ARAUCA
Niegan demanda contra municipio de Arauca por contrato de arrendamiento con Frigoarauca
El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que interpuso la empresa de productos cárnicos Frigoarauca, por supuestos incumplimientos en los que incurrió el municipio de Arauca durante la ejecución del contrato de arrendamiento del frigomatadero de esa capital.
El arrendatario pretendía que la alta corte estableciera que, como consecuencia de esta relación contractual y las presuntas omisiones de su contraparte, se estableciera que el ente territorial debía pagarle más de 6.500 millones de pesos y así poder reclamarlos mediante otros instrumentos jurídicos.
Esta controversia jurídica se inició con el contrato de más de 8.000 millones de pesos, por medio del cual el municipio arrendó a la sociedad Metropolitana de Carnes Procesos y Derivados Metrocarnes S.A. el frigomatadero construido en el municipio en el 2007.
El caso
En febrero del 2008 Metrocarnes presentó a instancias del Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos (Invima) un plan para adecuar el frigomatadero a las exigencias del entonces recién creado sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, incluyendo un capítulo para obtener la clasificación 1 en el nivel de calidad del complejo y así poder producir carne para la exportación.
Las obligaciones del plan fueron asumidas por Frigoarauca, que fue la entidad a la que se le cedió el contrato, prorrogado por 15 años más. Esta última empresa dirigió numerosas comunicaciones al municipio, responsabilizándolo por no realizar las adecuaciones que presuntamente estaban a su cargo, para adecuar el frigomatadero al nivel 1. También le imputó otras omisiones que, a su juicio, impedían que la operación generara los márgenes de rentabilidad esperados.
Además, el accionante trajo a colación algunas actuaciones en las que el Invima habría hecho referencia a esta falta de gestión y a las debilidades del complejo para poder producir productos cárnicos, al punto de clasificar este complejo como de nivel 3, cuando la intención era adecuarlo a nivel 1. Además, dice, el organismo de vigilancia no aprobó el plan gradual de cumplimiento presentado para la planta de bovinos del frigomatadero y ordenó realizar los ajustes respectivos.
Por estas razones, Frigoarauca solicitó la terminación bilateral del contrato en marzo del 2011. A su juicio, el municipio incumplió el contrato, porque no adelantó las obras que eran necesarias para cumplir requisitos ambientales y sanitarios para obtener licencia y clasificación de nivel 1 en el complejo de producción cárnica.
¿Cuál es el perjuicio causado a Frigoarauca?
El presunto perjuicio, dice el accionante, le impidió comercializar carne a nivel nacional e internacional que, en sus cálculos, le habría significado ingresos por más de 1.300 millones de pesos. Adicionalmente, denunció, la falta de gestión del organismo demandado frente al contrabando de carne, lo que le habría impedido obtener ingresos por casi 3.000 millones de pesos. A ello se sumarían pérdidas por más de 1.700 millones de pesos por el bajo nivel de sacrificios bovinos y porcinos que era posible efectuar en estas condiciones.
Para el arrendatario, el municipio propició el desequilibrio económico del contrato, que solicitó que se liquidara judicialmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, solicitando además restablecer el equilibrio económico del mismo acuerdo contractual, dijo, por culpa de la administración.
En noviembre del 2014, el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones. Sostuvo que la demandante no cumplió su deber de pagar el arriendo desde julio del 2009, ni pagó el servicio público de energía eléctrica. Tampoco cumplió con su deber de prestar el servicio de pesaje en pie, ni el de adoptar las medidas de higiene y sanidad que debía para adelantar esta operación. De ahí que se decretara la excepción de contrato no cumplido, que inhibe a la parte inconforme de tramitar sus reclamaciones a quien no cumple las obligaciones que le impuso el contrato que se pretende someter a examen judicial.
Fallo del Consejo de Estado
En este caso, no era procedente ordenar el restablecimiento del equilibrio económico, pues circunstancias como el contrabando de carne no eran imprevisibles a la hora de firmar el contrato y no estaba probado que la falta de intervención en esta infraestructura provocara disminuciones de productividad. Contrario a la solicitud del demandante, el Tribunal sostuvo que este le adeudaba más de 2.300 millones de pesos a Arauca por los arriendos que dejó de cancelar y un saldo surgido por la compra de una frigocaldera. No obstante, se abstuvo de ordenar el pago, porque el demandante solo solicitó liquidar el contrato, sin pretender la cancelación de pagos.
La demandante le pidió al Consejo de Estado revocar esta sentencia. Subrayó que no podía aplicarse excepción de incumplimiento de contrato, debido a que, dice, fue el municipio el que primero incumplió su deber de adelantar las obras para cumplir los requisitos sanitarios y ambientales en aras a obtener el nivel 1 de clasificación. A su juicio, no es predicable ese incumplimiento, pues el no pago de los cánones de arrendamiento entre junio del 2009 y mayo del 2011 se debió a circunstancias como el pago de maquinaria, obras y servicios prestados por Frigoarauca que, en ese entonces, estaban pendientes.
El Consejo de Estado negó las pretensiones formuladas entorno a la declaratoria de incumplimiento de contrato y el restablecimiento de su equilibrio económico, pero accedió a su liquidación. Determinó que fue Fiduagraria estaba obligada a ejecutar el plan gradual de cumplimiento, que comprendía las obras necesarias para la obtención de la clasificación 1 del complejo cárnico. Agregó que no se probaron los perjuicios sufridos por la accionante en la ejecución del plan y sus ajustes y que tampoco se acreditó el rompimiento del equilibrio de la ecuación económica. Subrayó que el contrato no obligaba a Arauca a contrarrestar el contrabando de carne, al margen de sus competencias legales al respecto, y que no es cierto que la pretensión principal fuera liquidar este acuerdo contractual.
Al haberse ratificado el fallo de primera instancia, que cuantificó las cifras que la demandante le adeuda al municipio por la liquidación del contrato, pero no se ordenó el pago, porque ello no hacía parte de las pretensiones, el Consejo de Estado no emitió ninguna orden encaminada a la cancelación de los dineros.
Fuente: Consejo de Estado
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
ARAUCA
Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).
Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.
Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.
Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.
En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.
En las instalaciones de la Institución Educativa Tutukana, seis jóvenes U´wa se convirtieron en los primeros bachilleres de su comunidad. Hasta hace unos años, en esta región solo existía escolaridad hasta grado 9, lo que impedía que los jóvenes culminaran la educación media.
Gracias a los Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES), una estrategia del Ministerio de Educación que lleva docentes, acompañamiento pedagógico y ampliación de grados a instituciones rurales dispersas, se logró que estos jóvenes obtuvieran su título de bachiller en su territorio.
SIMES es una apuesta del Gobierno del Cambio para garantizar que la educación sea un derecho real en todo el país; además, permite que instituciones que no tenían grado 10 y 11 puedan ofrecerlos de forma completa, con calidad y sin que los jóvenes deban salir de sus comunidades.
Entre noviembre y diciembre, 871 estudiantes en todo el país se gradúan gracias a la expansión de esta estrategia, que sigue cerrando brechas y llevando oportunidades a regiones tradicionalmente excluidas.
En 2026, el Gobierno nacional ampliará aún más esta apuesta con nuevas inversiones para cubrir más sedes, fortalecimiento pedagógico, ampliación de grados en zonas rurales dispersas, y Educación Superior en tu Colegio, un programa que permitirá acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios desde la misma institución educativa rural.
