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Llegan nuevos equipos para mantenimiento de túneles Bogotá – Villavicencio
Nuevos equipos dotados de la más alta tecnología llegarán en los próximos meses al corredor vial Bogotá – Villavicencio, con los cuales se fortalecerá la flota de vehículos destinados al mantenimiento de los 19 túneles, tanto de la calzada existente como en las nuevas calzadas de este importante corredor vial, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
“El Gobierno Nacional fortalece la tecnología de los equipos de mantenimiento vial, para mejorar los tiempos de atención en la vía y garantizar las mejores prácticas en la operación”, destacó Angela María Orozco, ministra de Transporte.
A finales del mes agosto llegará una lavadora del túnel con brazo hidráulico BLT 8000, hecho completamente de acero, controlado a través de un panel desde la cabina del conductor. Además, en los próximos meses se contará también con la barredora Dulevo 3000 para la recolección de residuos. Este equipo cuenta con un bajo nivel de ruido y de emisión de polvo y de combustible, y permite un ahorro de agua de hasta 60%.
Estos nuevos equipos se suman al Vactor 2100 utilizado para la limpieza a presión de ductos y drenes en los túneles, puesto al servicio en el primer semestre del año.
“La prioridad número uno es la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía. La adquisición de estos equipos, sin duda, es un ejemplo claro de las inversiones en tecnología que realiza el concesionario encargado de la administración, operación, mantenimiento y construcción de la vía que de Bogotá comunica a Villavicencio”, destacó Carlos García, Vicepresidente ejecutivo de la ANI.
Actulamente, en el proyecto Chirajara-Fundadores se han reactivado 1.927 empleos directos de los 2.024 que se tienen estimados reanuden actividades de obra.
Este proyecto tiene un avance muy significativo del 72.8% por encima de su programa de ejecución del 60.9%. Contempla la construcción de 22,7 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 21 puentes vehiculares y siete puentes peatonales.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
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En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa
En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).
Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.
Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.
La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.
Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
