META
Meta ha invertido más de 11 mil millones para mitigar efectos de las lluvias
Con cifras claras y argumentos contundentes, el director Departamental de Gestión del Riesgo, Hernando Martínez Aguilera, acudió a la invitación que le hizo la Asamblea del Meta para responder a las inquietudes que tenían los diputados sobre las inversiones y gestiones que hace la Gobernación del Meta para mitigar el impacto de la temporada invernal.
Uno a uno el funcionario fue explicando la manera en que, por ejemplo, se han invertido los 11.247 millones de pesos que la actual administración departamental ha contratado para disminuir el impacto de poblaciones vulnerables.
Con la gestión del Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se ha logrado ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una inversión superior a los 129.000 millones de pesos en el 2022.
El director aclaró que son tres los contratos que están suspendidos por el recrudecimiento del invierno: en el río Ariari, sector La Isla, en El Dorado; el del río Guayuriba, en La Cuncia baja y que sería una solución de fondo al tema de la vía con la construcción de espolones y también en el río La Cal del municipio de El Castillo.
La administración ha trabajado en soluciones de fondo para evitar que se sigan gastando recursos en mitigación año tras año, por lo que en septiembre próximo se tendrán estudios y diseños de cinco diferentes puntos críticos del departamento, están en contratación 10 puntos más y se estructuran otros 13 para llegar a 28, que es el compromiso del Plan de Desarrollo.
Explicó el director de Gestión del Riesgo que hay una maquinaria amarilla parada porque se le está haciendo mantenimiento, la cual, con un recurso aprobado por la Asamblea, se pondrá en funcionamiento para atender las emergencias en el municipio de El Calvario.
Finalmente, se está a la espera de concretar la fecha de una audiencia pública en el Congreso para dar a conocer la falta de recursos en todo el país y la difícil situación en los territorios por el recrudecimiento de la temporada invernal, anunciada por el Ideam.
Fuente: Gobernación del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
