META
Ordenan restituir predio a policía que fue obligado a abandonar su finca en el Meta
En muchos casos los miembros del Ejército y la Policía Nacional fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras producto de la violencia en Colombia. Por lo general, estos desplazamientos y despojos ocurrieron durante la prestación del servicio y otros sucedieron después del retiro.
Es el caso de la familia Vargas* que luego del desplazamiento recibió como regalo de navidad la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, la cual ordena la restitución de su predio de cuatro hectáreas, ubicado en la vereda Caño Tigre del municipio de El Castillo, Meta.
En el año 2009, luego de pensionarse de la Policía Nacional, Ariel Vargas* y su esposa adquirieron la finca en la que cultivaban maracuyá y guayaba. También tenían cuatro lagos dedicados a criaderos de cachama.
El infortunio para los Vargas* ocurrió en 2012, cuando llegaron a su finca cinco hombres armados de la guerrilla de las FARC, quienes le notificaron que debía abandonar el predio y que “él conocía el motivo”. Un vecino del mercado le dijo a don Ariel* que se fuera, o de lo contrario lo iban a matar. Ante las múltiples amenazas recibidas por su condición de ex miembro de la Policía Nacional, este jefe de hogar y su familia decidieron desplazarse de forma definitiva el 7 de febrero de 2013.
Después de siete años y con las mejores condiciones de seguridad en el municipio de El Castillo, el director territorial de la Unidad en el Meta, Wilson Leyton Roldán, señaló que, como resultado de las labores de representación judicial y acompañamiento de los funcionarios, esta familia además de regresar a su predio tendrá acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral.
Al respecto agregó que el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la devolución del predio de cuatro hectáreas y 1449 metros cuadrados y el alivio de pasivos para que la finca quede libre de obligaciones por concepto de impuestos, entre otros.
La Unidad además de hacer la entrega material del predio garantizará a la familia Vargas* la asesoría necesaria y recursos para la implementación de un proyecto productivo que le permitirá obtener su sustento y mejorar su economía.
Fuente: Unidad de Restitución Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
