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MinAgricultura continúa abierto al diálogo con los representantes del sector arrocero

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Tras el Consejo Nacional del Arroz celebrado esta semana, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que entiende la preocupación que puede generar entre los productores de arroz los excedente de producción característicos del segundo semestre del año.

Desde el Ministerio agradecieron la disposición al diálogo de los productores, del gremio y de los representantes de la industria arrocera al diálogo y la búsqueda de consenso en torno a esta problemática.

Además señalaron que ratifican su compromiso con la estrategia Hambre Cero, por lo que reconoce la importancia de la cadena para lograr la soberanía alimentaria, eje fundamental de las apuestas del Gobierno Nacional. Sin embargo, esta ruta demanda esfuerzos no solo del Gobierno Nacional, sino también de productores e industria del arroz, entre otros actores, por lo que se hace necesario avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo que permitirá el desmonte definitivo del incentivo al almacenamiento.

Dicho incentivo fue una medida temporal, que con el tiempo se volvió permanente, pero tras estudios autorizados, se demostró que durante casi 30 años, no sirvió como instrumento para planificar las siembras y organizar los niveles de producción del grano.

En tal sentido, el Ministerio lamentó que en la sesión del Consejo Nacional del Arroz  no se haya llegado a un acuerdo.

En consecuencia, reiteran la intención de concertar con los representantes del sector un camino común, pues la discusión no puede darse en términos del incentivo, sino que debe avanzar hacia la construcción de una política pública del sector arrocero  que beneficie fundamental a los productores.

Ante este pronunciamiento, el Gerente General de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, emitió el siguiente pronunciamiento:

Fuente: Ministerio de Agricultura – Fedearroz

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Reforma pensional superó el tercer debate en la Cámara de Representantes

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Luego de un amplio proceso de concertación y construcción de acuerdos, este jueves fue aprobada en tercer debate la Reforma Pensional, con la que el Gobierno Nacional busca garantizar que el acceso a la pensión en Colombia vuelva a ser un derecho.

El proyecto de ley recibió 17 de 20 votos a favor de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que respaldaron la creación de un sistema pensional que sea más equitativo, moderno y solidario y que garantizará una vejez digna para tres millones de colombianos en situación de pobreza extrema.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que esta inciativa representa una revolución en materia social y expuso que su aprobación se dio como resultado de la amplia discusión entre todas las bancadas que conforman la Comisión Séptima, que permitió alcanzar consensos para que el proyecto pase ahora a manos de la plenaria de la Cámara.

A su turno, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, destacó que la Reforma Pensional permitirá que más personas puedan tener un ingreso para la vejez y hará que el sistema sea más justo, ya que actualmente solo uno de cada cuatro hombres y una de cada ocho mujeres se pensiona.

Entre lo aprobado en el tercer debate, se destaca que todos los colombianos deberán cotizar sus ingresos hasta los 2.3 salarios mínimos en el fondo público y con la Reforma pensional se simplificará el trámite para pasar al sistema pensional estatal.

Además, se garantiza que las semanas de cotización y la edad de pensión se mantienen; en el caso de las mujeres disminuye el número de semanas cotizadas a 1.000 semanas.

También se disminuirá en 50 semanas cotizadas por cada hijo hasta un máximo de 3 hijos, es decir, las mujeres que tengan 3 o más hijos podrán pensionarse con 850 semanas de cotización a pensión.

Otro aspecto clave de lo aprobado beneficia a los adultos mayores en situación de extrema pobreza y sin pensión, quienes recibirán alrededor de 260 mil pesos (actualizados anualmente con la inflación), para garantizar que no estén debajo de la línea de pobreza extrema.

Fuente: Ministerio del Interior

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Unidad para las Víctimas alerta por aumento de fraudes a víctimas del conflicto armado

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La Unidad para las Víctimas alerta a las víctimas de todo el país y a la opinión pública sobre el aumento de intentos de fraude en varios departamentos.

En las regiones, el Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes de la entidad ha identificado casos relacionados con exigencias económicas que terceros hacen a las víctimas que han recibido pagos por concepto de ayuda humanitaria o indemnización.

La entidad investiga si los casos recientes están relacionados con los recientes pagos de indemnizaciones a víctimas de ruta priorizada, de la que hacen parte adultos mayores de 68 años, personas con discapacidad y personas con enfermedades ruinosas, catastróficas o de alto costo.

El pasado 9 de abril, la Unidad anunció el plan de aceleración para indemnizar a las 106.337 personas que hacen parte de esta ruta priorizada. En abril se entregaron más de 384.000 millones de pesos a 35.975 personas en todo el país.

Entre las modalidades de intento de fraude reportadas están las llamadas telefónicas para ofrecer el pago de indemnización a personas desplazadas, previo diligenciamiento de datos personales en un formulario ajeno a la entidad. También hay casos de personas inescrupulosas que piden a las víctimas fotocopias de la cédula para supuestamente tramitar de forma más rápida la entrega del dinero de la indemnización.

Al respecto, la Unidad para las Víctimas aclara que los pagos de indemnizaciones se depositan directamente en las cuentas de las víctimas y que ningún trámite requiere de intermediario. Todos son gratuitos y los beneficiarios pueden dirigirse a los Puntos de Atención a Víctimas (PAV) y los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) para averiguar por las medidas de reparación integral.

Con corte al pasado 31 de marzo, el Grupo contra Fraudes de la Unidad para las Víctimas recibió un total de 9.457 quejas por diferentes casos, de las cuales 3.637 han sido efectivamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.

La Coordinadora del Grupo de Defensa Judicial, Lucía Puerto, hizo un llamado a las víctimas del conflicto armado para que no suministren sus datos personales, como número de cédula, número de teléfono celular, número de cuenta y ningún otro dato a personas extrañas. También pidió que no exhiban sus documentos de identidad a personas desconocidas e insistió en que las víctimas no deben entregar información sobre su proceso de pago de ayuda humanitaria o indemnización a personas ajenas a la entidad.

Fuente: Unidad para las Víctimas

 

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Atentos, estas son las cinco infracciones de tránsito que ya no generarán inmovilización de la moto

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En su cuarto y último debate por el Congreso de la República, la plenaria del Senado le dio el sí definitivo a la iniciativa de autoría del Senador Alejandro Vega que elimina del Código Nacional de Tránsito la inmovilización de motocicletas en 5 casos específicos.

Se trata de las infracciones estipuladas en los numerales D3, D4, D5, D6 y D7 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Se trata de conductas tales como transitar en sentido contrario al estipulado en la vía; no detenerse ante la luz roja o amarilla; conducir sobre separadores o bermas; adelantar en lugares prohibidos, entre otras, por las que, en todo caso, se mantiene la multa.

Según su autor, el Senador Vega, lo que se busca con esta propuesta es instaurar un escenario de equidad en el tratamiento de las sanciones, liberando a los motociclistas de una “trampa de pobreza” que se constituye con la doble penalidad de la multa más la inmovilización. Escenario que no enfrentan otro tipo de automotores que representan un mayor peligro al cometer las mismas infracciones.

El Senador Vega aclaró que, bajo esta nueva legislación, la sanción económica seguirá vigente, pero se eliminará la práctica de la inmovilización como parte de la penalidad. Con lo cual busca también hacerle frente a la persecución indebida por parte de privados y autoridades de tránsito a los motociclistas.

La iniciativa, ya aprobada en sus cuatro debates correspondientes, pasará ahora a conciliación para luego ir a sanción presidencial. Última instancia para convertirse en Ley de la República y entrar en vigencia.

Fuente: Equipo de Prensa – Alejandro Vega Pérez – Senador de la República

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