CASANARE
Construcción de la UPTC en Aguazul enfrenta a diputado Wilmar Cuevas y al Alcalde
Un verdadero rifirrafe se vive en el municipio de Aguazul entre el alcalde Renier Darío Pachón y el diputado Wilmar Cuevas, por el proyecto para la construcción de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC en esa localidad, viabilizada desde el 09 de noviembre del año anterior, con la firma de un convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul y la propia Universidad.
A través de redes sociales, ciudadanos le han indagado al diputado Wilmar Cuevas qué sabe sobre la iniciación de la construcción de la sede universitaria en la capital arrocera de Casanare, por lo que el cabildante se dio a la tarea de verificar en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Casanare si ya se radicó éste por parte de la Alcaldía de Aguazul, encontrando como respuesta que, a la fecha, no se ha radicado ningún proyecto con ese nombre.

El tema de la construcción de la sede de la UPTC en terrenos del Parque del Arroz continúa generando polémica entre la comunidad aguazuleña, porque observan que hace más de 5 meses se firmó el Convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Universidad, pero no se observan avances del proyecto. Tampoco está claro si se hizo el cambio de uso de suelo al terreno del Parque del Arroz para hacer la donación a la Universidad, y la posibilidad de que la cancha de fútbol sintética existente en el predio sea demolida para dar paso a la doble calzada Aguazul – Yopal sigue causando el reclamo de los deportistas.
A juzgar por un video colgado en la página de la Alcaldía de Aguazul, donde en tono airado el alcalde Renier Darío Pachón se refiere al “benemérito y honorable diputado Wilmar Cuevas”, parece ser que estos cuestionamientos no han gustado al burgomaestre, quien señala que en la Gobernación de Casanare su Administración ha radicado proyectos por más de $80 mil millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.
Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.
A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
CASANARE
Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
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