CASANARE
Meta y Casanare unen esfuerzos para frenar avance del Clan del Golfo
Con el fin de avanzar en estrategias que fortalezcan la seguridad, contener el avance de los grupos delincuenciales y disminuir los delitos de gran impacto en los municipios ubicados en la región de los ríos Upía y Meta, se adelantó el consejo de seguridad regional Casanare y Meta, en el municipio de Villanueva.
Bajo la premisa de que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y que sin seguridad no vale ningún esfuerzo que se haga en beneficio del desarrollo, este miércoles se unió la institucionalidad de Meta y Casanare para fortalecer el trabajo articulado de las administraciones con la Fuerza Pública y de Policía en los municipios limítrofes.
Durante este encuentro se escucharon las inquietudes de los alcaldes de la región, los diputados casanareños, defensores del Pueblo, así como representantes de diferentes gremios del departamento vecino.
Se estableció levantar un acta con las preocupaciones manifestadas y que dentro de un mes se adelantará un nuevo consejo de seguridad para verificar y hacer seguimiento a las estrategias que se liderarán.
Por otra parte, se redoblarán los controles en la zona rural y los sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, especialmente en los corredores viales que unen a los municipios de Maní y Puerto Gaitán.
Entre las preocupaciones manifestadas por los mandatarios locales, se encuentra el aumento de las cifras de delitos como extorsión, hurto y microtráfico; así como la presencia de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo y la estructura 39 de las disidencias de las Farc.
Los alcaldes hicieron énfasis en la importancia de esta región para la economía de los dos departamentos, por lo que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que “el delito que más me preocupa es el de la extorsión, porque nos espanta el turismo y la inversión. En el Meta se ha triplicado este delito en el último mes”.
El mandatario llanero además hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar y confiar en las instituciones, especialmente en los grupos Gaula.
Esta reunión de seguridad fue liderada por los gobernadores del Meta y Casanare, Juan Guillermo Zuluaga y Salomón Sanabria; y los secretarios de Gobierno, Hernán Gómez Niño y Óscar Reinaldo Gómez.
Además, contó con la participación de los alcaldes de los municipios aledaños, los diputados del Casanare, los comandantes de las brigadas militares y policía de los dos departamentos. Así como la participación de miembros de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, UNP, Migración Colombia, y representantes de los gremios de comerciantes.
Fuente: Gobernación del Meta
CASANARE
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.
Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.
A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
CASANARE
Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
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