CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
La Unidad para las Víctimas, a través del área psicosocial, acompañó a las víctimas de desaparición forzada en el Casanare, en cuyo honor hubo diversas expresiones de memoria, solidaridad y reconciliación.
“Vale la pena jugárnosla por la reconciliación” fue el lema del partido de fútbol en el centro penitenciario de Yopal, donde se encontraron el Estado, las víctimas y victimarios para vivir un espacio de reflexión y perdón por medio de esta actividad. Antes del encuentro hubo un espacio de recuperación emocional que terminó en abrazos y entrega de detalles mutuos.
Yolanda Melo, víctima por la desaparición forzada de su hijo, resumió su experiencia así: “Fue un día de mucha tensión, llantos y lágrimas, porque ver sufrir a las víctimas y victimarios fue muy duro, pero descarga uno su corazón y quedan mensajes muy hermosos para la vida”.
También en esta semana, hubo un conversatorio académico en el que se dio un diálogo formativo en derechos humanos y sobre desaparición forzada al que asistieron entidades, víctimas y estudiantes universitarios.
Además de darse a conocer la normatividad, se discutieron las obligaciones internacionales del Estado en materia de desaparición forzada y se dieron recomendaciones de parte de organismos internacionales como la ONU y el CIRC.
Lida Quevedo, representante de la fundación Yovanny Quevedo, líder en apoyo a las víctimas de desaparición forzada, puso de presente que son alrededor de 2.500 los afectados por este hecho en Casanare y reiteró que es a través del aprendizaje como se promueve la empatía y se deja un mensaje de esperanza y resiliencia para todo el país.
Sobre este hecho, la Unidad para las Víctimas ha realizado la entrega digna de 449 cuerpos de víctimas por desaparición forzada y homicidio de los municipios de Pore, Tauramena, Chámeza y Trinidad.
Fuente: Unidad para las Víctimas
Ya está todo listo para que los 121.855 yopaleños habilitados para votar, salgan masivamente a ejercer su derecho al voto este domingo 29 de mayo. Serán en total 28 puestos de votación y 321 mesas las dispuestas para la fiesta electoral en la que Colombia elegirá a su nuevo presidente de la República.
A través del Decreto No. 198 de 2022 la Administración Municipal adoptó las siguientes medidas:
Ley seca:
- Inicia el sábado 28 de mayo a las 4:00 p.m. y termina el lunes 30 de mayo a las 6:00 a.m.
Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años:
- Inicia el sábado 28 de mayo a la 6:00 p.m. y termina el domingo 29 de mayo a las 5:00 a.m.
- Inicia el domingo 29 de mayo a las 6:00 p.m. y termina el lunes 30 de mayo a las 5:00 a.m.
Prohibición a la circulación de automotores, vehículos, o similares, que transporten trasteos, escombros, cilindros de gas y madera en todo el municipio.
- Inicia el sábado 28 de mayo a las 6:00 p.m. y termina el lunes 30 de mayo a las 6:00 a.m.
Prohibir el estacionamiento de vehículos particulares y públicos en una ronda de 200 metros de los puestos de votación:
- Inicia el sábado 28 de mayo a las 6:00 p.m. y termina el lunes 30 de mayo a las 6:00 a.m.
Prohibir el estacionamiento de vehículos en una ronda de 200 metros del coliseo 20 de julio:
- Inicia el sábado 28 de mayo a las 6:00 p.m. y termina cuando culminen los escrutinios sin que pueda superar el viernes 3 de junio a las 6:00 p.m.
Dato de interés:
Es de resaltar, que si bien en el Decreto No. 198 se estipulaba que el inicio de la ley seca sería desde el sábado 28 de mayo a las 6:00 p.m., por lineamientos del orden nacional, se fijó el inicio de esta medida, en todo el país, a partir de las 4:00 p.m. del mismo 28 de mayo. Fue por esto que la Administración Municipal, posterior a esta decisión, expidió el Decreto No. 199 de 2022, para realizar la modificación.
