CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
Las primeras indagaciones adelantadas por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal señalan que una posible falla eléctrica habría originado el incendio estructural que consumió el Almacén El Imperio, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de la ciudad. Así lo confirmó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas, quien explicó que las labores de inspección permitieron establecer que el fuego se inició en el tercer piso de la edificación, utilizado como bodega.
Según el oficial, en ese nivel se almacenaba una gran cantidad de materiales altamente combustibles, entre ellos plástico, papel, textiles y otros elementos que facilitaron la rápida propagación de las llamas. Aunque la investigación continúa para establecer con certeza las causas de la conflagración, la principal hipótesis que manejan las autoridades corresponde a una falla en el sistema eléctrico del inmueble.
La evaluación preliminar de la infraestructura determinó que el primer y segundo piso no presentan afectaciones de consideración y podrían volver a utilizarse una vez se adelanten las adecuaciones y reparaciones necesarias. En contraste, el tercer piso sufrió daños estructurales severos, por lo que, en las condiciones actuales, no podrá ser utilizado debido al alto nivel de deterioro ocasionado por el incendio.
El teniente Rafael Rojas destacó la solidaridad demostrada por la comunidad yopaleña durante la emergencia. Resaltó el apoyo de los organismos de socorro, instituciones y comerciantes del sector, quienes unieron esfuerzos tanto en las labores de extinción del incendio como en la posterior remoción de escombros, una colaboración que ha sido fundamental para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zona afectada.
La Gobernación de Casanare realizó el Primer Comité Departamental de Lucha Contra el Contrabando y Comercio Ilícito de Licores, Cervezas y Cigarrillos de 2026, con el propósito de coordinar acciones de prevención, control y vigilancia frente a estas actividades que afectan los ingresos del departamento y representan un riesgo para la salud de la población. Durante la jornada se expusieron estrategias para enfrentar las modalidades de comercialización ilegal.
Las entidades participantes acordaron trabajar de manera coordinada en tres frentes: cultura ciudadana, control y vigilancia, y procesos de aprehensión y decomiso de mercancías.
Como parte de los compromisos, el Ejército Nacional y la Policía Nacional apoyarán las labores de inteligencia, mientras que el equipo anticontrabando, en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos, fortalecerá las jornadas de fiscalización y capacitación. El objetivo es combatir las redes dedicadas al contrabando, proteger los recursos del departamento y prevenir la comercialización de productos ilegales.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, señaló que el trabajo conjunto con la Federación Nacional de Departamentos y las entidades participantes permitirá fortalecer las acciones contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos, con el fin de proteger los recursos públicos, la legalidad y la salud de los ciudadanos.
CASANARE
Voraz incendio en el centro de Yopal evidenció la falta de una red contraincendios en la ciudad
Luego de más de tres horas de intensas labores, organismos de socorro lograron controlar el incendio estructural que consumió por completo el almacén de variedades “Imperio”, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de Yopal. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de los organismos de socorro y autoridades, para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos comerciales del sector.
Según el reporte del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, Teniente Rafael Rojas, en la atención participaron 45 unidades del Cuerpo de Bomberos con 11 vehículos, apoyadas por bomberos aeroportuarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional con una tanqueta, Gestión del Riesgo, la Fuerza Aérea y personal de empresas de servicios públicos como Enerca, la Empresa de Acueducto de Yopal y Sayop. Gracias a la coordinación interinstitucional, no se reportaron personas lesionadas entre civiles ni socorristas.
Las autoridades informaron que una de las principales dificultades para enfrentar la conflagración fue la alta carga de material combustible almacenado en el establecimiento, entre plásticos y otros elementos, además de inconvenientes iniciales con el suministro de agua. No se conoce aún, el estimado de las cuantiosas pérdidas materiales.
El siniestro se registró hacia las 12:30 del mediodía de este miércoles 24 de junio y generó momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y transeúntes, quienes observaron cómo el fuego avanzaba rápidamente por el local comercial. Las causas de la emergencia son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
La emergencia dejó en evidencia la falta de una red contraincendios en la ciudad de Yopal, que incluya hidrantes en las esquinas o cualquier otro tipo de sistema que permita, en emergencias como esta, que los vehículos extintores del Cuerpo de Bomberos puedan reabastecerse rápidamente de agua, y no tengan que esperar que lleguen carrotanques con el vital líquido para la atención de este tipo de emergencias. Se espera que este lamentable suceso genere una respuesta de las autoridades sobre este delicado tema.
