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OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia

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OPINIÓN

La altillanura

vargas lleras

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.

Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.

La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.

En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.

Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.

Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.

P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.

Por: Germán Vargas Lleras

Fuente: www.eltiempo.com

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Cámara de Comercio de Casanare pide buscar alternativas a la fuerte alza del peaje San Pedro

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La Cámara de Comercio de Casanare (CCC) se pronunció frente al elevado incremento, superior al 60 %, en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado sobre la Marginal de la Selva, en jurisdicción del municipio de Villanueva, advirtiendo sobre los impactos económicos que esta medida puede generar en el sur del departamento.

La entidad gremial reconoce que la infraestructura vial es un eje estratégico para la competitividad y el desarrollo sostenible de la región, al tiempo que advierte que el incremento en el valor de la tarifa en esas condiciones podría afectar la competitividad de la región.

En su análisis, la CCC recordó que el aumento responde a la aplicación de ajustes tarifarios acumulados por la suspensión de incrementos por IPC en años anteriores, así como a las condiciones del contrato de concesión del corredor Villavicencio – Yopal, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), que contempla la recuperación de inversiones, operación, mantenimiento y ejecución de obras.

El gremio empresarial alertó que un incremento de esta magnitud impacta de manera directa la estructura de costos de las empresas locales, especialmente en los sectores de comercio, transporte, agroindustria y turismo, además de afectar a los hogares y trabajadores que transitan de forma frecuente por esta vía, lo que podría traducirse en mayores precios finales y pérdida de competitividad territorial.

Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Casanare hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente para abrir un espacio de diálogo técnico y constructivo que permita revisar la proporcionalidad y gradualidad del ajuste tarifario, así como evaluar alternativas como incrementos progresivos, tarifas diferenciales o mecanismos de mitigación para los usuarios recurrentes, reiterando su disposición para facilitar escenarios de concertación en beneficio del desarrollo económico del departamento.

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Hallan granada de fragmentación en campo petrolero de GeoPark en Casanare

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La empresa GeoPark confirmó el hallazgo de una granada de fragmentación sin detonar en inmediaciones del campo Tigana, bloque Llanos 34, en el departamento de Casanare, zona rural del municipio de Tauramena, durante la tarde de este martes 6 de enero.

Según la compañía, el artefacto fue detectado de manera oportuna y presentaba el seguro puesto, lo que permitió una reacción inmediata sin que se produjeran riesgos mayores.

Tras la identificación del elemento explosivo, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos. Como medida preventiva, el personal operativo fue evacuado, el área acordonada y se dio aviso a la fuerza pública especializada, que asumió el control de la situación.

GeoPark informó que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la operación petrolera. Posteriormente, las autoridades realizaron una detonación controlada de la granada, garantizando la seguridad del personal y del entorno cercano al campo petrolero.

De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que el hallazgo corresponda a acciones intimidatorias por parte de delincuentes contra la compañía petrolera. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue abandonado, sin que hasta el momento se conozcan responsables o hipótesis concluyentes.

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Torre de alta complejidad del HORO será una realidad, gobierno nacional confirmó su aporte

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó la consecución de los recursos necesarios para la construcción de la nueva Torre de Alta Complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO). Este importante avance se concretó tras la confirmación de financiación por parte del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2697 del 23 de diciembre de 2025, y el interés del Departamento Nacional de Planeación en concurrir con aportes.

La inversión total para este proyecto asciende a 225.273 millones de pesos. De esta cifra, el Gobierno nacional, mediante la gestión del gobernador Zorro, aportará 106.700 millones de pesos, con 60.000 millones provenientes del Ministerio de Salud y 46.700 millones del DNP. La Gobernación de Casanare, por su parte, asignará 118.573 millones de pesos, consolidando la financiación para esta obra clave.

Ortiz Zorro destacó que la nueva torre transformará estructuralmente la atención en salud del departamento. Según el mandatario, la infraestructura permitirá reducir las largas esperas por remisiones y consolidará a Casanare como un modelo en la prestación de servicios, ofreciendo tecnología de última generación y una atención digna y humanizada para los usuarios del sistema.

El proyecto, fruto de la colaboración entre la Secretaría de Salud, Red Salud Casanare y el HORO, inicia ahora su fase de contratación, con un plazo de ejecución estimado en 23 meses. La futura torre contará con 23 especialidades, incluyendo consulta externa, anestesia, cirugía pediátrica y gastroenterología.

Además, incorporará servicios esenciales como unidad renal, unidad materno infantil de alto riesgo en obstetricia, unidad oncológica, unidad de trauma, y unidades de cuidados intensivos e intermedios. Con seis pisos de arquitectura moderna, el sexto nivel estará dedicado a docencia e investigación, apuntando a la certificación como hospital universitario. Actualmente, se avanza también en la estructuración del proyecto de dotación biomédica para la torre.

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