CASANARE
Mujer no aceptó cargos por homicidio de Nancy Mesa pero fue enviada a la cárcel
A la cárcel de La Guafila fue enviada Liliana Mendoza, la mujer imputada por el asesinato de la contratista de la Gobernación de Casanare María Nancy Mesa, el pasado 07 de enero en horas de la noche en una riña en el barrio Montecarlo de Yopal.
La decisión fue tomada por el Juzgado 2° Penal Municipal que realizó las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento invocadas por la Fiscalía, luego que la indiciada hubiese quedado en libertad el pasado miércoles, al evidenciarse por parte de la Fiscalía que su captura no se dio en flagrancia, y por lo tanto se corría peligro que se decretara ilegal por parte del Juez.
Ante esta situación la Fiscalía optó por no presentar la indiciada ante el Juez, pero una vez recuperó la libertad solicitó de inmediato las audiencias que se cumplieron ayer.
Óscar Sampayo, abogado representante de las víctimas, indicó que la decisión del Juez se motivó en el peligro que representa para la sociedad dejar en libertad a la imputada, teniendo en cuenta que según el testimonio de 7 testigos, la discusión inició por un tema fútil (sin importancia), pero su nivel de intolerancia le llevó a terminar con la vida de Nancy Mesa.
“El Juez tomó la determinación basado en los elementos materiales de prueba, en la calidad de la conducta, y en las demás circunstancias que establece la Ley 906. La medida se impuso para proteger a la comunidad de unas agresiones como estas tan intolerantes. No había lugar a causarle la muerte a una persona como el tema que hoy nos ocupa”, indicó el profesional del Derecho.
La imputación de cargos realizada por la Fiscalía se hizo por el delito de homicidio agravado por un hecho fútil. Según explicó el jurista, la discusión entre las féminas inició por temas de vanidades, lo que sumado a la ingesta de bebidas alcohólicas terminó en el asesinato de la joven mujer, que dejó dos hijos y una nieta por quienes respondía.
Liliana Mendoza, la mujer que fue imputada por estos cargos por parte de la Fiscalía, no aceptó los cargos y el ente acusador dispone de sesenta (60) días para presentar el escrito de acusación ante el Juez, en el marco del proceso judicial. Se conoció de dentro del material probatorio existen testimonios de testigos y un video donde se observa a la imputada regresando a su casa con el cuchillo en la mano, luego de ocurridos los hechos.
Por ahora, los menores están bajo la tutela de un hermano de la occisa, mientrar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determina quién tendrá esta responsabilidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
