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OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia

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OPINIÓN

La altillanura

vargas lleras

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.

Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.

La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.

En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.

Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.

Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.

P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.

Por: Germán Vargas Lleras

Fuente: www.eltiempo.com

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Paz de Ariporo estrena moderno sistema de videovigilancia para fortalecer la seguridad

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, acompañó las pruebas del nuevo sistema de videovigilancia instalado en Paz de Ariporo. Esta apuesta tecnológica consolida herramientas de última generación al servicio de la Fuerza Pública y la comunidad para combatir el crimen y el delito.

El proyecto contempla la instalación de 40 cámaras distribuidas en 22 puntos estratégicos del municipio. Estas incluyen cámaras PTZ con zoom óptico e infrarrojo de 500 metros, cámaras de tráfico con analítica avanzada para lectura de placas, clasificación vehicular y detección de congestión, y 15 cámaras tipo bullet con amplio rango dinámico y resistencia a condiciones climáticas extremas.

El sistema incorpora analíticas de vanguardia como cotejo facial, análisis de merodeo y conteo de personas, además de altavoces IP con audio bidireccional para alertas y comunicación preventiva, incluyendo sectores cercanos a instituciones educativas.

La iniciativa se soporta en una infraestructura de fibra óptica que garantiza conectividad estable y operación continua. También contempla la adecuación y dotación integral del centro de monitoreo, que contará con cuatro puestos de trabajo, video wall Full HD, consolas técnicas especializadas, sala de crisis, sala de operadores y cuarto de equipos, elevando los estándares operativos.

La inversión total asciende a 2.450 millones de pesos, de los cuales 1.650 millones son aportados por la Gobernación y 800 millones por el municipio de Paz de Ariporo, con un plazo de ejecución de cuatro meses. El gobernador Zorro manifestó que la meta es que los 19 municipios de Casanare cuenten con un sistema de seguridad y emergencia moderno, con inteligencia artificial y tecnología de punta.

Por su parte, el alcalde Camilo Abril expresó su agradecimiento al gobernador por la confianza y el trabajo articulado, señalando que este proyecto representa un propósito cumplido para el municipio. Destacó que estas nuevas cámaras se suman a las 48 que ya operan en el municipio, consolidando una apuesta sostenida por fortalecer la seguridad mediante la incorporación de tecnología avanzada.

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165 botellas de licor incautadas en Orocué durante las fiestas resultaron 100% adulteradas

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La Gobernación de Casanare, a través del Grupo Operativo Anticontrabando, confirmó que 165 botellas de aguardiente y whisky incautadas por la Policía Nacional en el municipio de Orocué, durante las festividades recientes, resultaron ser 100% adulteradas, según un peritaje realizado por la Industria Licorera de Caldas.

El análisis técnico, efectuado por un perito oficial de la Industria Licorera de Caldas a solicitud de la Gobernación, determinó que el producto aprehendido como Aguardiente Amarillo de Manzanares no corresponde a los originales y presenta una adulteración total. Esto subraya la gravedad de la falsificación encontrada.

Asimismo, el funcionario de la Industria Licorera de Caldas informó que la empresa no tiene autorizada la venta, distribución ni comercialización de productos con la imagen del artista Yeison Jiménez. Ante esta situación, la entidad emitió una alerta ante el Invima y un comunicado oficial advirtiendo que el producto que circula con dicha imagen es 100% adulterado.

El valor comercial estimado del licor incautado supera los 10 millones de pesos. Una vez concluido el peritaje, la documentación correspondiente será remitida a la administración departamental para interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará la etapa investigativa.

La Gobernación de Casanare reitera el llamado a la ciudadanía para adquirir licores únicamente en establecimientos reconocidos, siempre verificando estampillas, sellos y condiciones óptimas del producto, con el fin de proteger la salud y evitar ser víctima de engaños. Además, continuará trabajando articuladamente con sus aliados estratégicos para combatir el contrabando y la adulteración de licor en el departamento.

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Caravana humanitaria de la Gobernación de Casanare llegó a Caño Mochuelo tras 720 kilómetros

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La caravana humanitaria de la gobernación de Casanare logró llegar hasta la comunidad La Esmeralda, en el resguardo indígena de Caño Mochuelo, considerado el punto más apartado de Casanare. La travesía de dos días implicó un recorrido de 720 kilómetros, ida y vuelta, por trochas y zonas de difícil acceso, realizada en camioneta y tractor.

El objetivo de la misión fue entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por la creciente del río Meta durante la más reciente temporada de lluvias. La jornada fue coordinada por el director de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, quien encabezó la entrega de suministro alimentario, kits de aseo, hamacas y toldillos.

Estas ayudas son parte de las gestiones del Gobierno departamental ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender a cerca de 4.000 familias en diferentes municipios del departamento, de las cuales ya se ha llegado a 2.910 hogares vulnerables.

Previo a esta entrega, la misión humanitaria desarrolló un amplio recorrido por otros lugares de Paz de Ariporo, visitando siete veredas: Ten Llano, La Barranca, La Esperanza, Carrastol, Sabanetas, Las Mercedes y Cañadotes, beneficiando a 121 familias campesinas con los auxilios, en un trabajo articulado con la Alcaldía Municipal, Bomberos Voluntarios y la UNGRD.

Por su parte, Ciro Valderrama, comisario del resguardo Caño Mochuelo, destacó el esfuerzo realizado para llegar hasta su territorio y agradeció al gobernador Zorro por tener en cuenta a las comunidades indígenas, expresando la importancia de este apoyo para las familias que se encuentran en zonas lejanas.

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