CASANARE
Nueva planta de tratamiento de agua de Yopal solo tendría capacidad para 240 mil habitantes
Un enérgico llamado de atención a la Alcaldía y al Concejo de Yopal formuló el Magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare Néstor Trujillo González, para que antes de permitir más construcciones en la ciudad, se evalúe la capacidad de cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
La advertencia se dio durante la Audiencia de Seguimiento al fallo de la Acción Popular que busca el suministro de agua potable en la capital, donde quedó en evidencia que la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable que se construye en la vereda La Vega no soportaría el crecimiento de la ciudad en los próximos 50 años, cuando se calcula que Yopal tendría alrededor de 500 mil habitantes.
“Para poder cubrir el potencial crecimiento de Yopal, que algunos estudios han calculado para un horizonte de entre 30 y 50 años puede llegar a cerca de 500 mil habitantes, habría que construir una segunda fase de la Planta. Es decir, casi que volver a empezar”, explicó el Magistrado Trujillo González.
Agregó el integrante del Tribunal Administrativo, que en varias ocasiones se ha hecho el mismo llamado en desarrollo de las actuaciones de esta Acción Popular, para que tanto la Alcaldía como el Concejo de Yopal, que son los responsables de diseñar el futuro desarrollo de la ciudad, antes de ampliar la frontera urbana de la misma, antes de modificar el POT, o antes de otorgar nuevas Licencias de Construcción, evalúen desde el punto de vista técnico, qué capacidad de cobertura tienen los servicios públicos domiciliarios.
Explicó que esta reglamentación debe adoptarse previamente por parte de la Administración Municipal, porque de lo contrario va a continuar sucediendo lo mismo de siempre, que después de que están hechas las construcciones, constituidos los asentamientos y creados los problemas, es cuando estas comunidades acuden al Tribunal para que mediante Acciones de Tutela o Acciones Populares se ordene la construcción de la infraestructura de servicios públicos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
