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Lluvias causan nuevas afectaciones en la vía Bogotá – Villavicencio
La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina informan las autoridades, comunidades vecinas y usuarios del corredor vial Bogotá – Villavicencio que, las fuertes precipitaciones registradas en inmediaciones de Guayabetal y varios sectores de la vía desde la noche del miércoles anterior causaron varias afectaciones.
En el trayecto nuevamente se presentó caída de material en varios de los puntos afectados, y adicionalmente se presentó la afectación de la vía a la altura del km69+350 en el carril derecho del sentido Bogotá – Villavicencio, generando la pérdida parcial de la banca.
Ante esta situación, se llevaron a cabo las labores de limpieza correspondientes y se habilitó progresivamente el paso en los puntos de control, sin embargo, dado que no se puedo habilitar el paso por el km69+350, se hace necesario dar tráfico mediante pasos alternos a través de los nuevos túneles entre el peaje Naranjal y el peaje Pipiral, lo que genera afectaciones en la movilidad que aún persisten dado que, no se pueden tener vehículos detenidos al interior de los mismos, como tampoco frente a los sectores afectados. En consecuencia, ha sido necesario mantener el paso controlado en los distintos puntos establecidos en el Plan de Contingencia Operativa.
Las entidades reiteran que ante condiciones climáticas adversas, y/o desprendimientos de material en los taludes, se deberá aplicar el protocolo de cierres correspondiente, por lo que, los usuarios deberán estar atentos a las indicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de Policía.
Así mismo, antes de iniciar su trayecto verifique a través de las aplicaciones el estado de la vía y preferiblemente transite en horario diurno y en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, estar atentos a las redes sociales con el fin de que pueda hacer uso de la vía alterna en caso de que se presente una condición de cierre.
Los transportadores de carga pesada deben ocupar un carril y permitir la circulación en los perímetros urbanos de Bogotá (Yomasa – Uval) y Villavicencio (Fundadores), así mismo en los sectores donde hay calzada sencilla deben parquear los vehículos sobre la berma para permitir la movilidad local de los residentes de la zona, los vehículos de emergencia y los vehículos de la DITRA y el Concesionario para atender las novedades que se presenten en la vía.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
