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Meta arranca campaña para llevar ayudas a San Andrés y Providencia
Bajo la coordinación del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, y en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en cabeza de los 29 alcaldes, la Gobernación del Meta comenzó el fin de semana una campaña de donación de alimentos no perecederos, a fin de poder brindar apoyo en asistencia humanitaria en emergencia, a las familias damnificadas por los efectos del el huracán Iota, en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Wilson López Bogotá, coordinador departamental para la Gestión del Riesgo en el Meta, señaló que la campaña comenzó ayer 19 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre.
El punto de recepción para las donaciones está ubicada frente a la edificación de la Gobernación del Meta, en la plaza Los Libertadores, debidamente identificada como una carpa con el nombre de la campaña ‘De corazón, los llaneros estamos con Providencia’. Se están recibiendo todos los elementos no perecederos que están siendo donados por los ciudadanos, empresas, y organizaciones, a fin de realizar este apoyo por parte de los llaneros, puntualizó el funcionario.
Las donaciones se están consolidando bajo la coordinación de la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo y con el apoyo de todas las instituciones del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo (CDGRD), los organismos de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos Voluntarios), la fuerza pública, la Fuerza Aérea Colombiana y demás entidades y dependencias de la administración, que trabajan de manera articulada, bajo un mismo propósito.
López Bogotá precisó que sólo se están recibiendo alimentos perecederos básicos, que hacen parte de la guía de estandarización de Ayudas Humanitarias adoptada por la UNGRD, para este tipo de situaciones de asistencia humanitaria.
Donaciones
Entre los elementos que se están recepcionado están: Aceite, arroz, azúcar morena, café, chocolate, fríjol, lenteja, panela, pasta espagueti, harina de maíz, leche en polvo, atún en lata, sal y harina de trigo, entre otros. Son 17 productos que se armarán, según unos estándares, como kit de asistencia que pesa 17,5 kilos, y que le permite ser el sustento básico para una familia de hasta cinco personas por un término entre ocho y diez días.
Recordó que hay dos centros de acopio: el primero, en la Gobernación del Meta, y en cada una de las alcaldías bajo el liderazgo de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo. No hay otros puntos autorizados de recepción de donación en el marco de esta campaña humanitaria, agregó el director departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Para las personas, empresas o donaciones que deseen hacer grandes aportes en alimentos no perecederos, pueden acercarse a la Dirección departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, ubicada en el sexto piso de la Gobernación del Meta, y desde allí se coordinara todo lo pertinente para su recepción.
La jornada de recibo de alimentos se inicia cada día desde las 8:00 de la mañana.
Fuente: Gobernación de Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
