CASANARE
Madre busca en Yopal que el ICBF no entregue su hijo en adopción
Una joven madre reclama en Yopal que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, le quitó la custodia de su hijo de 9 años sin justa causa, y que ahora “lo quieren vender” a una familia de Italia, por lo que ayer se apostó en el Aeropuerto El Alcaraván de la capital casanareña para evitar que el menor fuera embarcado hacia su nuevo destino.
Lidia Barreto Lizarazo, madre cabeza de hogar de 5 hijos, denuncia que todo empezó por señalamientos de una vecina en épocas anteriores, y que bajo el argumento de que ella no cuenta con los recursos para el sostenimiento y alimentación de sus 5 hijos, el ICBF hace cerca de dos años le quitó la custodia del menor y ahora habría sido entregado en adopción a una familia italiana.
Explicó la angustiada madre de familia, que se han presentado varias situaciones con su hijo y que una madre sustituta lo llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde argumentaron que el menor estaba en estado de abandono y que ella no tenía cómo velar por su sostenimiento, por no tener vivienda ni trabajo fijo.
“De ahí se pegaron y se lo llevaron, pero no hay maltrato, no hay desnutrición, no hay justa causa para que me lo quiten. He estado bregando para que me lo regresen, la apelación la hice, y siempre me dicen que no, que es lo que diga el grupo de trabajo de Bienestar Familiar, que ellos son la máxima autoridad que está sobre el niño y no he podido hacer nada”, indicó la mujer que sigue reclamando que su hijo no se quiere ir con otra familia, y que incluso hace pocos días se voló del Colegio y llegó a su casa.
La directora regional del ICBF, Yenny Rincón Serna, no se ha pronunciado puntualmente sobre este caso y las preocupantes denuncias que hace la madre de familia, y solo a través de un Comunicado de Prensa se limitó a hacer referencia a la tramitología y procesos que se deben cumplir para los procesos de adopción, señalando que en este caso la decisión de adoptabilidad fue dada el 4 de noviembre de 2015 y decretada por un Juez de Familia el 23 de junio de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en aras de dar claridad sobre el trámite de los procesos de adopciones indica a la opinión pública, que un proceso administrativo de restablecimiento de derechos se inicia cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en estado de amenaza o vulneración de derechos y lo que busca es restaurar la dignidad e integridad de los niños y niñas, garantizando su protección integral.
Es el Defensor de Familia como autoridad administrativa y el equipo interdisciplinario, quiénes después de una verificación de derechos, de una intervención a la familia biológica y de una búsqueda de familia extensa, determinan las medidas de restablecimiento que en última instancia pueden llegar al reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.
Frente a la garantía del debido proceso, se indica que tanto el ministerio público como la familia biológica son vinculados al desarrollo del proceso de declaración de adoptabilidad, y todas las garantías procesales son valoradas, evaluadas y decididas por el Juez de Familia, quien mediante una revisión de los trámites adelantados y el ejercicio de entrevistas correspondientes homologan la decisión de adoptabilidad emitida por la Defensoría de Familia. Para el caso que circula a través de redes sociales, la declaratoria de adoptabilidad fue dada el 4 de diciembre de 2015 y la homologación fue decretada por el juez de familia el 23 de junio de 2016.
La ley de infancia y adolescencia en su artículo 75 determina que todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios de un proceso de adopción tienen reserva legal, por lo anterior no es posible hacer referencia de un caso específico para conocimiento público, salvaguardando además la dignidad y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, es importante señalar que los hogares sustitutos son medidas de protección provisional, en donde se brinda el cuidado y protección temporal, mientras se define la situación legal del niño o niña, y se realiza el proceso de reintegro familiar o la búsqueda de una familia adoptante, según corresponda; este proceso de búsqueda de una familia requiere de un trámite de preparación, en donde se identifica una idoneidad física, mental, moral y social, para garantizar la asignación del niño o niña.
Yopal, 12 de abril de 2018
Dirección Regional
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación permitió que el Tribunal Superior de Yopal revocara el fallo absolutorio de primera instancia al exintegrante de la Policía Nacional, Didier Augusto Cabrera Díaz, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y lo condenó a la pena de 16 años y 8 meses de prisión.
La Fiscalía demostró que para enero de 2015, el sargento Cabrera Díaz fungía como subcomandante de la Estación de Policía de Pore, quien estableció contacto con una niña, de 13 años.
A los pocos días este hombre la invitó a salir, la llevó a una cabaña a las afueras del municipio y la accedió carnalmente. Semanas después de lo ocurrido, se conoció que la víctima estaba embarazada.
Este hombre fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. Además, el Tribunal le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
Contra esta decisión procede el recurso de casación.
El Superintendente Nacional de Salud designó nuevos agentes interventores en las EPS con medida de intervención, entre ellas Capresoca.
La Superintendencia Nacional de Salud busca con esta decisión ser más eficaces, de cara a los requerimientos y demandas de los usuarios y darle cumplimiento a los componentes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo.
Nueva Agente Interventora de Capresoca
En Capesoca EPS fue designada Bety Cecilia Anaya Nieto, Administradora de Empresas, con Especialización en Auditoría en Salud y Maestría en Gerencia Estratégica, con experiencia de 24 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor.
La profesional fue posesionada virtualmente este viernes 14 de noviembre y a está ejerciendo sus funciones, garantizando la continuidad en la prestación del servicio, sin interrupciones ni afectación a los usuarios del Sistema de Salud.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre invidente, señalado de agredir sexualmente a un vecino de 4 años, en Yopal.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó el cargo.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Villa David la tarde del pasado 8 de noviembre, cuando el presunto agresor de 47 años, fue sorprendido por la madre de la víctima, mientras estaba desnudo y acostado con el niño en un chinchorro.
La comunidad informó de inmediato a la policía, quien capturó en flagrancia a este hombre.
