CASANARE
Excomandante del Gaula Casanare condenado por falsos positivos acudió ante la JEP
El mayor (r) del Ejército Gustavo Soto Bracamonte, condenado en la justicia ordinaria a penas que superan los 30 años de prisión, pidió perdón ante la JEP y reconoció que las víctimas no eran combatientes ni delincuentes.
Durante la audiencia de condicionalidad que se realizó este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en Casanare, implicado en falsos positivos, les pidió perdón a las víctimas y se comprometió a contribuir con el esclarecimiento de los hechos ante la Comisión de la Verdad.
Soto Bracamonte, quien fue comandante entre el 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, dijo que no se trata de “cualquier perdón”. “Me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara, asumiendo mis errores, y entregando a la JEP los procesos para llegar a la verdad verdadera de los hechos sucedidos”.
Luego de leer el informe presentado por las víctimas, en el que se relataron los hechos por los cuales fue procesado, Soto Bracamonte reconoció que las personas asesinadas “no eran combatientes ni delincuentes”, como se aseguró en el momento en el que fueron presentados como muertos en combate.
“Me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra, tal y cual ustedes lo solicitaron. Me comprometo a contar la verdad plena y temprana de lo sucedido, como ustedes lo han solicitado. Me comprometo a que los hechos victimizantes jamás se van a volver a presentar”, dijo el oficial en retiro. Los demás militares, uno por uno y con la voz entrecortada, les pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a lo que exige el sistema de justicia transicional: decir la verdad, diseñar un plan para repararlas y no volver a incurrir en las conductas por las que fueron condenados en la justicia ordinaria.
Posteriormente, el sargento viceprimero del Ejército Gustavo Montaña, implicado en todos los casos de falsos positivos por los que los militares fueron citados, pidió perdón ante los familiares de las víctimas:
Acto seguido, los familiares de las víctimas escucharon en silencio y no pudieron ocultar su dolor. Deyanira Achagua, hermana de Yuri Ferney Achagua Reyes, presentado falsamente como muerto en combate envió un emotivo mensaje a los magistrados y a los militares.
“No es fácil… pero lo quiero hacer; nunca habíamos tenido la oportunidad de ser escuchadas. Lo que hoy quiero es ser escuchada. Como ustedes lo dijeron, no eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares”, dijo entre lágrimas.
“Pedimos que realmente podamos saber la verdad, ¿quiénes daban las órdenes? Detrás debe haber algo más grande. Pido justicia. Ellos tienen libertad, ¿y nosotros qué tenemos, qué hemos recibido? ¿A nosotros quién nos ha escuchado? Pero los militares han tenido la oportunidad de ser escuchados”, agregó Deyanira Achagua, quien aseguró que fue ella quien fue la persona que vio por última vez a su hermano. “No guardo resentimiento, a pesar de que esto duele mucho. No hay ese odio hacia ellos (…) Las FF. MM. deben proteger vidas, no acabarlas”, concluyó.
Entre los comparecientes, además de Soto Bracamonte y del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados, también estuvieron presentes el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Fuente: www.colombia220.elespectador.com
CASANARE
Tribunal ordena a la Alcaldía de Yopal cobrar estampillas omitidas en convenios con ASOSUPRO
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.
Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.
El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.
Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.
El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.
CASANARE
Senador Alirio Barrera denuncia que grupos políticos “lo quieren encochinar” a el y su familia
El senador Alirio Barrera denunció públicamente lo que calificó como una “persecución política y judicial” en su contra y la de su familia, que —según él— busca “encochinar su nombre” y afectar su imagen en medio de la coyuntura electoral en Casanare. Barrera aseguró que detrás de estos hechos estarían algunos funcionarios de organismos como la SIJIN y el CTI, presuntamente al servicio de intereses políticos de sectores contrarios.
El congresista recordó que hace tres años su yerno fue capturado de manera irregular, en un hecho que calificó como un “espectáculo mediático”, pues horas después fue dejado en libertad al comprobarse que se trató de un error. “Lo hicieron ver como un delincuente, le destruyeron la vida y luego simplemente dijeron que había sido un error”, expresó Barrera, quien afirmó que el proceso fue archivado por la Fiscalía en Bogotá.
Según el senador, la semana anterior se repitió una situación similar cuando su yerno fue nuevamente detenido en un centro comercial de Yopal sin orden judicial ni denuncia en su contra. “Lo capturaron delante de su esposa, su hija y sus hermanos, sin ninguna orden de captura o conducción, para después decir otra vez que se trató de una confusión. Eso es inaceptable”, señaló, advirtiendo que el procedimiento fue irregular y que incluso ingresaron a una propiedad privada como es el Centro Comercial sin autorización.
Barrera aseguró que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia política para desprestigiar a su familia. “Nos tienen vigilados, nos siguen con drones que llegan a la casa, nos interceptan los teléfonos y nos infiltran con personal de seguridad. Es una persecución sistemática”, afirmó, señalando que algunos funcionarios estarían actuando bajo órdenes de sectores políticos que buscan afectar las aspiraciones suyas y de su esposa, Marisela Duarte, en el escenario regional.
El senador anunció que presentará las pruebas recolectadas ante el Congreso de la República y en instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Fiscalías y de la Policía Nacional para investigar lo que considera un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales de su familia.
“Respeto a las instituciones, pero hay funcionarios que se están prestando para hacer favores políticos. Ya lo hicieron antes de unas elecciones y ahora lo vuelven a hacer. No pueden seguir usando la justicia para ganar campañas”, puntualizó el senador Barrera, quien pidió garantías para ejercer su actividad política sin persecuciones ni hostigamientos.
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