Fuente: Comunicaciones Alcaldía de Yopal
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, verificó los avances de la estrategia investigativa y judicial diferenciada definida para atacar a las estructuras de crimen organizado y a los grupos delincuenciales que delinquen en Arauca.
En cinco meses de 2022, la Fiscalía ha logrado la judicialización de 21 presuntos integrantes del ELN y de las disidencias de las Farc, a quienes se les han impuesto medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario. Estas personas han sido imputadas por delitos como: homicidio; extorsión; secuestro; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo; rebelión, y concierto para delinquir agravado.
Capturas más relevantes
Entre los judicializados está alias Monocuco, presunto integrante del ELN, quien estaría involucrado en el asesinato de un reconocido comerciante, ocurrido en noviembre de 2018.
También fueron enviados a la cárcel Jaime Alberto Jiménez Montoya, alias Pupis; y Leonardo Andrés Hernández Alarcón, alias Leo, supuestos integrantes del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en la retención de 10 empleados de una empresa de energía.
Por el mismo hecho, fue judicializado Alias Leo, presunto integrante de las disidencias de las Farc.
A alias Pupis le fueron imputados los delitos de toma de rehenes, hurto calificado y agravado, y rebelión. Por su parte, alias Lucho fue judicializado por extorsión, hurto calificado y rebelión.
Alias Pupis, integrante de las disidencias de las Farc, fue judicializado por su presunta participación en la retención de 10 empleados de una empresa de energía.
En 2022, 59 homicidios registran avance de esclarecimiento. Asimismo, entre enero y abril se presentó una disminución en el número de casos de 63%. Entre enero y mayo, con relación a la violencia intrafamiliar, hay un avance de esclarecimiento de 63,46%; en violencia sexual de 66,52% y en delitos contra niños, niñas y adolescentes de 68,57%.
Golpe al narcomenudeo en Arauquita
La Fiscalía judicializó a Obed Martínez Padilla, Luz Helena Ferrucho Rojas y Yarbur Eduardo Lopiparo Bastidas, quienes harían parte de una red dedicada a la comercialización de estupefacientes en el barrio 20 de Julio en Arauquita (Arauca). En este sector, al parecer, dispusieron de una vivienda para almacenar, dosificar y vender las sustancias ilícitas.
Judicialización de tres personas por su presunta responsabilidad en narcomenudeo en Arauquita.
Estas personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera articulada con la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En los procedimientos se encontraron diversas cantidades de bazuco, cocaína y marihuana, además de grameras y bolsas plásticas.
Un fiscal de la Seccional Arauca imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de muebles e inmuebles. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento intramural.
A la cárcel por homicidio
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Arrieta, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un familiar. Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 14 de mayo.
El hombre, supuestamente, atacó con arma blanca a la víctima y le causó la muerte. El señalado agresor fue imputado por el delito de homicidio.
Judicializado por violencia intrafamiliar
En Tame (Arauca), fue capturado Luis Carlos González Talero. El trabajo investigativo de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió conocer que esta persona habría golpeado a su pareja sentimental y a sus hijos. En el momento de su captura, la cual se realizó en situación de flagrancia, pretendía incendiar la vivienda en la que sucedieron los hechos.
En Tame fue judicializado y enviado a la cárcel Luis Carlos González Talero, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar.
En ese sentido, González Talero fue imputado por violencia intrafamiliar, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Judicializado por homicidio de su pareja sentimental
A la cárcel fue enviado Jesús Enrique Arias Ayala, un ciudadano extranjero investigado por el asesinato con arma de fuego de una mujer, quien estaba en embarazo con seis meses de gestación.
En este mismo evento, ocurrido el 25 de octubre de 2021, en la vereda Puerto Gaitán, en Tame (Arauca), el hombre habría secuestrado a la hija de la mujer e intentó asesinar a su esposo. Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, aborto sin consentimiento y secuestro simple agravado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
