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Nueva redada contra delitos sexuales en el Meta deja 10 capturados
Autoridades judiciales identificaron y judicializaron a 9 hombres y una mujer como presuntos responsables de agredir la integridad sexual, física y sicológica de menores de edad entre 2 y 17 años, víctimas entre las cuales se encuentran dos niños, en hechos ocurridos entre 2012 – 2023, en sectores vulnerables del sur y sur oriente de Villavicencio (Meta).
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial, entre el 3 y el 19 de octubre en curso, en vía pública de esta ciudad capital, por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.
Estas personas fueron presentadas en juzgados municipales con función de control de garantías, ante los cuales la Fiscalía imputó cargos por delitos sexuales.
De los padres contra sus hijos
Dentro de los casos presentados se encuentran dos, donde fueron enviados a la cárcel los padres biológicos de dos niñas y un niño de 13, 4 y 2 años respectivamente.
En el primer hecho una mujer de 20 años desde el mes de junio se habría dedicado a almacenar y comercializar a través de varias plataformas en internet, imágenes grabadas realizando actos libidinosos a sus hijos. La mujer fue imputada por la Fiscalía por los delitos de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
En el otro caso fue detenido un hombre de 44 años quien habría estado accediendo sexualmente a su hija, desde los 7 hasta los 13 años de edad. El procesado, al parecer, también tomaba fotos desnuda a la víctima.
Comercialización sexual de menores
Así mismo, fueron capturados y asegurados con detención intramuros Óscar Javier Betancourt Pardo, Marlon Gómez Panesso y Juan David Peña Quiroz por su presunta responsabilidad en contactar menores entre 13 y 17 años a través de páginas sociales y en barrios vulnerables, para inducirlas a prestar servicios sexuales a cambio de dinero, para lo cual les tomaban fotos que ofrecían a posibles clientes.
Los capturados fueron imputados, según su presunta participación, por los delitos de proxenetismo agravado, estímulo a la prostitución de menores, uso de menores en la comisión de delitos y constreñimiento a la prostitución.
Otros abusadores
En otros cinco casos fueron enviados a centro carcelario Nelson Fabián Firatova Rivera, Maximino Herrera Iglesias, Jaime Antonio Giraldo Sanabria, David Alejandro Collantes Jimenez y el excompañero sentimental de la madre de una víctima de 12 años.
En estos casos fue asegurado Firatova Rivera, quien habría ingresado a una vivienda a hurtar y habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de 15 años mientras dormía,siendo imputado por el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir y hurto calificado.
Herrera Iglesias habría abusado sexualmente de una joven con discapacidad cognitiva, a quien además habría amarrado y golpeado. Sobre el imputado por acceso carnal violento pesa otra condena por el mismo delito emitida en 2005.
Giraldo Sanabria habría agredido sexualmente durante varios meses a un menor de 8 años que era cuidado por la dueña de la casa donde residía, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Collantes Jimenez habría intentado acceder sexualmente a una menor de 13 años, a quien habría conocido por una red social a través de internet, el cual fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Finalmente, en la localidad de Paratebueno (Cundinamarca), fue capturado un hombre descubierto por su expareja sentimental cuando, al parecer, ejercía actos sexuales sobre su hija de 12 años. Este procesado fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
