CASANARE
Octava División del Ejército presentó balance del 2016, neutralizados 115 guerrilleros del ELN
El General Luis Danilo Murcia Caro, comandante de la Octava División del Ejército, entregó el balance operacional de esta Unidad durante el año anterior, donde se destacan diferentes acciones especialmente contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Según el oficial, durante 2016 las tropas de la Octava División realizaron operaciones militares con importantes resultados, destacando la neutralización de 115 integrantes del ELN, entre ellos 71 capturados, 08 muertos en desarrollo de operaciones militares y 16 entregas de manera voluntaria.
En cuanto a delincuencia común, se reporta una muerte en desarrollo de operaciones militares y la captura de 423 personas por diferentes delitos, principalmente por extorsión, abigeato, microtráfico, hurto, porte ilegal de armas y homicidio, entre otros.
Durante el 2016 las tropas de la Octava División lograron la incautación de 53 armas largas, 146 armas cortas, 29.381 cartuchos de diferentes calibres y la neutralización y destrucción de manera controlada de 186 artefactos explosivos y 262 minas antipersona. Así mismo, se hallaron y destruyeron 134 depósitos ilegales, 30 campamentos, 123 laboratorios para la producción de alcaloides, la erradicación manual de 1.028 hectáreas de cultivos ilícitos, la neutralizaciones de 209 acciones terroristas y la recuperación de 3.651 semovientes.
Otros de los principales éxitos operacionales durante este año tienen que ver con la contundente ofensiva en contra de la minería ilegal, donde se alcanzó la captura en flagrancia de 22 personas y la incautación de 41.000 gramos de oro extraído a cielo abierto, 3.522 kilos de Coltán y abundante material utilizado para la explotación ilegal de estos recursos naturales no renovables, incautaciones superan la suma de $235.480.000.00, e precio comercial.
De igual manera, en la lucha contra otros delitos se obtuvo la incautación de 317.326 galones de combustible de contrabando, 16.423 kilogramos de drogas ilícitas y la incautación de 208 vehículos y automotores utilizados para actividades ilegales, entre ellos, carros, motocicletas y motores fuera de borda.
La Octava División tiene jurisdicción en los Departamentos de Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y los municipios de Paya, Pisba y Cubará en Boyacá. Además, los corregimientos de Carimagua en Meta y Samoré en Norte de Santander.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
