CASANARE
Ni la pandemia hizo que la Alcaldía de Yopal le compre al comercio de Yopal
Justo en época de pandemia, de crisis económica, de aislamiento obligatario, cuando la economía está más resentida que nunca por la falta de circulante, y cuando cualquier oportunidad de negocio debe ser aprovechada para que la utilidad beneficie las economías locales, la Alcaldía de Yopal contrató la instalación de antivirus para sus computadores, con una empresa cuyo domiclio principal se encuentra ubicado en el municipio de Cota (Cundinamarca).
En la página contratos.gov.co que publica toda la contratación estatal, aparece publicado el proceso mediante el cual se asignó este Contrato bajo la modalidad de mínima cuantía, para la adquisión e instalación de 300 licencias antivirus con vigencia de un (01) año, para ser instaladas en los equipos de cómputo de propiedad de la Administración Municipal de Yopal, por valor de $33.325.950,00. (ver gráfica)

Consulte acá el proceso: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10638918
Llama la atención que todo el proceso se hubiese realizado sin que ninguna de las muchas microempresas existentes en Yopal y que proveen ese servicio se enteraran, lo que hubiera permitido que compitieran en franca lid por la adjudicación del contrato, y de habérselo ganado una de ellas, las utilidades, la administración y los imprevistos hubiesen quedado como circulante en Yopal.
Como era de esperarse, llegó una sola oferta de la empresa INFO COMUNICACIONES SAS, domiciliada en el kilómetro 3,5 de la vá Bogotá – Medellín, en jurisdicción del municipio de Cota (Cundinamarca), a quien le fue adjudicado el contrato el pasado 13 de abril de 2020. (Ver gráfica)

Con el propósito de indagar si en la ciudad de Yopal existían empresas que brinden este servicio, El Diario del Llano tomó contacto telefónico con el empresario Fredy Melo Cipagauta, de la empresa Kimosavi SAS, que a través de la tienda OFFIEXPRESS es ampliamente reconocida en la capital casanareña por la venta de elementos tecnológicos y equipos de cómputo, a quien le solicitamos el favor de cotizar las licencias antivirus objeto del mencionado contrato, y con sorpresa observó que revisando sus archivos, encontró que en el pasado mes de enero de 2020, desde la Alcaldía de Yopal le habían solicitado cotizar el mismo producto, solicitud que el atendió con prontitud enviando la cotización a la Alcaldía, de la cual muy gentilmente nos facilitó una copia: (ver gráfica)

Como se obseva claramente, la empresa local cotizó el mismo producto por un valor de $32.520.000,00, ($805.850,00 menos) del valor que finalmente resultó pagando la Alcaldía de Yopal, dejando escapar una valiosa oportunidad de apoyar a los comerciantes yopaleños, que año tras año cumplen con sus obligaciones tributarias en la capital de Casanare, y generan empleo en la región.
Por fortuna, en este caso no se está denunciando ningún caso de corrupción, porque los precios parecen ajustados a la realidad, aunque un poco más elevados, pero si causa desconcierto entre los comerciantes yopaleños esta clase de actuaciones, máxime viniendo de un gobierno como el del alcalde Luis Eduardo Castro, que en campaña juró defender al comercio local, llegando inclusive a firmar un compromiso en el auditorio de la Cámara de Comercio.
Lea también: Luis Eduardo Castro firmó compromiso con comerciantes de Yopal
Al final de este ejercicio quedan varias preguntas flotando en el ambiente:
¿Porqué si una empresa local cotiza más económico el mismo producto, se le compra a una empresa foránea?
¿Para qué fue utilizada la cotización que la Alcaldía de Yopal solicitó en enero para el mismo producto?
¿Sería solo para hacer el estudio de mercado y “montar” la convocatoria posterior?
¿No es mejor proteger bajo este tipo de acciones al comercio local?
¿Porqué no se es coherente con el discurso de campaña?
Seguramente habrán muchas más inquietudes al respecto, pero esas se las dejamos a los comerciantes y empresarios de Yopal, y a nuestros lectores.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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