NACIONALES
Minsalud adelanta acción popular contra 21 Empresas Promotoras de Salud

El Ministerio de Salud demandó a 21 EPS por vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios salud.
Así lo anunció el Ministerio de Salud en un mensaje publicado el pasado domingo en su cuenta de la red X, en el que se anexa el texto de la demanda de acción popular presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá por el director jurídico del Ministerio, Rodolfo Enrique Salas.
En una demanda de acción popular sin precedentes, presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, el Ministerio argumentó que –con base en un informe de la Superintendencia de Salud–, se evidenció el incumplimiento en las reservas técnicas por parte de EPS durante 2023, “calculado con la información enviada por ellas mismas”.
Reservas técnicas
Las reservas técnicas son activos que dan seguridad y liquidez al asegurador y con ellas las EPS pueden pagar a su red de prestadores. Las EPS deben garantizar estas reservas de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que provienen de los aportes en salud de todos los colombianos.
“La consecuencia inminente del no cumplimiento de las reservas técnicas es que las EPS no van a contar con los recursos para pagar la prestación de servicios de salud y, por ende, las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) dejarán de prestar los servicios de salud, generando, con ello, una grave transgresión al derecho colectivo al acceso al servicio público de la seguridad social en salud y, por ende, al derecho fundamental a la salud de la población colombiana”, precisa la demanda de acción popular.
En la misma, el Ministerio de Salud pide que las EPS “de manera inmediata realicen las gestiones necesarias con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la constitución e inversión de reservas técnicas, para garantizar las obligaciones pendientes (…) en procura de garantizar el derecho fundamental a la salud y su debida prestación de los habitantes del territorio nacional”.
También solicita “ordenar a las entidades demandadas ejecutar todas las acciones que sean necesarias para evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos cuya protección se solicita”.
EPS demandadas
1. Comfenalco Valle EPS
2. Compensar EPS
3. Sanitas EPS
4. Unidad de Servicio Médico EPM
5. Famisanar EPS
6. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
7. Servicio Occidental de Salud (SOS)
8. Capital Salud EPS
9. Capresoca EPS
10. Savia Salud (Alianza Medellín Antioquia EPS)
11. Nueva EPS
12. Cajacopi Atlántico
13. Asmetsalud
14. Emssanar
15. Salud Mía
16. Comfachocó
17. Comfaoriente
18. Mutualser EPS
19. Coosalud
20. Salud Total EPS
21. EPS Sura
Fuente: Ministerio de Salud
NACIONALES
Firman convenio para promover acceso de la población sorda al empleo público en Colombia

Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.
“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.
Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.
El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:
- El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
- La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
- La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.
Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.
Fuente: Comunicaciones CNSC
NACIONALES
Este jueves vence el plazo para que servidores públicos declaren bienes y rentas

Función Pública informó a servidoras y servidores públicos de entidades territoriales que el período para presentar la declaración de bienes y rentas finaliza este jueves 31 de julio de 2025.
Asimismo, aclaró que son cerca de 308.762 servidores del orden territorial los que deben realizar esta declaración a través del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encuentran en el SIGEP II.
Las y los servidores reportan datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
Además, la entidad reiteró que la información reportada debe corresponder a la vigencia 2024, es decir el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Función Pública recalcó que todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas en tres momentos: al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al retirarse del cargo.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
NACIONALES
Gobierno Nacional y productores logran acuerdo para levantar paro arrocero en Colombia

Tras varios días de movilización y bloqueos, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro iniciado el pasado 14 de julio. El eje central del consenso es la regulación del precio del arroz paddy verde, que será sometido al régimen de libertad regulada, con una fórmula de cálculo que garantiza cubrir los costos de producción sin generar utilidad.
En la negociación intervinieron seis ministerios, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y la Defensoría del Pueblo como garante del diálogo. El Ministerio de Agricultura radicará ante la SIC el borrador de la resolución para su concepto técnico, paso previo a la expedición oficial del nuevo marco de precios.
Controlar las importaciones y frenar el contrabando
Entre los compromisos alcanzados también se destacan la evaluación de medidas de defensa comercial frente a las importaciones, la creación de una comisión técnica para apoyar a los productores afectados por la caída de precios, y la reactivación de fondos como el Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios FAIA, para respaldo a la comercialización y acceso a insumos.
Además, se acordaron mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente para revisar el sistema de Tarifa del Uso del Agua (TUA), y con el Ministerio de Hacienda para examinar criterios de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP- que afectan al sector. La Policía Fisca y Aduanera POLFA y la DIAN reforzarán los controles en centros de acopio y molinos, para verificar el origen de los productos almacenados.
Con la firma del acta de acuerdo, el Comité Nacional del Paro Arrocero anunció el levantamiento de bloqueos y el restablecimiento de la movilidad en el país. Aunque se mantendrán atentos al cumplimiento de los compromisos, los productores manifestaron su disposición al diálogo, al igual que el Gobierno, que reiteró su voluntad de concertación permanente.
Gobernadores garantes
Los gobernadores de Tolima, Meta y Casanare firmaron, en calidad de garantes, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero.
“Como mandatarios de los principales departamentos productores de arroz, celebramos el levantamiento del paro y el logro de la regulación en el precio del arroz paddy verde, una decisión que evita la quiebra de nuestros agricultores y brinda un respiro al campo colombiano”, dijo el Gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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