CASANARE
Construcción de la UPTC en Aguazul enfrenta a diputado Wilmar Cuevas y al Alcalde
Un verdadero rifirrafe se vive en el municipio de Aguazul entre el alcalde Renier Darío Pachón y el diputado Wilmar Cuevas, por el proyecto para la construcción de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC en esa localidad, viabilizada desde el 09 de noviembre del año anterior, con la firma de un convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul y la propia Universidad.
A través de redes sociales, ciudadanos le han indagado al diputado Wilmar Cuevas qué sabe sobre la iniciación de la construcción de la sede universitaria en la capital arrocera de Casanare, por lo que el cabildante se dio a la tarea de verificar en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Casanare si ya se radicó éste por parte de la Alcaldía de Aguazul, encontrando como respuesta que, a la fecha, no se ha radicado ningún proyecto con ese nombre.
El tema de la construcción de la sede de la UPTC en terrenos del Parque del Arroz continúa generando polémica entre la comunidad aguazuleña, porque observan que hace más de 5 meses se firmó el Convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Universidad, pero no se observan avances del proyecto. Tampoco está claro si se hizo el cambio de uso de suelo al terreno del Parque del Arroz para hacer la donación a la Universidad, y la posibilidad de que la cancha de fútbol sintética existente en el predio sea demolida para dar paso a la doble calzada Aguazul – Yopal sigue causando el reclamo de los deportistas.
A juzgar por un video colgado en la página de la Alcaldía de Aguazul, donde en tono airado el alcalde Renier Darío Pachón se refiere al “benemérito y honorable diputado Wilmar Cuevas”, parece ser que estos cuestionamientos no han gustado al burgomaestre, quien señala que en la Gobernación de Casanare su Administración ha radicado proyectos por más de $80 mil millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
