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Llegan nuevos equipos para mantenimiento de túneles Bogotá – Villavicencio
Nuevos equipos dotados de la más alta tecnología llegarán en los próximos meses al corredor vial Bogotá – Villavicencio, con los cuales se fortalecerá la flota de vehículos destinados al mantenimiento de los 19 túneles, tanto de la calzada existente como en las nuevas calzadas de este importante corredor vial, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
“El Gobierno Nacional fortalece la tecnología de los equipos de mantenimiento vial, para mejorar los tiempos de atención en la vía y garantizar las mejores prácticas en la operación”, destacó Angela María Orozco, ministra de Transporte.
A finales del mes agosto llegará una lavadora del túnel con brazo hidráulico BLT 8000, hecho completamente de acero, controlado a través de un panel desde la cabina del conductor. Además, en los próximos meses se contará también con la barredora Dulevo 3000 para la recolección de residuos. Este equipo cuenta con un bajo nivel de ruido y de emisión de polvo y de combustible, y permite un ahorro de agua de hasta 60%.
Estos nuevos equipos se suman al Vactor 2100 utilizado para la limpieza a presión de ductos y drenes en los túneles, puesto al servicio en el primer semestre del año.
“La prioridad número uno es la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía. La adquisición de estos equipos, sin duda, es un ejemplo claro de las inversiones en tecnología que realiza el concesionario encargado de la administración, operación, mantenimiento y construcción de la vía que de Bogotá comunica a Villavicencio”, destacó Carlos García, Vicepresidente ejecutivo de la ANI.
Actulamente, en el proyecto Chirajara-Fundadores se han reactivado 1.927 empleos directos de los 2.024 que se tienen estimados reanuden actividades de obra.
Este proyecto tiene un avance muy significativo del 72.8% por encima de su programa de ejecución del 60.9%. Contempla la construcción de 22,7 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 21 puentes vehiculares y siete puentes peatonales.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
