CASANARE
Excomandante del Gaula Casanare condenado por falsos positivos acudió ante la JEP
El mayor (r) del Ejército Gustavo Soto Bracamonte, condenado en la justicia ordinaria a penas que superan los 30 años de prisión, pidió perdón ante la JEP y reconoció que las víctimas no eran combatientes ni delincuentes.
Durante la audiencia de condicionalidad que se realizó este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en Casanare, implicado en falsos positivos, les pidió perdón a las víctimas y se comprometió a contribuir con el esclarecimiento de los hechos ante la Comisión de la Verdad.
Soto Bracamonte, quien fue comandante entre el 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, dijo que no se trata de “cualquier perdón”. “Me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara, asumiendo mis errores, y entregando a la JEP los procesos para llegar a la verdad verdadera de los hechos sucedidos”.
Luego de leer el informe presentado por las víctimas, en el que se relataron los hechos por los cuales fue procesado, Soto Bracamonte reconoció que las personas asesinadas “no eran combatientes ni delincuentes”, como se aseguró en el momento en el que fueron presentados como muertos en combate.
“Me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra, tal y cual ustedes lo solicitaron. Me comprometo a contar la verdad plena y temprana de lo sucedido, como ustedes lo han solicitado. Me comprometo a que los hechos victimizantes jamás se van a volver a presentar”, dijo el oficial en retiro. Los demás militares, uno por uno y con la voz entrecortada, les pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a lo que exige el sistema de justicia transicional: decir la verdad, diseñar un plan para repararlas y no volver a incurrir en las conductas por las que fueron condenados en la justicia ordinaria.
Posteriormente, el sargento viceprimero del Ejército Gustavo Montaña, implicado en todos los casos de falsos positivos por los que los militares fueron citados, pidió perdón ante los familiares de las víctimas:
Acto seguido, los familiares de las víctimas escucharon en silencio y no pudieron ocultar su dolor. Deyanira Achagua, hermana de Yuri Ferney Achagua Reyes, presentado falsamente como muerto en combate envió un emotivo mensaje a los magistrados y a los militares.
“No es fácil… pero lo quiero hacer; nunca habíamos tenido la oportunidad de ser escuchadas. Lo que hoy quiero es ser escuchada. Como ustedes lo dijeron, no eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares”, dijo entre lágrimas.
“Pedimos que realmente podamos saber la verdad, ¿quiénes daban las órdenes? Detrás debe haber algo más grande. Pido justicia. Ellos tienen libertad, ¿y nosotros qué tenemos, qué hemos recibido? ¿A nosotros quién nos ha escuchado? Pero los militares han tenido la oportunidad de ser escuchados”, agregó Deyanira Achagua, quien aseguró que fue ella quien fue la persona que vio por última vez a su hermano. “No guardo resentimiento, a pesar de que esto duele mucho. No hay ese odio hacia ellos (…) Las FF. MM. deben proteger vidas, no acabarlas”, concluyó.
Entre los comparecientes, además de Soto Bracamonte y del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados, también estuvieron presentes el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Fuente: www.colombia220.elespectador.com
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
