CASANARE
Madre busca en Yopal que el ICBF no entregue su hijo en adopción
Una joven madre reclama en Yopal que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, le quitó la custodia de su hijo de 9 años sin justa causa, y que ahora “lo quieren vender” a una familia de Italia, por lo que ayer se apostó en el Aeropuerto El Alcaraván de la capital casanareña para evitar que el menor fuera embarcado hacia su nuevo destino.
Lidia Barreto Lizarazo, madre cabeza de hogar de 5 hijos, denuncia que todo empezó por señalamientos de una vecina en épocas anteriores, y que bajo el argumento de que ella no cuenta con los recursos para el sostenimiento y alimentación de sus 5 hijos, el ICBF hace cerca de dos años le quitó la custodia del menor y ahora habría sido entregado en adopción a una familia italiana.
Explicó la angustiada madre de familia, que se han presentado varias situaciones con su hijo y que una madre sustituta lo llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde argumentaron que el menor estaba en estado de abandono y que ella no tenía cómo velar por su sostenimiento, por no tener vivienda ni trabajo fijo.
“De ahí se pegaron y se lo llevaron, pero no hay maltrato, no hay desnutrición, no hay justa causa para que me lo quiten. He estado bregando para que me lo regresen, la apelación la hice, y siempre me dicen que no, que es lo que diga el grupo de trabajo de Bienestar Familiar, que ellos son la máxima autoridad que está sobre el niño y no he podido hacer nada”, indicó la mujer que sigue reclamando que su hijo no se quiere ir con otra familia, y que incluso hace pocos días se voló del Colegio y llegó a su casa.
La directora regional del ICBF, Yenny Rincón Serna, no se ha pronunciado puntualmente sobre este caso y las preocupantes denuncias que hace la madre de familia, y solo a través de un Comunicado de Prensa se limitó a hacer referencia a la tramitología y procesos que se deben cumplir para los procesos de adopción, señalando que en este caso la decisión de adoptabilidad fue dada el 4 de noviembre de 2015 y decretada por un Juez de Familia el 23 de junio de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en aras de dar claridad sobre el trámite de los procesos de adopciones indica a la opinión pública, que un proceso administrativo de restablecimiento de derechos se inicia cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en estado de amenaza o vulneración de derechos y lo que busca es restaurar la dignidad e integridad de los niños y niñas, garantizando su protección integral.
Es el Defensor de Familia como autoridad administrativa y el equipo interdisciplinario, quiénes después de una verificación de derechos, de una intervención a la familia biológica y de una búsqueda de familia extensa, determinan las medidas de restablecimiento que en última instancia pueden llegar al reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.
Frente a la garantía del debido proceso, se indica que tanto el ministerio público como la familia biológica son vinculados al desarrollo del proceso de declaración de adoptabilidad, y todas las garantías procesales son valoradas, evaluadas y decididas por el Juez de Familia, quien mediante una revisión de los trámites adelantados y el ejercicio de entrevistas correspondientes homologan la decisión de adoptabilidad emitida por la Defensoría de Familia. Para el caso que circula a través de redes sociales, la declaratoria de adoptabilidad fue dada el 4 de diciembre de 2015 y la homologación fue decretada por el juez de familia el 23 de junio de 2016.
La ley de infancia y adolescencia en su artículo 75 determina que todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios de un proceso de adopción tienen reserva legal, por lo anterior no es posible hacer referencia de un caso específico para conocimiento público, salvaguardando además la dignidad y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, es importante señalar que los hogares sustitutos son medidas de protección provisional, en donde se brinda el cuidado y protección temporal, mientras se define la situación legal del niño o niña, y se realiza el proceso de reintegro familiar o la búsqueda de una familia adoptante, según corresponda; este proceso de búsqueda de una familia requiere de un trámite de preparación, en donde se identifica una idoneidad física, mental, moral y social, para garantizar la asignación del niño o niña.
Yopal, 12 de abril de 2018
Dirección Regional
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
