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Organización criminal lavó activos para el ELN desde Casanare

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La Policía Nacional a través de la Dirección de Inteligencia, con apoyo de las seccionales de Investigación Criminal en Cali (Valle), Soledad (Atlántico), Maicao (Guajira), Yopal (Casanare) y Natagaima (Tolima), desarticuló una de las principales organizaciones de tráfico de estupefacientes al servicio del ELN y que tenía alianzas con el cartel mexicano de Sinaloa.

En este caso, la droga salía desde la Península de La Guajira hacia República Dominicana y Puerto Rico como escala, con destino final hacia Estados Unidos y Europa.

El líder de la estructura criminal fue identificado como Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’ o ‘El Grande’, quien escogió las modalidades de lanchas Go Fast y ocultamiento en embarcaciones pesqueras para realizar el envío de los cargamentos de clorhidrato de cocaína. Además de República Dominicana y Puerto Rico, las rutas que controlaba y que le permitían exportar cerca de 3 toneladas mensuales, se extendían e Guatemala como destino intermedio.

Su enlace en el ELN era alias ‘Wisler’, cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en los departamentos de Cesar y Guajira, este último convertido en la base de operaciones para el envío de estupefacientes, principalmente desde Bahía Honda y Bahía Hondita.

Durante las investigaciones previas en el marco de la operación ‘Troya’, en el marco de acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido, se logró la interdicción de dos embarcaciones en las que fueron encontrados 500 kilos de cocaína.

Entre 2009 y 2011 alias ‘Sobrino’ o ‘El Grande’ era el coordinador de narcotráfico y actividades ilegales de Cristóbal Galeano Murcia, conocido como ‘El señor de los Llanos’, enviando grandes cargamentos de droga desde pistas clandestinas en el estado Apure de Venezuela hacia países de Centroamérica.

Llama la atención que buena parte de la cocaína despachada desde la Guajira era producida en laboratorios del departamento del Putumayo, es decir en el otro extremo del país, y aunque el tránsito hacia la Costa Caribe significaba tiempo, eso les permitía también distraer y evadir la acción de las autoridades que enfocaban sus esfuerzos en los puertos del Caribe colombiano.

Además de Juan Carlos López, quien ya había asido capturado y extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y a quien en mayo de 2020 le fueron incautados 510 millones de pesos en efectivo cerca a Gachancipá, Cundinamarca, fueron capturadas otras cuatro personas:

Mauricio Mantilla Rojas, alias ‘Flafla’, y Hernando Eduardo López, alias ‘René’, encargados de las finanzas de la organización, así como Omar Enrique Romero, alias ‘Morgan’ y John Jairo Romero, alias ‘Poli’, quienes estaban al frente de la operación logística.

Durante los operativos fueron incautados más de 50 millones de pesos en efectivo, 2 armas de fuego, 67 cartuchos de munición, 7 proveedores para pistola, 9 celulares y 1 dispositivo GPS.

Las actividades de lavado de activos se coordinaban en el departamento de Casanare, desde donde ordenaban y realizaban acciones de blanqueo de capitales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, vehículos de alta gama y movimientos de dinero desde empresas fachada dedicadas a la plantación y venta de productos como el arroz.

Fuente: Policía Nacional

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Dian habilita nuevo servicio de facturación electrónica solo con el número de cédula o Nit

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso al servicio de los contribuyentes un nuevo servicio que permitirá generar de forma fácil y segura la facturación electrónica únicamente con el tipo y número de documento del comprador de bienes y servicios.

Se trata de un esfuerzo interinstitucional entre la Dian y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de su Delegada para la Protección de Datos Personales.

Así, los compradores de bienes y servicios solo deberán suministrar tres datos para la generación de la factura electrónica: nombre completo o razón social, tipo y número de documento de identificación y correo electrónico cuando el usuario desee recibir la factura electrónica por ese medio.

Sin embargo, si el comprador del bien o servicio no quiere suministrar el correo electrónico, el facturador deberá generar y entregar la factura electrónica de forma impresa, sin exigir más datos, tal como dispone el artículo 35 de la Resolución 165 de 2023.

De manera adicional, ningún establecimiento podrá solicitar documentos físicos ni datos adicionales como número telefónico, dirección de residencia o RUT.

Según la Resolución 000202 de 2025 de la Dian, el nuevo servicio estará vigente a partir de la segunda semana de abril de 2025 y podrá utilizarse únicamente para la expedición de factura electrónica, y no con otros propósitos.

