CASANARE
Levantan medida cautelar que impedía intervenir antiguo Cementerio de Yopal
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Fiscalía General de la Nación, levantaron la medida cautelar existente sobre el lote del antiguo cementerio de Yopal, que no permitía realizar intervenciones en el terreno, hasta tanto se comprobara la no existencia de restos de NN o personas sepultadas allí.
Miryam Moreno Cachay, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, donde está ubicado el predio, indicó que desde el 2018 en compañía de varios líderes del sector instauraron esta acción judicial, buscando que en el lote no se realizara intervención alguna, hasta tanto no se comprobara si existían fosas comunes, producto del conflicto armado que se vivió en la región.
“Para nadie es un secreto que siempre se hablaba de la existencia de fosas comunes, por lo que cuando conocimos que se planteaban realizar obras allí pedimos a la Fiscalía que nos certificara si no habían más restos de personas en el cementerio, por eso salió la medida cautelar que ahora se levanta”, explicó la dirigente comunal.
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Añadió que a raíz de la solicitud se decretó la medida cautelar sobre el predio, y se realizaron diferentes excavaciones por parte del personal de la Fiscalía a lo largo de cerca de dos años, que arrojó el hallazgo de 37 restos óseos por parte de las autoridades.
De estos restos encontrados en el antiguo cementerio de Yopal, 18 fueron entregados a Medicina Legal y 19 al CTI de la Fiscalía, para que se realicen los respectivos cotejos de ADN con las personas que buscan a sus seres queridos, desaparecidos durante el conflicto.
La dirigente comunal aprovechó el levantamiento de la medida cautelar para solicitarle al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, que en el sitio se construya una obra que esté relacionada con la reconciliación y el corazón, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo allí se derramaron muchas lágrimas por parte de las personas que acudían a sepultar a sus seres queridos.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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