CASANARE
Excomandante del Gaula Casanare condenado por falsos positivos acudió ante la JEP
El mayor (r) del Ejército Gustavo Soto Bracamonte, condenado en la justicia ordinaria a penas que superan los 30 años de prisión, pidió perdón ante la JEP y reconoció que las víctimas no eran combatientes ni delincuentes.
Durante la audiencia de condicionalidad que se realizó este jueves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en Casanare, implicado en falsos positivos, les pidió perdón a las víctimas y se comprometió a contribuir con el esclarecimiento de los hechos ante la Comisión de la Verdad.
Soto Bracamonte, quien fue comandante entre el 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, dijo que no se trata de “cualquier perdón”. “Me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara, asumiendo mis errores, y entregando a la JEP los procesos para llegar a la verdad verdadera de los hechos sucedidos”.
Luego de leer el informe presentado por las víctimas, en el que se relataron los hechos por los cuales fue procesado, Soto Bracamonte reconoció que las personas asesinadas “no eran combatientes ni delincuentes”, como se aseguró en el momento en el que fueron presentados como muertos en combate.
“Me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra, tal y cual ustedes lo solicitaron. Me comprometo a contar la verdad plena y temprana de lo sucedido, como ustedes lo han solicitado. Me comprometo a que los hechos victimizantes jamás se van a volver a presentar”, dijo el oficial en retiro. Los demás militares, uno por uno y con la voz entrecortada, les pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a lo que exige el sistema de justicia transicional: decir la verdad, diseñar un plan para repararlas y no volver a incurrir en las conductas por las que fueron condenados en la justicia ordinaria.
Posteriormente, el sargento viceprimero del Ejército Gustavo Montaña, implicado en todos los casos de falsos positivos por los que los militares fueron citados, pidió perdón ante los familiares de las víctimas:
Acto seguido, los familiares de las víctimas escucharon en silencio y no pudieron ocultar su dolor. Deyanira Achagua, hermana de Yuri Ferney Achagua Reyes, presentado falsamente como muerto en combate envió un emotivo mensaje a los magistrados y a los militares.
“No es fácil… pero lo quiero hacer; nunca habíamos tenido la oportunidad de ser escuchadas. Lo que hoy quiero es ser escuchada. Como ustedes lo dijeron, no eran delincuentes, guerrilleros, paramilitares”, dijo entre lágrimas.
“Pedimos que realmente podamos saber la verdad, ¿quiénes daban las órdenes? Detrás debe haber algo más grande. Pido justicia. Ellos tienen libertad, ¿y nosotros qué tenemos, qué hemos recibido? ¿A nosotros quién nos ha escuchado? Pero los militares han tenido la oportunidad de ser escuchados”, agregó Deyanira Achagua, quien aseguró que fue ella quien fue la persona que vio por última vez a su hermano. “No guardo resentimiento, a pesar de que esto duele mucho. No hay ese odio hacia ellos (…) Las FF. MM. deben proteger vidas, no acabarlas”, concluyó.
Entre los comparecientes, además de Soto Bracamonte y del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados, también estuvieron presentes el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Fuente: www.colombia220.elespectador.com
La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra el municipio de Sabanalarga (Atlántico), gestor catastral autorizado para Yopal. Esta acción surge a raíz de una solicitud de la Alcaldía de Yopal para revisar presuntas inconsistencias en el convenio suscrito con Catasig en mayo de 2023.
El oficio detalla que, una vez la Alcaldía de Yopal evidenció las inconsistencias, las puso en conocimiento de la autoridad competente. Ahora, se solicita al municipio que allegue todas las evidencias disponibles, tales como fotografías, informes del supervisor al gestor catastral y copia de la primera comunicación remitida.
Actualmente, la expedición de la facturación del impuesto predial ha sido imposible debido a que la información entregada por Catasig contiene errores significativos que impiden realizar el procedimiento correctamente.
Entre las fallas detectadas se encuentran 16.538 predios con inconsistencias, información incompleta en los formatos R1 y R2, espacios de dígitos vacíos, predios sin destino o dirección, otros sin área de terreno o construcción, y duplicidad de predios, entre otras irregularidades.
Aunque la responsabilidad de enmendar estos errores recae en Catasig, funcionarios de diversas dependencias de la Alcaldía de Yopal están trabajando arduamente para corregir la información y expedir la facturación en el menor tiempo posible.
La Gobernación de Casanare anunció un balance de alto cumplimiento en la novena sesión de la Mesa Departamental de Política y Concertación Indígena. Con corte a 31 de diciembre de 2025, la administración departamental reportó un 95% de cumplimiento físico y un 96% de ejecución financiera, con una inversión superior a los $12.500 millones en los compromisos programados.
Esta mesa, establecida por el Decreto 0083 de 2014 y actualizada por el Decreto 0339 de 2025, funge como un espacio oficial y vinculante que garantiza la participación y autodeterminación de los pueblos indígenas, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política colombiana. Los resultados presentados se enmarcan en el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Oportunidades para Casanare”.
En la sesión, el Departamento Administrativo de Planeación expuso la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones – Asignación Especial para Resguardos Indígenas (SGP–AESGPRI) en municipios como Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama y Támara. Además, se detallaron 20 asistencias técnicas para Planes de Vida (2024–2025) y un avance del 50% en la meta cuatrienal de 108 jornadas de fortalecimiento del gobierno propio.
Entre los logros, se destacó la culminación de la Fase I de la ruta intercultural para la prevención y atención de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, avanzando en su implementación. También se realizaron acciones de articulación con la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para implementar medidas de protección con enfoque diferencial.
El gobernador César Ortiz Zorro afirmó que el 95% de cumplimiento “refleja que el diálogo se traduce en inversión y resultados concretos para fortalecer la autonomía indígena”. La directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Avella Blanco, y el secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, resaltaron la importancia de las asistencias técnicas y la transparencia institucional.
La sesión también permitió definir compromisos, cronogramas de seguimiento y metas para la vigencia 2026, consolidando un ejercicio de planeación concertada que integra inversión, asistencia técnica y acompañamiento jurídico para los resguardos indígenas del departamento. La décima sesión y el octavo Congreso Regional Indígena ya tienen fechas previstas para julio y octubre de 2026, respectivamente.
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
