CASANARE
Excomandante del Gaula Casanare condenado por falsos positivos acudió ante la JEP
El mayor (r) del Ejército Gustavo Soto Bracamonte, condenado en la justicia ordinaria a penas que superan los 30 años de prisión, pidió perdón ante la JEP y reconoció que las víctimas no eran combatientes ni delincuentes.
Durante la audiencia de condicionalidad que se realizó este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en Casanare, implicado en falsos positivos, les pidió perdón a las víctimas y se comprometió a contribuir con el esclarecimiento de los hechos ante la Comisión de la Verdad.
Soto Bracamonte, quien fue comandante entre el 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, dijo que no se trata de “cualquier perdón”. “Me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara, asumiendo mis errores, y entregando a la JEP los procesos para llegar a la verdad verdadera de los hechos sucedidos”.
Luego de leer el informe presentado por las víctimas, en el que se relataron los hechos por los cuales fue procesado, Soto Bracamonte reconoció que las personas asesinadas “no eran combatientes ni delincuentes”, como se aseguró en el momento en el que fueron presentados como muertos en combate.
“Me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra, tal y cual ustedes lo solicitaron. Me comprometo a contar la verdad plena y temprana de lo sucedido, como ustedes lo han solicitado. Me comprometo a que los hechos victimizantes jamás se van a volver a presentar”, dijo el oficial en retiro. Los demás militares, uno por uno y con la voz entrecortada, les pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a lo que exige el sistema de justicia transicional: decir la verdad, diseñar un plan para repararlas y no volver a incurrir en las conductas por las que fueron condenados en la justicia ordinaria.
Posteriormente, el sargento viceprimero del Ejército Gustavo Montaña, implicado en todos los casos de falsos positivos por los que los militares fueron citados, pidió perdón ante los familiares de las víctimas:
Acto seguido, los familiares de las víctimas escucharon en silencio y no pudieron ocultar su dolor. Deyanira Achagua, hermana de Yuri Ferney Achagua Reyes, presentado falsamente como muerto en combate envió un emotivo mensaje a los magistrados y a los militares.
“No es fácil… pero lo quiero hacer; nunca habíamos tenido la oportunidad de ser escuchadas. Lo que hoy quiero es ser escuchada. Como ustedes lo dijeron, no eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares”, dijo entre lágrimas.
“Pedimos que realmente podamos saber la verdad, ¿quiénes daban las órdenes? Detrás debe haber algo más grande. Pido justicia. Ellos tienen libertad, ¿y nosotros qué tenemos, qué hemos recibido? ¿A nosotros quién nos ha escuchado? Pero los militares han tenido la oportunidad de ser escuchados”, agregó Deyanira Achagua, quien aseguró que fue ella quien fue la persona que vio por última vez a su hermano. “No guardo resentimiento, a pesar de que esto duele mucho. No hay ese odio hacia ellos (…) Las FF. MM. deben proteger vidas, no acabarlas”, concluyó.
Entre los comparecientes, además de Soto Bracamonte y del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados, también estuvieron presentes el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Fuente: www.colombia220.elespectador.com
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
