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Otra vez Alan Jara en problemas, contrató viviendas para indígenas y no las terminaron

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Alan Jara

Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.

El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.

La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo. A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.

Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.

Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables

Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).

La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.

Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.

Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta

Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.

La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.

Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.

Fuente: Contraloría General de la República

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Ordenan compensar a víctimas en Puerto Alvira por abandono forzado de un predio

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El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.

La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.

El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.

El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.

Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.

La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.

Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.

Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras

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El ICA realizó brigada fitosanitaria para contribuir a la buena cosecha de frutas en el Meta

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Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.

En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.

Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.

El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.

Fuente: Comunicaciones ICA

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Casa por cárcel para mujer que suministró burundanga a un extranjero para robarlo

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.

Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.

Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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