CASANARE
Las regiones productoras merecen más regalías
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo (P.A.L.) 365 de 2019, que pretende modificar el actual Sistema General de Regalías (SGR) (Ley 1530 de 2012), para superar las dificultades que han tenido los proyectos minero-energéticos al obtener las licencias sociales en las regiones productoras de recursos.
En las regiones productoras hay malestar por el actual SGR vigente desde el 2012 que es considerado inequitativo, lo cual ha traído como consecuencia la protesta social, las consultas populares y el rechazo a todo proyecto propuesto en las zonas de influencia de las comunidades que se sienten afectadas. Con el SGR vigente las regiones pasaron de recibir más del 80% de las regalías directas a recibir solo el 20%.
Es necesario que las autoridades regionales, locales y la comunidad estén motivadas a defender las actividades de la industria petrolera y minera, y tengan sentido de pertenencia sobre estos proyectos, por lo que es indispensable la aprobación de este Acto Legislativo, que tendrá 8 debates en el Congreso.
Para ACIPET, el Acto Legislativo es muy oportuno, es importante que las regiones vean el balance positivo de los beneficios que pueden recibir de las regalías que apalancan el desarrollo integral.
Con el nuevo P.A.L, el porcentaje de participación será entre el 30% y 50% de los ingresos corrientes por la explotación de recursos. Esto sin perjuicio de mantener un porcentaje destinado a las inversiones para las regiones no productoras.
Esta recuperación del monto bianual del presupuesto de regalías obedece a los altos precios del petróleo, que se registraron en los mercados internacionales el año pasado, con una referencia Brent que marcó niveles por encima de los 80 dólares.
Para el caso del sector de hidrocarburos, entre junio de 2014 y enero de 2016 se presentó uno de los desplomes más fuertes en los precios. Este bajón repercutió directamente en el monto que las empresas petroleras giraron a las regiones por la explotación de los recursos. El presupuesto disminuyó de 18,2 billones de pesos entre 2015 y 2016, hasta 11,7 billones, entre 2017 y 2018. Para el bienio del 2019 y 2020 serán 24.2 billones.
Sobre el manejo de los recursos, es importante que el Gobierno pueda tener mayor control sobre los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), para evitar focos de corrupción en los procesos de licitación, elefantes blancos y la no ejecución de los recursos.
De acuerdo a un informe de la Contraloría (Los OCAD y la gestión de proyectos, 2017), desde el año 2012 hasta el 2016 de 40.8 billones de presupuesto, quedaron 10.7 billones sin ejecutar, lo que corresponde al 26% de lo asignado. Los OCAD han actuado de manera lenta a la hora de aprobar los proyectos de inversión.
Debe hacerse un proceso trasparente y muy ágil donde los proyectos tienen que ser evaluados, priorizados y sancionados; para esto el Gobierno propone rediseñar los OCAD, sobre lo cual también recomendamos se incluya una labor pedagógica desde este ente hacia las comunidades y entidades regionales de las áreas productoras, para que realicen una adecuada formulación y sustentación de los proyectos que presentarán para su aprobación, recibiendo también, la orientación estratégica de las inversiones, algo que según el informe de la Contraloría no se está cumpliendo por parte de este ente.
Desde Acipet también consideramos, que dentro del proceso de orientación estratégico deben asignarse recursos de las regalías a la trasformación de la matriz de energía, apoyando proyectos de energías renovables en las regiones, fomentando así la transición energética que demanda el país.
Igualmente y con las lecciones aprendidas por este y otros sectores de la economía afectados por crisis catastróficas, es vital que se formule la creación de un fondo de estabilidad que permita afrontar la enfermedad holandesa que ya hemos vivido.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
