CASANARE
Madre busca en Yopal que el ICBF no entregue su hijo en adopción
Una joven madre reclama en Yopal que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, le quitó la custodia de su hijo de 9 años sin justa causa, y que ahora “lo quieren vender” a una familia de Italia, por lo que ayer se apostó en el Aeropuerto El Alcaraván de la capital casanareña para evitar que el menor fuera embarcado hacia su nuevo destino.
Lidia Barreto Lizarazo, madre cabeza de hogar de 5 hijos, denuncia que todo empezó por señalamientos de una vecina en épocas anteriores, y que bajo el argumento de que ella no cuenta con los recursos para el sostenimiento y alimentación de sus 5 hijos, el ICBF hace cerca de dos años le quitó la custodia del menor y ahora habría sido entregado en adopción a una familia italiana.
Explicó la angustiada madre de familia, que se han presentado varias situaciones con su hijo y que una madre sustituta lo llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde argumentaron que el menor estaba en estado de abandono y que ella no tenía cómo velar por su sostenimiento, por no tener vivienda ni trabajo fijo.
“De ahí se pegaron y se lo llevaron, pero no hay maltrato, no hay desnutrición, no hay justa causa para que me lo quiten. He estado bregando para que me lo regresen, la apelación la hice, y siempre me dicen que no, que es lo que diga el grupo de trabajo de Bienestar Familiar, que ellos son la máxima autoridad que está sobre el niño y no he podido hacer nada”, indicó la mujer que sigue reclamando que su hijo no se quiere ir con otra familia, y que incluso hace pocos días se voló del Colegio y llegó a su casa.
La directora regional del ICBF, Yenny Rincón Serna, no se ha pronunciado puntualmente sobre este caso y las preocupantes denuncias que hace la madre de familia, y solo a través de un Comunicado de Prensa se limitó a hacer referencia a la tramitología y procesos que se deben cumplir para los procesos de adopción, señalando que en este caso la decisión de adoptabilidad fue dada el 4 de noviembre de 2015 y decretada por un Juez de Familia el 23 de junio de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en aras de dar claridad sobre el trámite de los procesos de adopciones indica a la opinión pública, que un proceso administrativo de restablecimiento de derechos se inicia cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en estado de amenaza o vulneración de derechos y lo que busca es restaurar la dignidad e integridad de los niños y niñas, garantizando su protección integral.
Es el Defensor de Familia como autoridad administrativa y el equipo interdisciplinario, quiénes después de una verificación de derechos, de una intervención a la familia biológica y de una búsqueda de familia extensa, determinan las medidas de restablecimiento que en última instancia pueden llegar al reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.
Frente a la garantía del debido proceso, se indica que tanto el ministerio público como la familia biológica son vinculados al desarrollo del proceso de declaración de adoptabilidad, y todas las garantías procesales son valoradas, evaluadas y decididas por el Juez de Familia, quien mediante una revisión de los trámites adelantados y el ejercicio de entrevistas correspondientes homologan la decisión de adoptabilidad emitida por la Defensoría de Familia. Para el caso que circula a través de redes sociales, la declaratoria de adoptabilidad fue dada el 4 de diciembre de 2015 y la homologación fue decretada por el juez de familia el 23 de junio de 2016.
La ley de infancia y adolescencia en su artículo 75 determina que todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios de un proceso de adopción tienen reserva legal, por lo anterior no es posible hacer referencia de un caso específico para conocimiento público, salvaguardando además la dignidad y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, es importante señalar que los hogares sustitutos son medidas de protección provisional, en donde se brinda el cuidado y protección temporal, mientras se define la situación legal del niño o niña, y se realiza el proceso de reintegro familiar o la búsqueda de una familia adoptante, según corresponda; este proceso de búsqueda de una familia requiere de un trámite de preparación, en donde se identifica una idoneidad física, mental, moral y social, para garantizar la asignación del niño o niña.
Yopal, 12 de abril de 2018
Dirección Regional
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Con los resultados del preconteo, la Cámara de Representantes por Casanare estará ocupada por Arledy Alvarado Patiño y Diego Fernando García Alfonso.
