META
Exalcalde y su esposa se giraban cheques y se hacían transferencias de la Alcaldía
Ante el Juez 2º Penal Municipal Ambulante de control de garantías, un fiscal adscrito a la Unidad de delitos contra la Administración Pública imputó cargos en contra de Carlos Augusto Pardo Barrera, exalcalde del municipio de Cubarral (Meta) y su esposa, Diana Marcela Ramírez Hernández.
De acuerdo con la investigación realizada por el ente acusador, los procesados —declarados como persona ausente— habrían incurrido en los delitos de peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Al parecer, durante su administración (2008-2011) Pardo Barrera se habría apropiado de más de $2.100 millones de pesos a través de cheques del tesoro municipal y transferencias electrónicas a cuentas personales, de empleados de la Alcaldía y servidores públicos.
Según investigación, la participación de la esposa del exalcalde tendría que ver con la realización de varias reuniones para determinar cómo apropiarse de dineros públicos pues, al parecer, habría solicitado a varias personas que cambiaran cheques de la Administración local, que luego debían entregarle a ella.
En la audiencia de solicitud de medida, el Juzgado emitió orden de captura contra los imputados, para hacer efectiva la detención intramuros dictada en su contra, como presuntos responsables de peculado y otros delitos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
