CASANARE
Las regiones productoras merecen más regalías
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo (P.A.L.) 365 de 2019, que pretende modificar el actual Sistema General de Regalías (SGR) (Ley 1530 de 2012), para superar las dificultades que han tenido los proyectos minero-energéticos al obtener las licencias sociales en las regiones productoras de recursos.

En las regiones productoras hay malestar por el actual SGR vigente desde el 2012 que es considerado inequitativo, lo cual ha traído como consecuencia la protesta social, las consultas populares y el rechazo a todo proyecto propuesto en las zonas de influencia de las comunidades que se sienten afectadas. Con el SGR vigente las regiones pasaron de recibir más del 80% de las regalías directas a recibir solo el 20%.
Es necesario que las autoridades regionales, locales y la comunidad estén motivadas a defender las actividades de la industria petrolera y minera, y tengan sentido de pertenencia sobre estos proyectos, por lo que es indispensable la aprobación de este Acto Legislativo, que tendrá 8 debates en el Congreso.
Para ACIPET, el Acto Legislativo es muy oportuno, es importante que las regiones vean el balance positivo de los beneficios que pueden recibir de las regalías que apalancan el desarrollo integral.
Con el nuevo P.A.L, el porcentaje de participación será entre el 30% y 50% de los ingresos corrientes por la explotación de recursos. Esto sin perjuicio de mantener un porcentaje destinado a las inversiones para las regiones no productoras.
Esta recuperación del monto bianual del presupuesto de regalías obedece a los altos precios del petróleo, que se registraron en los mercados internacionales el año pasado, con una referencia Brent que marcó niveles por encima de los 80 dólares.
Para el caso del sector de hidrocarburos, entre junio de 2014 y enero de 2016 se presentó uno de los desplomes más fuertes en los precios. Este bajón repercutió directamente en el monto que las empresas petroleras giraron a las regiones por la explotación de los recursos. El presupuesto disminuyó de 18,2 billones de pesos entre 2015 y 2016, hasta 11,7 billones, entre 2017 y 2018. Para el bienio del 2019 y 2020 serán 24.2 billones.
Sobre el manejo de los recursos, es importante que el Gobierno pueda tener mayor control sobre los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), para evitar focos de corrupción en los procesos de licitación, elefantes blancos y la no ejecución de los recursos.
De acuerdo a un informe de la Contraloría (Los OCAD y la gestión de proyectos, 2017), desde el año 2012 hasta el 2016 de 40.8 billones de presupuesto, quedaron 10.7 billones sin ejecutar, lo que corresponde al 26% de lo asignado. Los OCAD han actuado de manera lenta a la hora de aprobar los proyectos de inversión.
Debe hacerse un proceso trasparente y muy ágil donde los proyectos tienen que ser evaluados, priorizados y sancionados; para esto el Gobierno propone rediseñar los OCAD, sobre lo cual también recomendamos se incluya una labor pedagógica desde este ente hacia las comunidades y entidades regionales de las áreas productoras, para que realicen una adecuada formulación y sustentación de los proyectos que presentarán para su aprobación, recibiendo también, la orientación estratégica de las inversiones, algo que según el informe de la Contraloría no se está cumpliendo por parte de este ente.
Desde Acipet también consideramos, que dentro del proceso de orientación estratégico deben asignarse recursos de las regalías a la trasformación de la matriz de energía, apoyando proyectos de energías renovables en las regiones, fomentando así la transición energética que demanda el país.
Igualmente y con las lecciones aprendidas por este y otros sectores de la economía afectados por crisis catastróficas, es vital que se formule la creación de un fondo de estabilidad que permita afrontar la enfermedad holandesa que ya hemos vivido.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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