CASANARE
Construcción de la UPTC en Aguazul enfrenta a diputado Wilmar Cuevas y al Alcalde
Un verdadero rifirrafe se vive en el municipio de Aguazul entre el alcalde Renier Darío Pachón y el diputado Wilmar Cuevas, por el proyecto para la construcción de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC en esa localidad, viabilizada desde el 09 de noviembre del año anterior, con la firma de un convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul y la propia Universidad.
A través de redes sociales, ciudadanos le han indagado al diputado Wilmar Cuevas qué sabe sobre la iniciación de la construcción de la sede universitaria en la capital arrocera de Casanare, por lo que el cabildante se dio a la tarea de verificar en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Casanare si ya se radicó éste por parte de la Alcaldía de Aguazul, encontrando como respuesta que, a la fecha, no se ha radicado ningún proyecto con ese nombre.
El tema de la construcción de la sede de la UPTC en terrenos del Parque del Arroz continúa generando polémica entre la comunidad aguazuleña, porque observan que hace más de 5 meses se firmó el Convenio entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Universidad, pero no se observan avances del proyecto. Tampoco está claro si se hizo el cambio de uso de suelo al terreno del Parque del Arroz para hacer la donación a la Universidad, y la posibilidad de que la cancha de fútbol sintética existente en el predio sea demolida para dar paso a la doble calzada Aguazul – Yopal sigue causando el reclamo de los deportistas.
A juzgar por un video colgado en la página de la Alcaldía de Aguazul, donde en tono airado el alcalde Renier Darío Pachón se refiere al “benemérito y honorable diputado Wilmar Cuevas”, parece ser que estos cuestionamientos no han gustado al burgomaestre, quien señala que en la Gobernación de Casanare su Administración ha radicado proyectos por más de $80 mil millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.
Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.
¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?
El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.
Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.
El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.
Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.
CASANARE
Corte Constitucional avala tarifa máxima del ICA para bancos en Yopal, tras intensa disputa jurídica
En una decisión considerada histórica, la Corte Constitucional le dio la razón al municipio de Yopal en su litigio contra el sector bancario, avalando la aplicación de la tarifa máxima del impuesto de Industria y Comercio (ICA), fijada en el 20 por mil. El fallo se produce tras un prolongado proceso judicial liderado por la defensa jurídica del municipio y el abogado Gonzalo Ramos Rojas, quien representó a la administración local en esta controversia.
El caso se originó con la modificación del Estatuto Tributario de Yopal, mediante la cual se incrementó de forma progresiva la tarifa del ICA para las entidades financieras, pasando del 5 al 20 por mil. Esta decisión fue demandada por el sector bancario, que alegó la necesidad de aplicar el mismo límite vigente en Bogotá. No obstante, el municipio defendió su autonomía territorial, argumentando que sus condiciones económicas le permitían establecer una tarifa diferenciada dentro del marco legal.
Durante el proceso, la controversia atravesó distintas instancias judiciales, incluyendo fallos adversos en el Consejo de Estado. Sin embargo, la administración municipal insistió en su posición y llevó el caso a revisión ante la Corte Constitucional mediante una acción de tutela, buscando la protección de sus facultades tributarias y la unificación de criterios jurídicos.
Finalmente, el alto tribunal unificó jurisprudencia y ratificó la potestad de los municipios para fijar este tipo de tributos, validando la tarifa adoptada por Yopal y cerrando el debate a nivel nacional. Con esta decisión, el municipio proyecta recaudar entre 15 mil y 20 mil millones de pesos adicionales anuales, recursos que serán destinados a inversión en obras públicas, infraestructura y seguridad.
CASANARE
Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.
La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).
Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.
Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.
Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.
Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.
