META
Nueva redada contra delitos sexuales en el Meta deja 10 capturados
Autoridades judiciales identificaron y judicializaron a 9 hombres y una mujer como presuntos responsables de agredir la integridad sexual, física y sicológica de menores de edad entre 2 y 17 años, víctimas entre las cuales se encuentran dos niños, en hechos ocurridos entre 2012 – 2023, en sectores vulnerables del sur y sur oriente de Villavicencio (Meta).
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial, entre el 3 y el 19 de octubre en curso, en vía pública de esta ciudad capital, por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.
Estas personas fueron presentadas en juzgados municipales con función de control de garantías, ante los cuales la Fiscalía imputó cargos por delitos sexuales.
De los padres contra sus hijos
Dentro de los casos presentados se encuentran dos, donde fueron enviados a la cárcel los padres biológicos de dos niñas y un niño de 13, 4 y 2 años respectivamente.
En el primer hecho una mujer de 20 años desde el mes de junio se habría dedicado a almacenar y comercializar a través de varias plataformas en internet, imágenes grabadas realizando actos libidinosos a sus hijos. La mujer fue imputada por la Fiscalía por los delitos de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
En el otro caso fue detenido un hombre de 44 años quien habría estado accediendo sexualmente a su hija, desde los 7 hasta los 13 años de edad. El procesado, al parecer, también tomaba fotos desnuda a la víctima.
Comercialización sexual de menores
Así mismo, fueron capturados y asegurados con detención intramuros Óscar Javier Betancourt Pardo, Marlon Gómez Panesso y Juan David Peña Quiroz por su presunta responsabilidad en contactar menores entre 13 y 17 años a través de páginas sociales y en barrios vulnerables, para inducirlas a prestar servicios sexuales a cambio de dinero, para lo cual les tomaban fotos que ofrecían a posibles clientes.
Los capturados fueron imputados, según su presunta participación, por los delitos de proxenetismo agravado, estímulo a la prostitución de menores, uso de menores en la comisión de delitos y constreñimiento a la prostitución.
Otros abusadores
En otros cinco casos fueron enviados a centro carcelario Nelson Fabián Firatova Rivera, Maximino Herrera Iglesias, Jaime Antonio Giraldo Sanabria, David Alejandro Collantes Jimenez y el excompañero sentimental de la madre de una víctima de 12 años.
En estos casos fue asegurado Firatova Rivera, quien habría ingresado a una vivienda a hurtar y habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de 15 años mientras dormía,siendo imputado por el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir y hurto calificado.
Herrera Iglesias habría abusado sexualmente de una joven con discapacidad cognitiva, a quien además habría amarrado y golpeado. Sobre el imputado por acceso carnal violento pesa otra condena por el mismo delito emitida en 2005.
Giraldo Sanabria habría agredido sexualmente durante varios meses a un menor de 8 años que era cuidado por la dueña de la casa donde residía, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Collantes Jimenez habría intentado acceder sexualmente a una menor de 13 años, a quien habría conocido por una red social a través de internet, el cual fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Finalmente, en la localidad de Paratebueno (Cundinamarca), fue capturado un hombre descubierto por su expareja sentimental cuando, al parecer, ejercía actos sexuales sobre su hija de 12 años. Este procesado fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.
En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.
Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.
Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.
Fuente: Gobernación del Meta
Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.
La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.
Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.
El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.
Fuente: Policía Meta
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.
Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.
Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.
Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.
A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.
La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
