CASANARE
Excomandante del Gaula Casanare condenado por falsos positivos acudió ante la JEP
El mayor (r) del Ejército Gustavo Soto Bracamonte, condenado en la justicia ordinaria a penas que superan los 30 años de prisión, pidió perdón ante la JEP y reconoció que las víctimas no eran combatientes ni delincuentes.
Durante la audiencia de condicionalidad que se realizó este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en Casanare, implicado en falsos positivos, les pidió perdón a las víctimas y se comprometió a contribuir con el esclarecimiento de los hechos ante la Comisión de la Verdad.
Soto Bracamonte, quien fue comandante entre el 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, dijo que no se trata de “cualquier perdón”. “Me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara, asumiendo mis errores, y entregando a la JEP los procesos para llegar a la verdad verdadera de los hechos sucedidos”.
Luego de leer el informe presentado por las víctimas, en el que se relataron los hechos por los cuales fue procesado, Soto Bracamonte reconoció que las personas asesinadas “no eran combatientes ni delincuentes”, como se aseguró en el momento en el que fueron presentados como muertos en combate.
“Me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra, tal y cual ustedes lo solicitaron. Me comprometo a contar la verdad plena y temprana de lo sucedido, como ustedes lo han solicitado. Me comprometo a que los hechos victimizantes jamás se van a volver a presentar”, dijo el oficial en retiro. Los demás militares, uno por uno y con la voz entrecortada, les pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a lo que exige el sistema de justicia transicional: decir la verdad, diseñar un plan para repararlas y no volver a incurrir en las conductas por las que fueron condenados en la justicia ordinaria.
Posteriormente, el sargento viceprimero del Ejército Gustavo Montaña, implicado en todos los casos de falsos positivos por los que los militares fueron citados, pidió perdón ante los familiares de las víctimas:
Acto seguido, los familiares de las víctimas escucharon en silencio y no pudieron ocultar su dolor. Deyanira Achagua, hermana de Yuri Ferney Achagua Reyes, presentado falsamente como muerto en combate envió un emotivo mensaje a los magistrados y a los militares.
“No es fácil… pero lo quiero hacer; nunca habíamos tenido la oportunidad de ser escuchadas. Lo que hoy quiero es ser escuchada. Como ustedes lo dijeron, no eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares”, dijo entre lágrimas.
“Pedimos que realmente podamos saber la verdad, ¿quiénes daban las órdenes? Detrás debe haber algo más grande. Pido justicia. Ellos tienen libertad, ¿y nosotros qué tenemos, qué hemos recibido? ¿A nosotros quién nos ha escuchado? Pero los militares han tenido la oportunidad de ser escuchados”, agregó Deyanira Achagua, quien aseguró que fue ella quien fue la persona que vio por última vez a su hermano. “No guardo resentimiento, a pesar de que esto duele mucho. No hay ese odio hacia ellos (…) Las FF. MM. deben proteger vidas, no acabarlas”, concluyó.
Entre los comparecientes, además de Soto Bracamonte y del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados, también estuvieron presentes el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Fuente: www.colombia220.elespectador.com
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
