META
Nueva redada contra delitos sexuales en el Meta deja 10 capturados
Autoridades judiciales identificaron y judicializaron a 9 hombres y una mujer como presuntos responsables de agredir la integridad sexual, física y sicológica de menores de edad entre 2 y 17 años, víctimas entre las cuales se encuentran dos niños, en hechos ocurridos entre 2012 – 2023, en sectores vulnerables del sur y sur oriente de Villavicencio (Meta).
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial, entre el 3 y el 19 de octubre en curso, en vía pública de esta ciudad capital, por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.
Estas personas fueron presentadas en juzgados municipales con función de control de garantías, ante los cuales la Fiscalía imputó cargos por delitos sexuales.
De los padres contra sus hijos
Dentro de los casos presentados se encuentran dos, donde fueron enviados a la cárcel los padres biológicos de dos niñas y un niño de 13, 4 y 2 años respectivamente.
En el primer hecho una mujer de 20 años desde el mes de junio se habría dedicado a almacenar y comercializar a través de varias plataformas en internet, imágenes grabadas realizando actos libidinosos a sus hijos. La mujer fue imputada por la Fiscalía por los delitos de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
En el otro caso fue detenido un hombre de 44 años quien habría estado accediendo sexualmente a su hija, desde los 7 hasta los 13 años de edad. El procesado, al parecer, también tomaba fotos desnuda a la víctima.
Comercialización sexual de menores
Así mismo, fueron capturados y asegurados con detención intramuros Óscar Javier Betancourt Pardo, Marlon Gómez Panesso y Juan David Peña Quiroz por su presunta responsabilidad en contactar menores entre 13 y 17 años a través de páginas sociales y en barrios vulnerables, para inducirlas a prestar servicios sexuales a cambio de dinero, para lo cual les tomaban fotos que ofrecían a posibles clientes.
Los capturados fueron imputados, según su presunta participación, por los delitos de proxenetismo agravado, estímulo a la prostitución de menores, uso de menores en la comisión de delitos y constreñimiento a la prostitución.
Otros abusadores
En otros cinco casos fueron enviados a centro carcelario Nelson Fabián Firatova Rivera, Maximino Herrera Iglesias, Jaime Antonio Giraldo Sanabria, David Alejandro Collantes Jimenez y el excompañero sentimental de la madre de una víctima de 12 años.
En estos casos fue asegurado Firatova Rivera, quien habría ingresado a una vivienda a hurtar y habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de 15 años mientras dormía,siendo imputado por el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir y hurto calificado.
Herrera Iglesias habría abusado sexualmente de una joven con discapacidad cognitiva, a quien además habría amarrado y golpeado. Sobre el imputado por acceso carnal violento pesa otra condena por el mismo delito emitida en 2005.
Giraldo Sanabria habría agredido sexualmente durante varios meses a un menor de 8 años que era cuidado por la dueña de la casa donde residía, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Collantes Jimenez habría intentado acceder sexualmente a una menor de 13 años, a quien habría conocido por una red social a través de internet, el cual fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Finalmente, en la localidad de Paratebueno (Cundinamarca), fue capturado un hombre descubierto por su expareja sentimental cuando, al parecer, ejercía actos sexuales sobre su hija de 12 años. Este procesado fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
