CASANARE
Opinión: ¿Alirio o Amaya?, ¿El Sombrero o La Ruana?
Con el panorama político nacional tan confuso, bien cabe el dicho “en río revuelto ganancia de pescadores”, y por estos días, dos lideres políticos del oriente colombiano andan inquietos haciendo cálculos, están sonando en los pasillos, pisando duro y sacando pecho: el senador casanareño Alirio Barrera y el actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, suenan en las quinielas como posibles jinetes en la carrera presidencial del 2026.
En un país donde las llaves del poder casi siempre las han tenido cachacos, paisas y santandereanos, ver y escuchar en el sonajero a dos políticos nacidos entre montañas, sabanas y ruanas, ya es bastante. Y aunque ninguno ha dicho “sí voy” con todas las letras, el runrún crece más que arroz con buen invierno.
Alirio, el de sombrero bien puesto y verbo sin filtro, ya coqueteó con la presidencia en 2022, pero no alcanzó a poner la primera herradura. Esta vez, dicen que Uribe lo tiene en la mira para agitar el avispero del Centro Democrático, porque los cinco que están en la baraja actual no prenden ni una fogata. Alirio, con su pinta de vaquero auténtico, podría ser el caballo criollo que conecte con la Colombia rural, esa que no sale en las encuestas, pero sí vota con rabia y convicción.
Del otro lado está Amaya, el boyacense rebelde con ruana y discurso progresista, que ya se midió en la consulta de la Coalición Centro Esperanza y sacó nada menos que 450 mil votos. Petro mismo le echó el ojo y le hizo guiños para que lidere el Frente Amplio de Izquierda. Pero eso sí: si quiere lanzarse al agua, tiene que dejar la Gobernación antes del 30 de mayo. Y ahí es donde se le enreda la madeja, porque Amaya tenía entre ceja y ceja el 2030, no el 2026. Acelerar el paso podría costarle caro.
Mientras tanto, Alirio no tiene nada que perder. Lo sacaron de la primera vicepresidencia del Senado y tiene más de uno de su rosca buscando refugio en las comisiones. Él sabe que quedarse en el Congreso no lo llena. Alirio quiere mando, y eso, en Colombia, se consigue en el Ejecutivo.
¿Se imaginan ese duelo? Uno con ruana y otro con sombrero, cada uno jodiendo con su cuento. Amaya con los jóvenes, las causas verdes y el tono conciliador. Alirio con los ganaderos, la provincia, las reservas y el discurso sin anestesia. Dos estilos, dos visiones, pero el mismo anhelo: mandar.
Como diría mi compadre Jacinto, “no hay caballo flojo en la puerta del corral”. Y aunque aún falta trecho, estos dos ya están ensillando. El país, mientras tanto, los mira de reojo. Porque si algo está claro, es que el poder también puede salir del llano y de la montaña. Y que no siempre lo que brilla viene de Bogotá.
Por: El Llanero Observador
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
