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OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia

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La altillanura

vargas lleras

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.

Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.

La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.

En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.

Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.

Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.

P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.

Por: Germán Vargas Lleras

Fuente: www.eltiempo.com

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Autoridades coordinan acciones para elecciones de comunales el 26 de abril en Casanare

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En preparación para las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 26 de abril, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, lideró la segunda mesa de Coordinación Electoral y Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar el orden público y la transparencia del proceso.

La jornada se desarrolló en cumplimiento de los mandatos legales y bajo el principio de coordinación administrativa establecido en la Ley 2200 de 2022, en concordancia con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fortaleciendo la articulación entre las entidades involucradas.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles y el acompañamiento del Ministerio del Interior, lo que permitió consolidar una hoja de ruta en el marco del Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2615 de 1991, orientada a mitigar riesgos y brindar garantías al proceso.

Durante la sesión se resaltó la importancia de este ejercicio democrático, en el que participarán cerca de 1.100 veredas del departamento, donde las comunidades elegirán a sus representantes comunales, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento organizativo.

El secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, afirmó que se avanza en la garantía de condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, legalidad y confianza, promoviendo la participación democrática.

Finalmente, la articulación institucional permitirá definir estrategias de prevención, control y vigilancia orientadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de seguridad y legalidad, mediante un trabajo coordinado entre la Gobernación, las autoridades y el Gobierno nacional para asegurar elecciones en paz y con plenas garantías para los casanareños.

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Riña en Mi Nueva Esperanza terminó en tragedia: un muerto y un herido en Yopal

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Un hecho de violencia sacudió la madrugada de este domingo 22 de marzo en el municipio de Yopal, donde una riña con arma cortopunzante dejó una persona muerta y otra gravemente herida, hermanos entre si. El caso se registró hacia la 1:45 a.m. en el sector de invasión Mi Nueva Esperanza, en zona urbana de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Kelli Johan Sánchez Cachaya, de 37 años, quien sufrió heridas en la región precordial y escapular izquierda. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho resultó herido Cristian David Sánchez Cachaya, de 27 años, quien presenta múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y permanece bajo atención médica.

Según el reporte oficial, ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una de las viviendas de la invasión, cuando se desató una discusión con un vecino por el ruido excesivo que estaba generando. La situación escaló rápidamente y terminó en un ataque con cuchillo, perpetrado por el vecino ruidoso identificado como Jeremías Andrés Burgos Cabrera, quien respondió así cuando los hermanos Sánchez Cachaya le reclamaron, y, presuntamente, le lanzaron una botella.

El señalado agresor fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos, donde además se incautó el arma cortopunzante utilizada en la agresión. Las autoridades indicaron que tanto la víctima mortal como el capturado registran antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

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Esta Semana Santa consuma pescado producido en Casanare, PezCasanare campaña de la Gobernación

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En el marco de la Semana Santa, la Gobernación de Casanare impulsa el consumo de pescado producido en el departamento a través de la campaña PezCasanare, una estrategia orientada a incentivar la compra de productos cultivados con prácticas responsables y sostenibles, en respaldo a las comunidades rurales.

La iniciativa se desarrolla en un contexto de crecimiento de la acuicultura, que se consolida como una de las actividades productivas con mayor proyección. Durante 2024, la producción piscícola de Casanare registró un aumento del 45% frente a otros departamentos, evidenciando su capacidad para posicionarse a nivel nacional en el cultivo de especies como mojarra, cachama y trucha.

El departamento cuenta con cerca de 1.200 unidades productivas y alrededor de 883 hectáreas de espejo de agua, lo que permite alcanzar una producción anual cercana a 14.000 toneladas de pescado. Estas cifras evidencian la dinámica del sector y su aporte a la economía.

El secretario de Agricultura, Alexi Duarte, señaló que la campaña busca fortalecer el consumo de pescado producido en Casanare, destacando especies como la mojarra y la trucha cultivada en La Salina, además de reconocer el trabajo de los productores que han recibido asistencia técnica y procesos de capacitación.

Entretanto, municipios como Monterrey, Villanueva, Sabanalarga, Tauramena, Yopal, Aguazul, Nunchía, San Luis de Palenque y Sácama concentran la actividad piscícola, generando empleo para más de 200 actores del sector y aportando a la seguridad alimentaria.

Finalmente, la proyección del sector contempla la construcción de una planta de procesamiento de pescado, iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que permitirá diversificar la oferta, acceder a nuevos mercados y fortalecer los estándares de calidad.

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