CASANARE
Niegan tutelas a aspirantes a Personero de Yopal, no hubo violación al debido proceso dice Juez
El Juzgado Primero Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Yopal negó las tutelas interpuestas por seis aspirantes al cargo de Personero de Yopal, por presunta violación al debido proceso en el concurso para proveer ese cargo.
Las Acciones de Tutela presentadas por los profesionales del Derecho, fueron acumuladas y resueltas en un solo fallo, por perseguir las mismas pretensiones por parte de los accionantes, cual era que se suspendiera el mencionado Concurso de Méritos, por considerar que se había violado el debido proceso tanto por parte del Concejo Municipal, como por parte de Unitrópico, universidad contratada para realizar el Concurso.
Hacían referencia los accionantes, a los diferentes hechos ampliamente conocidos por la opinión pública, respecto de la fallida aplicación de la prueba de conocimientos y de competencias laborales el primer día convocado, y a la aparición de una nueva Resolución de parte del Concejo de Yopal donde se convocaba a una segunda aplicación de pruebas para continuar con el proceso.
Según los aspirantes que habían acudido a la Acción de Tutela para hacer valer sus derechos, al no haber sido presentadas las pruebas en la primera ocasión por parte de los aspirantes, se debía ordenar al Concejo de Yopal y a Unitrópico la terminación del Concurso por la exclusión de todos los participantes, es decir, por sustracción de materia.
También solicitaban que el Concejo de Yopal convocara a un nuevo Concurso, pero que se contratara a una entidad especializada o a una Universidad con experiencia suficiente y probada en el desarrollo de concursos de méritos.
Los accionantes consideraban que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el derecho al trabajo, entre otros, por parte del Concejo de Yopal y Unitrópico.
En su análisis el Juez Primero Penal para Adolescentes consideró que no se violó el debido proceso, por cuanto se subsanó el hecho por parte del Concejo de Yopal y de Unitrópico, al señalar otra fecha para la presentación del examen, además que no existe regla o norma en la Resolución emitida por el Concejo de Yopal el 08 de noviembre de 2016, que disponga la obligación de contratar una empresa para llevar la cadena de custodia.
Señala en su decisión el Juez Primero Penal para Adolescentes, que al ser examinada la nueva Resolución emitida por el Concejo de Yopal para la nueva convocatoria, se vislumbra que no afectó ninguno de los derechos fundamentales de los aspirantes, por cuanto solo se modifica el cronograma inicialmente señalado en la Resolución 133, y no crea nuevos elementos que le impidan a los aspirantes participar en ella, máxime cuando la misma fue notificada a los interesados dentro de un tiempo prudencial, tal y como los mismos accionantes lo reconocen.
Las acciones de tutela habían sido interpuestas por los aspirantes Luis Francisco Cala Castro, Oscar Beltrán, Diana Romero Ávila, Ricardo León Rueda, Omar Rueda, Omar Coa y Yineth Katherine Salinas García.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
