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Defensoría pide iniciar diálogos con comunidades en Meta y Guaviare

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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instale la mesa de diálogo social en en Meta y Guaviare sobre la base del trabajo que se ha venido adelantando en el último año y que permita avanzar en los cerca de los 17 acuerdos de la marcha campesina de 2021, que las comunidades ya han definido como sus prioridades.

Carlos Camargo destacó que, durante los últimos días, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un recorrido por las comunidades de la cuenca del Río Guayabero, especialmente en la vereda Nueva Colombia (Vista Hermosa – Meta) y Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare; con el fin de verificar la situación de derechos de esta zona del país.

En dichos acuerdos, las comunidades exigieron la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud, a la educación y problemáticas relacionadas con vías de acceso, vivienda, seguridad, tierras, medio ambiente y acuerdos de paz.

Recogiendo el sentir de la comunidad, la Defensoría propone tener en cuenta estos acuerdos como la línea base para la construcción de los diálogos regionales que permitan la generación de acciones para su efectivo cumplimiento.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, señaló que desde la Delegada para la Prevención de Conflictividad Social se hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la marcha campesina del Meta y Guaviare, -desarrollados en 3 mesas temáticas-, y realizar ejercicios de caracterización de la conflictividad social en el territorio, con el fin de propiciar escenarios de diálogo y la formulación de las recomendaciones a las autoridades competentes.

La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo estuvo integrada por equipos de la Defensoría Delegada para la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales del Meta y Guaviare y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la Dirección Nacional de Atención Trámite de Quejas y las Defensorías Delegadas para el Derecho a la Salud, Movilidad Humana, Asuntos Agrarios y Tierras y Derechos Colectivos y del Ambiente.

Llamado de las comunidades

Durante el recorrido por la cuenca baja del río Guayabero, la Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el accesos a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos.

La comunidad de Puerto Cachicamo y el núcleo veredal vecino, expresó que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población. La comunidad requiere se realicen jornadas de atención integral, con suministro de medicamentos, y se habilite la prestación del servicio de una ambulancia fluvial.

De otro lado, se verificó que los establecimientos educativos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicio de energía eléctrica y/o paneles solares, no hay agua potable y no hay acceso a internet. Igualmente se evidencia que no hay acceso para cursar los grados 10 y 11 en los colegios de la zona. Allí la comunidad requiere se amplie la oferta institucional para los jóvenes y se mejoren las condiciones en las que se encuentran los docentes.

Adicionalmente, la comunidad advierte la imposibilidad de transportarse por los altos costos de este servicio y por el mal estado de las vías. Debido a esta situación la comunidad no puede adelantar sus actividades económicas, transporte de alimentos, suministros y remisión de enfermos de alta complejidad.

Fuente: Defensoría del Pueblo

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Advierten pasos alternos en el puente sobre el río Upía por labores de mantenimiento

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Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.

Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.

Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.

Fuente: Covioriente

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Asociación afrometense en Castilla La Nueva adquirió tierras con recursos de regalías

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Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.

En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.

La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.

El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.

Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.

Fuente: Gobernación del Meta

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Anuncian pago de recompensas para enfrentar la delincuencia en la región del Ariari

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Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.

Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.

Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.

Fuente: Gobernación del Meta

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