CASANARE
Confirman que muerte de esposos de Hato Corozal fue por virus AH1N1
La Secretaría Departamental de Salud informa a la opinión pública que luego de analizadas dos (2) muestras de virología enviadas para estudio al Instituto Nacional de Salud (INS), que corresponden a dos personas fallecidas residentes en el área urbana del municipio de Hato Corozal, éstas arrojaron resultado positivo para virus AH1N1, según reporte de fecha 22 de junio de 2018 a las 7:15 de la noche; quedando pendiente a la fecha los resultados de otras muestras de pacientes con sintomatología respiratoria, entre los que se incluye personal de salud que participó en la atención de los pacientes fallecidos.
Con corte al 22 de junio de los corrientes, han sido notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 16 casos probables de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) inusitada en el Departamento, de los cuales 4 casos han sido confirmados por laboratorio; 4 descartados y 8 están pendiente de resultado.
La IRA ha venido presentado un incremento de casos en Casanare y en todo el país, lo cual está acorde con el comportamiento epidemiológico esperado de la enfermedad, teniendo en cuenta la temporada de lluvias; situación que conlleva a la intensificación de las medidas de prevención y control del evento, con miras a disminuir el número de casos en la población.
Recomendaciones
Por lo anterior y, teniendo en cuenta que, entre los agentes circulantes para enfermedad respiratoria se encuentra el virus AH1N1 desde el 2009, se reitera la necesidad de continuar e intensificar las siguientes acciones:
-Al personal de salud: aplicar las guías y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo de pacientes con IRA e IRAG. Así como las medidas de bioseguridad.
-A la comunidad en general: ante la presencia de casos de IRA con sintomatología que genere dificultad respiratoria y fiebre elevada, consultar a los servicios de salud oportunamente. Adicionalmente, poner en práctica las siguientes medidas preventivas:
-Lavado de manos frecuente, especialmente después de usar pañuelos desechables, toser o estornudar.
-Mantener esquema de vacunación completo, de acuerdo a la edad.
-Fomentar la lactancia materna.
-Mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo.
-Cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano.
-Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa.
-Evitar el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan Infección Respiratoria Aguda.
-Evitar frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos.
La Secretaría Departamental de Salud hace un llamado a la comunidad en general para que adopte las medidas de preventivas contra las enfermedades respiratorias, a fin de reducir los riesgos de enfermar por esta patología.
Médico enfermo
A pesar que el Secretario de Salud Departamental, Juan David Gallego, había desmentido un audio que circuló a través de wasap el día anterior, donde se informaba que uno de los médicos tratantes de las personas fallecidas provenientes de Hato Corozal también se encontraba internado con síntomas similares, en la mañana de este sábado se conoció que el anestesiólogo Hugo Forero, quien tuvo contacto directo con la paciente Julia Yamile Cáceres, esposa del fallecido Carlos Alberto Romero, se encuentra hospitalizado y aislado en la Clínica Medilaser de Yopal.
El doctor Forero ha venido evolucionando favorablemente de un cuadro gripal que presentó luego de la atención de la paciente que también falleció en el Hospital Regional de la Orinoquia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
