CASANARE
Las regiones productoras merecen más regalías
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo (P.A.L.) 365 de 2019, que pretende modificar el actual Sistema General de Regalías (SGR) (Ley 1530 de 2012), para superar las dificultades que han tenido los proyectos minero-energéticos al obtener las licencias sociales en las regiones productoras de recursos.
En las regiones productoras hay malestar por el actual SGR vigente desde el 2012 que es considerado inequitativo, lo cual ha traído como consecuencia la protesta social, las consultas populares y el rechazo a todo proyecto propuesto en las zonas de influencia de las comunidades que se sienten afectadas. Con el SGR vigente las regiones pasaron de recibir más del 80% de las regalías directas a recibir solo el 20%.
Es necesario que las autoridades regionales, locales y la comunidad estén motivadas a defender las actividades de la industria petrolera y minera, y tengan sentido de pertenencia sobre estos proyectos, por lo que es indispensable la aprobación de este Acto Legislativo, que tendrá 8 debates en el Congreso.
Para ACIPET, el Acto Legislativo es muy oportuno, es importante que las regiones vean el balance positivo de los beneficios que pueden recibir de las regalías que apalancan el desarrollo integral.
Con el nuevo P.A.L, el porcentaje de participación será entre el 30% y 50% de los ingresos corrientes por la explotación de recursos. Esto sin perjuicio de mantener un porcentaje destinado a las inversiones para las regiones no productoras.
Esta recuperación del monto bianual del presupuesto de regalías obedece a los altos precios del petróleo, que se registraron en los mercados internacionales el año pasado, con una referencia Brent que marcó niveles por encima de los 80 dólares.
Para el caso del sector de hidrocarburos, entre junio de 2014 y enero de 2016 se presentó uno de los desplomes más fuertes en los precios. Este bajón repercutió directamente en el monto que las empresas petroleras giraron a las regiones por la explotación de los recursos. El presupuesto disminuyó de 18,2 billones de pesos entre 2015 y 2016, hasta 11,7 billones, entre 2017 y 2018. Para el bienio del 2019 y 2020 serán 24.2 billones.
Sobre el manejo de los recursos, es importante que el Gobierno pueda tener mayor control sobre los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), para evitar focos de corrupción en los procesos de licitación, elefantes blancos y la no ejecución de los recursos.
De acuerdo a un informe de la Contraloría (Los OCAD y la gestión de proyectos, 2017), desde el año 2012 hasta el 2016 de 40.8 billones de presupuesto, quedaron 10.7 billones sin ejecutar, lo que corresponde al 26% de lo asignado. Los OCAD han actuado de manera lenta a la hora de aprobar los proyectos de inversión.
Debe hacerse un proceso trasparente y muy ágil donde los proyectos tienen que ser evaluados, priorizados y sancionados; para esto el Gobierno propone rediseñar los OCAD, sobre lo cual también recomendamos se incluya una labor pedagógica desde este ente hacia las comunidades y entidades regionales de las áreas productoras, para que realicen una adecuada formulación y sustentación de los proyectos que presentarán para su aprobación, recibiendo también, la orientación estratégica de las inversiones, algo que según el informe de la Contraloría no se está cumpliendo por parte de este ente.
Desde Acipet también consideramos, que dentro del proceso de orientación estratégico deben asignarse recursos de las regalías a la trasformación de la matriz de energía, apoyando proyectos de energías renovables en las regiones, fomentando así la transición energética que demanda el país.
Igualmente y con las lecciones aprendidas por este y otros sectores de la economía afectados por crisis catastróficas, es vital que se formule la creación de un fondo de estabilidad que permita afrontar la enfermedad holandesa que ya hemos vivido.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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