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Meta arranca campaña para llevar ayudas a San Andrés y Providencia
Bajo la coordinación del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, y en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en cabeza de los 29 alcaldes, la Gobernación del Meta comenzó el fin de semana una campaña de donación de alimentos no perecederos, a fin de poder brindar apoyo en asistencia humanitaria en emergencia, a las familias damnificadas por los efectos del el huracán Iota, en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Wilson López Bogotá, coordinador departamental para la Gestión del Riesgo en el Meta, señaló que la campaña comenzó ayer 19 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre.
El punto de recepción para las donaciones está ubicada frente a la edificación de la Gobernación del Meta, en la plaza Los Libertadores, debidamente identificada como una carpa con el nombre de la campaña ‘De corazón, los llaneros estamos con Providencia’. Se están recibiendo todos los elementos no perecederos que están siendo donados por los ciudadanos, empresas, y organizaciones, a fin de realizar este apoyo por parte de los llaneros, puntualizó el funcionario.
Las donaciones se están consolidando bajo la coordinación de la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo y con el apoyo de todas las instituciones del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo (CDGRD), los organismos de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos Voluntarios), la fuerza pública, la Fuerza Aérea Colombiana y demás entidades y dependencias de la administración, que trabajan de manera articulada, bajo un mismo propósito.
López Bogotá precisó que sólo se están recibiendo alimentos perecederos básicos, que hacen parte de la guía de estandarización de Ayudas Humanitarias adoptada por la UNGRD, para este tipo de situaciones de asistencia humanitaria.
Donaciones
Entre los elementos que se están recepcionado están: Aceite, arroz, azúcar morena, café, chocolate, fríjol, lenteja, panela, pasta espagueti, harina de maíz, leche en polvo, atún en lata, sal y harina de trigo, entre otros. Son 17 productos que se armarán, según unos estándares, como kit de asistencia que pesa 17,5 kilos, y que le permite ser el sustento básico para una familia de hasta cinco personas por un término entre ocho y diez días.
Recordó que hay dos centros de acopio: el primero, en la Gobernación del Meta, y en cada una de las alcaldías bajo el liderazgo de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo. No hay otros puntos autorizados de recepción de donación en el marco de esta campaña humanitaria, agregó el director departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Para las personas, empresas o donaciones que deseen hacer grandes aportes en alimentos no perecederos, pueden acercarse a la Dirección departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, ubicada en el sexto piso de la Gobernación del Meta, y desde allí se coordinara todo lo pertinente para su recepción.
La jornada de recibo de alimentos se inicia cada día desde las 8:00 de la mañana.
Fuente: Gobernación de Meta
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
