CASANARE
Nuevamente culpan a la Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare por no estar funcionando el nuevo Acueducto
El gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, invitó hoy a la Gobernación de Casanare, a la Alcaldía de Yopal y a la Empresa de Acueducto de Yopal (EAAAY), a cumplir con el plan de trabajo acordado para analizar la alternativa técnica de integrar el sistema de abastecimiento y planta de tratamiento de agua potable a la infraestructura existente, así como la terminación de las obras que permitan ponerla en funcionamiento, en beneficio de la ciudadanía.
La puesta en operación de esta planta de tratamiento, que por sus características técnicas se constituye en una de las más modernas del país, amplía la cobertura, asegura la continuidad del servicio para más de 300 mil yopaleños y garantiza el derecho constitucional de protección a la salud.
Este sistema de abastecimiento y planta de tratamiento es una de las mejores estructuras para el tratamiento convencional de agua potable en el país; su costo es de $91 mil 353 millones. Según el Fondo de Adaptación, la obra está lista para entrar en operación, sin embargo, no cuenta con líneas de conducción y obras de protección de estas líneas, lo cual tiene un costo cercano a los $40.000 millones de pesos.
El Fondo de Adaptación dice que esas obras faltantes solo le corresponden a la Gobernación y al municipio, cuando una Acción Popular ordena que todas las inversiones tienen que compartirse de acuerdo a unos porcentajes establecidos, que son Gobernación de Casanare (35%), Alcaldía de Yopal (20%), Empresa de Acueducto de Yopal (5%) y el Fondo Adaptación (40%). En dos ocasiones el Tribunal Administrativo de Casanare ha convocado a las partes accionadas para que indiquen cómo se van a aportar los recursos faltantes, pero no ha sido posible que se pongan de acuerdo.
Se ha venido proponiendo que la Planta construida se integre con las líneas existentes para surtir de agua desde la Quebrada La Tablona, pero el gerente de la Empresa de Acueducto de Yopal Braulio Castelblanco Vargas, se ha opuesto a esta propuesta, señalando que estas líneas no resistirían la presión de agua que saldría desde la planta y colapsarían.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
