudió al Banco Agrario para recibir por parte de profesionales de la Unidad el desembolso de los recursos. Allí destacó: “es una oportunidad para salir adelante”. Por su parte, su hijo Jhon Ibarra dijo: “para nosotros es comenzar de nuevo; volver al campo es un renacer. Estamos muy agradecidos, nosotros queremos trabajar la tierra y hacerla producir”.
De esta manera, la URT cumple con lo ordenado en la sentencia judicial y reafirma su compromiso con las víctimas en el Meta, impulsando proyectos productivos que devuelven no solo la tierra, sino la esperanza de una vida digna y sostenible.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
