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No incrementarán valor del peaje de Puente Amarillo en Villavicencio
El Gobierno Nacional viene adelantando intervenciones sobre el corredor Villavicencio – Yopal, las cuales una vez culminen y sean verificadas por la interventoría, se hace necesario cumplir las condiciones pactadas en el contrato para retribuir las obras ya ejecutadas por el concesionario.
La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, reitera que cualquier ajuste en las tarifas de peaje se adelantará tras un proceso de socialización y concertación con todas las comunidades y con los entes municipales y gubernamentales pertinentes, para asegurar que las decisiones se tomen de manera justa y equitativa para todos los involucrados.
Se estima que al cambio de las tarifas del peaje Puente Amarillo se adelante en el primer trimestre del 2025, cuando la construcción de la segunda calzada, el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la Variante de Cumaral, hayan culminado.
Si bien, dentro del contrato de concesión No. 010 de 2015, mediante la Resolución 1070 de 2015 se estableció la estructura tarifaria oficial en las estaciones de peaje Puente Amarillo, Veracruz, San Pedro, Tacuya y Yopal, no contempló como beneficiarios a los municipios de Restrepo y Cumaral dentro de la tarifa diferencial, sin embargo se explorará el proceso de modificación de la resolución para que los habitantes de Restrepo y Cumaral puedan acogerse al beneficio.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
