CASANARE
OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia
La altillanura

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.
Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.
La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.
En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.
Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.
Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.
P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.
Por: Germán Vargas Lleras
Fuente: www.eltiempo.com
CASANARE
Seis municipios de Casanare con riesgo medio en calidad del agua durante abril
La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.
¿Qué es el IRCA?
El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.
Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.
El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.
CASANARE
Estrategia “Educación en Territorio” inició recorrido por municipios de Casanare
La Secretaría de Educación de Casanare ha puesto en marcha la estrategia “Educación en Territorio”, una iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Educación Diego Fernando Ardila. Su objetivo es fortalecer la presencia institucional y promover un diálogo cercano con las comunidades educativas de los 18 municipios no certificados del departamento.
El recorrido inaugural comenzó en el municipio de Orocué, desde la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, con la participación de rectores de diversas instituciones como Hakelin Pedraza (La Inmaculada), César Llanos (Luis Carlos Galán Sarmiento), Nubia Vargas (IEA Pudi), Gerzon Lizcano (Algarrobo) y Carmen Acero (Miralindo).
Durante estas jornadas, se abordaron temas cruciales para el mejoramiento del sistema educativo en Casanare, incluyendo la gestión de cobertura educativa, la gestión administrativa, la calidad educativa y el fortalecimiento del control interno disciplinario. Estos aspectos buscan optimizar el funcionamiento de las instituciones y responder a las necesidades locales.
Posteriormente, la estrategia se trasladó al municipio de Hato Corozal, específicamente a la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado, donde rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación participaron activamente. Edgar Mesa, rector de la institución, destacó la importancia de estos encuentros directos para “tener un diálogo cercano, expresar nuestras necesidades y conocer de primera mano las acciones que se vienen adelantando en beneficio de la educación”.
Varios directivos docentes resaltaron estos encuentros institucionales como una valiosa oportunidad para construir soluciones conjuntas y fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas en cada territorio. El secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, subrayó que es fundamental para el Gobierno de las Oportunidades mantener una presencia activa en los municipios y escuchar directamente a todos los actores del sistema educativo.
La estrategia “Educación en Territorio” continuará su recorrido por los 18 municipios no certificados de Casanare, llevando espacios de diálogo y seguimiento a los procesos educativos junto a rectores, docentes, estudiantes y padres de familia del departamento, en búsqueda de una educación más cercana y participativa.
CASANARE
Aprueban Centro de Salud con enfoque multicultural para comunidades indígenas de Caño Mochuelo
Después de 30 años, las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, en Hato Corozal, recibieron la noticia de la aprobación del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de Getsemaní. El gobernador César Ortiz Zorro anunció que la obra beneficiará a más de 3.700 habitantes de 11 comunidades, con una inversión aproximada de 19.654 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.
El proyecto contempla una infraestructura con un marcado enfoque multicultural, diseñada para respetar la identidad, tradiciones y medicina ancestral de los pueblos indígenas. El centro incluirá espacios adaptados como malocas, áreas para sobanderos, y zonas de parto y recuperación, integrando la medicina occidental con los saberes ancestrales de las comunidades.
El CAPS ofrecerá una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen consulta externa, enfermería, odontología, psicología, nutrición, optometría, laboratorio clínico y farmacia. Estos servicios especializados buscan ampliar significativamente la cobertura en salud para las familias asentadas en este territorio.
El gobernador Zorro expresó su agradecimiento a la ORIC, al Ministerio de Salud, a los líderes indígenas y a las comunidades por esta iniciativa. Afirmó que este centro brindará “una salud digna, oportuna y humanizada, respetando la cultura y los saberes de los pueblos indígenas”. La aprobación de los recursos, por valor de $19.654.497.448 pesos, se formalizó mediante la Resolución 919 del 12 de mayo de 2026.
Adicionalmente, el proyecto CAPS contempla la construcción de una granja solar, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y servicios de telemedicina, lo que fortalecerá la atención médica y responderá a la medida cautelar 098 de 2020.
-
CASANARE6 horas agoAprueban Centro de Salud con enfoque multicultural para comunidades indígenas de Caño Mochuelo
-
CASANARE6 horas agoEstrategia “Educación en Territorio” inició recorrido por municipios de Casanare
-
CASANARE4 horas agoSeis municipios de Casanare con riesgo medio en calidad del agua durante abril


