CASANARE
Meta y Casanare unen esfuerzos para frenar avance del Clan del Golfo
Con el fin de avanzar en estrategias que fortalezcan la seguridad, contener el avance de los grupos delincuenciales y disminuir los delitos de gran impacto en los municipios ubicados en la región de los ríos Upía y Meta, se adelantó el consejo de seguridad regional Casanare y Meta, en el municipio de Villanueva.
Bajo la premisa de que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y que sin seguridad no vale ningún esfuerzo que se haga en beneficio del desarrollo, este miércoles se unió la institucionalidad de Meta y Casanare para fortalecer el trabajo articulado de las administraciones con la Fuerza Pública y de Policía en los municipios limítrofes.
Durante este encuentro se escucharon las inquietudes de los alcaldes de la región, los diputados casanareños, defensores del Pueblo, así como representantes de diferentes gremios del departamento vecino.
Se estableció levantar un acta con las preocupaciones manifestadas y que dentro de un mes se adelantará un nuevo consejo de seguridad para verificar y hacer seguimiento a las estrategias que se liderarán.
Por otra parte, se redoblarán los controles en la zona rural y los sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, especialmente en los corredores viales que unen a los municipios de Maní y Puerto Gaitán.
Entre las preocupaciones manifestadas por los mandatarios locales, se encuentra el aumento de las cifras de delitos como extorsión, hurto y microtráfico; así como la presencia de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo y la estructura 39 de las disidencias de las Farc.
Los alcaldes hicieron énfasis en la importancia de esta región para la economía de los dos departamentos, por lo que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que “el delito que más me preocupa es el de la extorsión, porque nos espanta el turismo y la inversión. En el Meta se ha triplicado este delito en el último mes”.
El mandatario llanero además hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar y confiar en las instituciones, especialmente en los grupos Gaula.
Esta reunión de seguridad fue liderada por los gobernadores del Meta y Casanare, Juan Guillermo Zuluaga y Salomón Sanabria; y los secretarios de Gobierno, Hernán Gómez Niño y Óscar Reinaldo Gómez.
Además, contó con la participación de los alcaldes de los municipios aledaños, los diputados del Casanare, los comandantes de las brigadas militares y policía de los dos departamentos. Así como la participación de miembros de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, UNP, Migración Colombia, y representantes de los gremios de comerciantes.
Fuente: Gobernación del Meta
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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