CASANARE
A la cárcel por presunta participación en muerte de escolta ocurrida en Yopal el año pasado
El Juzgado Promiscuo Municipal de Recetor legalizó la captura de Dubar Nelly Peña Jaspe, conocida con el alias de “Duba” de 42 años de edad, capturada dentro del proceso que se sigue por el asesinato del ganadero Rodrigo Correa y de otras personas, en diferentes hechos registrados en Yopal.
Como se recuerda, el primero de Mayo del año anterior se presentó el asesinato del conocido ganadero Rodrigo Correa cuando regresaba a su finca en Tacarimena en compañía de su esposa, por desconocidos que lo esperaron entre la maleza en el sitio conocido como “La Y”.
Días después, el 22 de mayo de 2016, se presentó el asesinato del escolta y conductor de don Lulio Martínez, Omar Grandas Velazco, cuando llegaba a la residencia del señor Martínez, y fue atacado a bala por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Avances de la investigación
La investigación por estos dos asesinatos llevó a concluir que estaban relacionados, pues se utilizó la misma arma para cometerlos. A tal conclusión llegaron los investigadores, luego de capturar en Ibagué a alias “El Viejo” por porte ilegal de armas, y descubrir que con esa pistola habían asesinado al ganadero y al escolta en Yopal. Junto a “El Viejo” también fue capturada una mujer identificada como Diana Quintana, quien permanece recluida en la Cárcel de Ibagué.
Ya con el sicario y autor material preso, la investigación se encaminó para tratar de establecer los autores intelectuales o determinadores de estos asesinatos, llegando a Rodrigo Martínez Chaparro y Julio César Hernández Caballero, dos reconocidos ganaderos vecinos de don Rodrigo Correa en la vereda. Rodrigo Martínez Chaparro es hijo de Lulio Martínez y esposo de Dubar Nelly Peña Jaspe.
Hasta el momento todo apunta a indicar, que Rodrigo Martínez Chaparro y Julio César Hernández Caballero, argumentarían que una banda dedicada al abigeato y liderada por don Rodrigo Correa les estaría robando ganado, por lo que tenían una lista de personas que serían asesinadas, entre ellas el ganadero y el escolta Grandas Velazco.
Rodrigo Martínez Chaparro y Julio César Hernández Caballero están recluidos desde el pasado mes de julio en la Cárcel La Guafilla de Yopal, a donde también fue a parar ahora Dubar Nelly Peña, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía pero fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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