Este servicio estará disponible en todos los facturadores, incluyendo lo que utilicen el Servicio de Facturación Gratuita de la Dian, y quienes hayan desarrollado su propio software de facturación o que operen con un proveedor tecnológico.

Además, los facturadores electrónicos con software propio y los proveedores tecnológicos deberán ajustar sus sistemas para integrar el nuevo servicio que permitirá completar de manera automática el nombre o razón social y el correo electrónico del comprador, con solo su número de cédula, generando así la factura electrónica sin necesidad de solicitar datos adicionales.

Por su parte, el Servicio de Facturación Gratuita de la Dian incorporará de forma inmediata este nuevo servicio de información, a partir de su implementación.

De otro lado, la Resolución 000202 de 2025 aclara que las empresas prestadoras de servicios públicos solo podrán utilizar el documento equivalente electrónico para ventas relacionadas con el servicio prestado, salvo que el usuario autorice un uso diferente de este documento.

Fuente: Presidencia de la República

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Casanare y Meta entre los departamentos donde se titularán tierras a firmantes de paz

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En una jornada maratónica, programada para este miércoles 2 de abril, el Gobierno Nacional terminará el proceso de titulación de 215 predios a firmantes de paz en los departamentos del Huila, Meta, Casanare, Guaviare, Tolima y Sucre.

El proceso, adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), está enmarcado en el Programa Especial de Acceso a Tierras, que impulsa la reincorporación y la construcción de paz en el país, beneficiando en este caso a 323 familias firmantes con más de 3.500 hectáreas.

El director de la ANT, Felipe Harman, agregó que el proceso cuenta con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Las más de 3.500 hectáreas se suman al contador de predios entregados en el desarrollo de la Reforma Agraria, cuyo fin es garantizar el acceso a la tierra y transformar lo que fue el origen del conflicto en un instrumento de paz.

En la misma línea, la directora de ARN agregó: “Cuando llegamos al Gobierno, solamente se habían entregado 800 hectáreas y no se había adjudicado una sola hectárea a firmantes del Acuerdo de Paz, justamente debido a que no eran sujetos de la Reforma Agraria”.

Más de 2 mil hectáreas en 3 departamentos

En los departamentos de Casanare, Guaviare y Huila serán entregadas 2.021 hectáreas, es decir, más de la mitad de las 3 mil de la jornada.

En ese sentido, los reincorporados van a recibir los títulos de propiedad de los predios Villa Graciela, en Casanare; Agua Linda, en Guaviare, y El Vaticano, en Huila. La formalización en los tres departamentos beneficiará a 179 familias y al colectivo Federación de Unión Campesina para el Desarrollo Rural e Integral, facilitando el acceso a recursos y oportunidades económicas.

Durante la administración del presidente Petro, la ANT ha entregado 18 mil 815 hectáreas a población de excombatientes en el país, aportándoles a la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz del 2016 y cumpliendos a las personas que siguen honrando su palabra en la construcción de paz y la democracia.

Además de reducir la vulnerabilidad jurídica de las y los firmantes, la titulación fortalecerá sus procesos de reincorporación mediante el acceso a tierras productivas, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo agrícola, el emprendimiento rural y la sostenibilidad de las comunidades.

Fuente: Información Presidencia de la República

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Entidades públicas deben reportar resultados de 2024 al Departamento de la Función Pública

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FURAG

Función Pública habilitó el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) desde el 17 de marzo, más de 6 mil entidades del orden nacional y territorial deben reportar la información de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

A través de este formulario se realiza anualmente la Medición del Desempeño Institucional, la cual evalúa a cada entidad con base en las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

La medición permite a las entidades públicas obtener un diagnóstico de las áreas en las que se está operando satisfactoriamente y en las que tiene aspectos por mejorar, en busca de prestar un mejor servicio a las ciudadanías del país.

Las fechas de cierre del formulario son distintas de acuerdo a cada departamento:

Cierre martes 22 de abril: Entidades del Distrito Capital, Cundinamarca y orden nacional.

Cierre miércoles 23 de abril: Entidades de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Tolima

Cierre jueves 24 de abril: Entidades de Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Quindío, Sucre, Vaupés y Vichada

Cierre viernes 25 de abril: Entidades de Amazonas, Cesar, Guainía, Huila, Magdalena, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Valle del Cauca y Alcaldía Mayor de Bogotá

El Gobierno Nacional reiteró la importancia de este reporte, pues los resultados de esta medición son claves para fortalecer la gestión pública, identificar áreas de mejora y consolidar políticas efectivas en beneficio de las ciudadanías.

Fuente: Comunicaciones Función Pública

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