CASANARE
OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia
La altillanura

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.
Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.
La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.
En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.
Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.
Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.
P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.
Por: Germán Vargas Lleras
Fuente: www.eltiempo.com
CASANARE
Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.
La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).
Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.
Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.
Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.
Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.
CASANARE
Alto costo del cierre financiero en proyecto Torres de San Salvador en Yopal genera inconformismo
El proyecto de vivienda “Torres de San Salvador”, que contempla la construcción de 416 apartamentos de interés social (VIS) en Yopal de manera conjunta entre la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare sigue avanzando en su estructuración. Los detalles de esta iniciativa fueron presentados y discutidos en una mesa de trabajo organizada en el Concejo Municipal de Yopal.
La propuesta incluye el desarrollo de cuatro torres multifamiliares, con apartamentos de aproximadamente 61,96 metros cuadrados cada uno, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 21, antigua sede de la Subasta Ganadera. Además de las unidades residenciales, el diseño contempla un bloque comercial de un piso para integrar servicios y actividad económica.
Se construirán torres de 13 pisos con 8 apartamentos por piso, de acuerdo con lo expresado por el Gerente del INDEV, Nelson Nieto. Un tema que generó controversia entre la ciudadanía asistente a la mesa de trabajo, fue el elevado costo del cierre financiero para las familias que salgan beneficiadas, lo cual dejaría por fuera a núcleos familiares vulnerables.
Según explicó Nelson Nieto, Gerente del INDEV, estos costos estarán en $63, $73 y $83 millones de pesos para cada familia, teniendo en cuenta el puntaje que logren luego del análisis de la documentación que presenten para ingresar al proyecto, cuando se abra la convocatoria.
En el encuentro participaron representantes de la secretaría de planeación, el instituto de desarrollo urbano y vivienda de Yopal (indev) y la gobernación de Casanare. Ellos expusieron los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de este complejo habitacional a concejales y asistentes.
Se ha informado que habrá una convocatoria para familias interesadas, con requisitos como ahorro programado y acceso a crédito. La administración municipal también está habilitando predios sociales prioritarios para entregar lotes con servicios públicos, impulsando la vivienda formal y planificada en la ciudad.
CASANARE
Tras más de 13 años de espera avanza proceso de titulación en La Chaparrera en Yopal
Después de más de 13 años de espera, el proceso de titulación de predios para familias del sector La Chaparrera comienza a materializarse. Se ha informado el inicio de la transferencia de propiedades de la Gobernación de Casanare al municipio de Yopal, un paso esencial para el saneamiento jurídico y la posterior entrega de títulos.
Durante una jornada de socialización con la comunidad, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Perilla, junto con la secretaria general de la gobernación de Casanare, Neydi Oróstegui, explicaron los avances técnicos y administrativos que permitirán formalizar las viviendas.
Actualmente, 71 predios figuran a nombre de la gobernación; de estos, ocho ya han sido transferidos al municipio, y 25 están pendientes de localización espacial. Además, se han recibido 30 solicitudes de familias interesadas en formalizar sus predios, con tres de ellas ya en proceso de titulación.
Este proceso de transferencia facultará al municipio para continuar con las etapas necesarias para la legalización de las viviendas y la expedición de títulos de propiedad. Adán Wilches Espinosa, beneficiario, expresó su satisfacción. La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, busca consolidar el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus hogares.
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