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Meta arranca campaña para llevar ayudas a San Andrés y Providencia
Bajo la coordinación del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, y en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en cabeza de los 29 alcaldes, la Gobernación del Meta comenzó el fin de semana una campaña de donación de alimentos no perecederos, a fin de poder brindar apoyo en asistencia humanitaria en emergencia, a las familias damnificadas por los efectos del el huracán Iota, en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Wilson López Bogotá, coordinador departamental para la Gestión del Riesgo en el Meta, señaló que la campaña comenzó ayer 19 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre.
El punto de recepción para las donaciones está ubicada frente a la edificación de la Gobernación del Meta, en la plaza Los Libertadores, debidamente identificada como una carpa con el nombre de la campaña ‘De corazón, los llaneros estamos con Providencia’. Se están recibiendo todos los elementos no perecederos que están siendo donados por los ciudadanos, empresas, y organizaciones, a fin de realizar este apoyo por parte de los llaneros, puntualizó el funcionario.
Las donaciones se están consolidando bajo la coordinación de la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo y con el apoyo de todas las instituciones del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo (CDGRD), los organismos de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos Voluntarios), la fuerza pública, la Fuerza Aérea Colombiana y demás entidades y dependencias de la administración, que trabajan de manera articulada, bajo un mismo propósito.
López Bogotá precisó que sólo se están recibiendo alimentos perecederos básicos, que hacen parte de la guía de estandarización de Ayudas Humanitarias adoptada por la UNGRD, para este tipo de situaciones de asistencia humanitaria.
Donaciones
Entre los elementos que se están recepcionado están: Aceite, arroz, azúcar morena, café, chocolate, fríjol, lenteja, panela, pasta espagueti, harina de maíz, leche en polvo, atún en lata, sal y harina de trigo, entre otros. Son 17 productos que se armarán, según unos estándares, como kit de asistencia que pesa 17,5 kilos, y que le permite ser el sustento básico para una familia de hasta cinco personas por un término entre ocho y diez días.
Recordó que hay dos centros de acopio: el primero, en la Gobernación del Meta, y en cada una de las alcaldías bajo el liderazgo de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo. No hay otros puntos autorizados de recepción de donación en el marco de esta campaña humanitaria, agregó el director departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Para las personas, empresas o donaciones que deseen hacer grandes aportes en alimentos no perecederos, pueden acercarse a la Dirección departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, ubicada en el sexto piso de la Gobernación del Meta, y desde allí se coordinara todo lo pertinente para su recepción.
La jornada de recibo de alimentos se inicia cada día desde las 8:00 de la mañana.
Fuente: Gobernación de Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
