CASANARE
OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia
La altillanura
Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.
Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.
La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.
En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.
Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.
Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.
P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.
Por: Germán Vargas Lleras
Fuente: www.eltiempo.com
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
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Alcaldesa de Hato Corozal defiende inversión de su administración para el Cuerpo de Bomberos
La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán, salió al paso de los cuestionamientos por no tener aún un convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos, asegurando que su administración ha sido una de las que más ha invertido en la institución, argumentación que soportó con cifras.
Explicó la mandataria, que en 2024, la sobretasa bomberil en su municipio fue de $16.433.750, sin embargo, se asignaron $192.801.790 para el convenio con los bomberos. Para 2025, la sobretasa bomberil fue de $11.726.154, y la alcaldesa entregó $291.391.070.
Pirabán destacó que en dos años de gobierno, su administración ha entregado $484.192.860 pesos a los bomberos, superando la inversión del gobierno anterior, que fue de $342.154.271 pesos en cuatro años. La alcaldesa aseguró que están trabajando para financiar el plan de inversión de los bomberos de este año, pero que los recursos son limitados y deben priorizarse.
La alcaldesa también aclaró que no ha habido falta de voluntad para firmar el convenio, sino que se están buscando formas de financiar la mayor cantidad posible de componentes para satisfacer las necesidades de los bomberos. “Nunca en la historia ningún alcalde le había entregado tantos recursos del municipio a la institución”, enfatizó Pirabán.
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Yopal realizó Primera Mesa Pública del PAE 2026, se evidenciaron falencias en menajes e infraestructura
La Alcaldía de Yopal llevó a cabo la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026. Este espacio clave permitió socializar la operación, cobertura, inversión y funcionamiento del programa, además de atender las inquietudes de la comunidad en un ejercicio de control social.
Durante la jornada, la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, junto al equipo de supervisión del PAE y el operador, expuso los principales aspectos de la ejecución. Se detalló el alcance del servicio y las condiciones de prestación para la actual vigencia, garantizando la transparencia.
Para el año 2026, el PAE beneficia a 14.300 estudiantes en 88 sedes educativas oficiales, quienes reciben diariamente un complemento alimentario. Previo al inicio, se realizaron labores de limpieza, desinfección y adecuación logística, asegurando una puesta en marcha eficiente del programa.
¿Cómo está operando el PAE?
La operación actual del PAE incluye la distribución semanal de alimentos mediante 12 vehículos que abastecen 22 sedes urbanas y 66 rurales, garantizando la entrega oportuna de los productos. Además de su impacto social, el programa genera 230 empleos directos y cerca de 100 indirectos, dinamizando la economía local.
Se informó que, gracias a gestiones municipales, se logró una adición superior a los $7 mil millones, permitiendo ampliar la cobertura y fortalecer la atención estudiantil. Estos encuentros son esenciales para que la ciudadanía conozca y haga seguimiento a uno de los principales apoyos a la permanencia escolar.
Durante la mesa se conocieron solicitudes de padres de familia y algunos docentes, en el sentido de mejorar el estado de los menajes y enseres con que se presta el servicio, pues la gran mayoría cumplieron su ciclo y deben renovarse, así como inversiones en la infraestructura de los restaurantes escolares, para que la buena calidad de los alimentos se vea complementada con estos dos ítems donde se presentan falencias.
