CASANARE
Municipios de Casanare enfrentan conflictos limítrofes que afectan a sus comunidades
Planeación Departamental de Casanare confirmó que varios municipios enfrentan serios conflictos por límites territoriales, situación que ha generado afectaciones sociales, administrativas y fiscales en las zonas implicadas.
Alfonso Cárdenas Silva, director de esta dependencia, explicó que algunos de estos conflictos corresponden a competencias del Congreso de la República, como los casos interdepartamentales con Boyacá, que involucran a los municipios de Nunchía, Chámeza, Recetor y Tauramena.
Quieren ser de Aguazul
Uno de los casos más avanzados es el de la comunidad ubicada entre los municipios de Aguazul y Maní, donde ciudadanos solicitan la segregación de una parte del territorio de Maní, argumentando pertenencia histórica, administrativa y social a Aguazul.
“Las inversiones que hay hechas son del municipio de Aguazul, las vías, la atención electoral, los impuestos, todo ha sido con Aguazul. En materia de requisitos, estos ciudadanos cumplen la ley”, afirmó Cárdenas Silva.
La situación es especialmente delicada en zonas donde hay presencia de campos petroleros, como en el caso Aguazul-Maní, pues el impacto financiero de cualquier modificación territorial podría afectar significativamente las regalías. Actualmente, se adelanta el análisis técnico y financiero requerido, garantizando la participación de ambas administraciones municipales y de las comunidades involucradas.
Hay otros casos en la misma situación
Otros conflictos mencionados por el funcionario incluyen los límites entre Nunchía y San Luis de Palenque, donde aún no hay una solicitud formal, y el caso de la vereda El Oso, entre Tauramena y Monterrey, donde un error cartográfico dejó a los habitantes en un limbo jurídico y administrativo. En estas zonas, los residentes no pueden pagar impuestos ni recibir inversiones por parte de ninguno de los municipios.
La Secretaría de Planeación informó que ya se han sostenido reuniones con la Asamblea Departamental y que se dará cumplimiento al debido proceso para cada caso.
La última instancia para resolver estas disputas será la Asamblea, que podrá emitir las ordenanzas necesarias una vez se cuente con todos los conceptos técnicos y legales.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