Alvarado Patiño, quien aspiraba a la curul por el Partido Centro Democrático, de acuerdo al preconteo alcanzó 17.747 votos, de los 48.014 papeletas que obtuvo la colectividad, que a la postre fue la más votada en el departamento. En esa misma lista el candidato Álvaro Mariño obtuvo 12.622 votos, mientras que el pastor Wilmer Garcés ayudó con 8.760. El logo del Partido, que son los votos solo por la lista, alcanzó un total de 8.885 votos.
Por su parte García Alfonso, quien representaba a la Alianza por Casanare, conformada por el Partido Verde y el Partido En Marcha, logró 32.061 votos en el preconteo, convirtiéndose en el candidato más votado de la contienda. En esa misma lista la candidata Diana Rincón Leguizamón obtuvo 5.205 votos, mientras que el candidato Fabián Cordero Escobar colaboró con 2.700 votos. El logo de la Alianza alcanzó 1.824 votos. La lista total llegó a los 41.790 votos.
Ambos representantes se comprometieron a no parar su trabajo de campaña, y esta semana estarán visitando a sus electores en los diferentes municipios, de acuerdo con lo expresado luego de conocerse los resultados la noche anterior. Tanto Arledy Alvarado como Diego García señalaron que de inmediato iniciarán su trabajo para avanzar en diferentes temas, de cara a “no perder tiempo” en las gestiones que deben realizar desde sus curules.
La jornada electoral para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y consultas políticas se desarrolló con normalidad en Yopal, según el balance entregado por las autoridades al cierre de las votaciones.
Durante la jornada, que se extendió por ocho horas continuas, los ciudadanos acudieron a los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el proceso transcurrió en un ambiente de participación ciudadana y sin alteraciones que afectaran el desarrollo de los comicios.
Una vez cerradas las urnas, los jurados de votación iniciaron el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye la destrucción del material electoral sobrante y el conteo de votos en cada mesa. El proceso de preconteo se realizó siguiendo el orden definido por la autoridad electoral: primero las consultas, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes.
La secretaria de Gobierno ad hoc para temas electorales, Carina Rojas Barreto, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y señaló que el proceso se desarrolló con tranquilidad y respeto por las normas del ejercicio democrático.
De acuerdo con el balance preliminar, aunque se registraron algunas manifestaciones políticas en las afueras de ciertos puestos de votación, estas no afectaron de manera significativa el desarrollo de la jornada ni el funcionamiento de los puestos habilitados.
Las autoridades recordaron que los resultados oficiales serán definidos en el proceso de escrutinio electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
En la vereda Buenos Aires Alto, jurisdicción de Villanueva, avanza la construcción de un dique de casi un kilómetro, específicamente 750 metros lineales, diseñado para mitigar los desbordamientos del río Upía. Esta obra es parte de las más de diez intervenciones en puntos críticos que el gobierno de César Ortiz Zorro ejecuta en el departamento de Casanare, buscando reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades rurales.
Los directores de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, Wilson Porras, y de Villanueva, Edgar Mendoza, junto a líderes comunitarios, realizaron una inspección técnica al proyecto. Este sector ha sufrido afectaciones durante aproximadamente seis años, con el río desbordándose e inundando más de 40 predios y la vía que conecta a Caribayona, Santa Helena del Upía y parte de Buenos Aires.
José María Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Alto, ha relatado las recurrentes dificultades que enfrentan las familias. Las inundaciones han causado la pérdida de cultivos, la muerte de animales y severos problemas de movilidad para los campesinos que intentan acceder a sus viviendas, además de deteriorar constantemente la infraestructura vial.
El ingeniero Wilson Porras detalló que la estructura tendrá una pata de ocho metros, una corona de cuatro metros y dos metros de altura. Se concibe como un dique externo que no soporta el embate directo del río, sino que actúa como una barrera de contención para el agua desbordada. Su función es permitir que las inundaciones retornen al cauce principal, evitando así que sigan afectando viviendas, cultivos y la carretera.
Con esta obra, la administración departamental busca ofrecer una solución duradera a una problemática que ha impactado negativamente la economía y calidad de vida de los habitantes de esta zona rural de Villanueva, blindándolos ante futuras crecientes del río Upía.
