ARAUCA
Llegó el turno de la Orinoquía para aportar a la construcción de paz territorial
Representantes de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas de los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare participan en el encuentro número 75, convocado por el Comité Nacional de Participación (CNP), instancia de la Mesa de diálogos del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para realizar sus aportes a este proceso de paz.
Más de 100 personas, que representan a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, lgtbiq+ y personas con discapacidad, víctimas, jóvenes, mujeres, entre otras, forman parte de esta jornada de participación que se realiza hoy y mañana en esta ciudad.
Todos dan a conocer las apuestas territoriales, sectoriales y gremiales para hacer sus aportes, con enfoque territorial, al diseño, al Plan Nacional de Participación y a las recomendaciones para la participación, que tendrá una segunda fase que se hará extensiva por todo el territorio nacional hasta el 2025. Este proceso es considerado el corazón de este proceso de paz.
La relación de economías extractivistas con grupos armados ilegales, la estigmatización de los movimientos y liderazgos sociales, así como la concentración de la tierra son parte de las problemáticas identificadas por los y las participantes de los departamentos de Vichada, Arauca, Meta y Casanare, para abordar las transformaciones necesarias para la paz.
Arauca es un territorio con gran trayectoria organizativa, las JAC, las comunidades religiosas de base y organizaciones campesinas, obreras y populares son actores fundamentales para el fortalecimiento de la región. Sin embargo, en el marco del conflicto armado y social estas comunidades han sido estigmatizadas.
En un territorio, que ha sido protagonista de los acuerdos con las FARC-EP, la participación es considerada clave para resolver problemas estructurales, por lo que las comunidades hicieron un llamado para que no se repitan errores de dicho proceso.
Este encuentro cuenta con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, PNUD, OACNUDH, la Conferencia Episcopal de Colombia y miembros representantes del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación.
Fuente: Gobernación de Arauca
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
