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Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional

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Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.

La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.

La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.

(Le puede interesar: Consultas populares no pueden vetar proyectos mineros ni energéticos: ponencia)

La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.

El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.

(Le puede interesar: Ponencia en la Corte Constitucional pide que consultas mineras sean la última opción)

El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.

(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)

En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.

La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.

(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)

Fuente: www.elespectador.com

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En Yopal y Granada cayeron Los Xbos, dedicados al hurto de viviendas y comercios

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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 17 Local EDA, logró la desarticulación del grupo delincuencial “Los Xbox”, dedicado al hurto a residencias y establecimientos comerciales en Casanare y Meta. En el operativo fueron capturadas siete personas —seis hombres y una mujer— mediante diligencias de allanamiento realizadas en Yopal y Granada.

Entre los detenidos se encuentran alias “Carro Loco” o “Mocho”, “Burro”, “Mayer”, “Chiki” o “La Diabla” (cabecilla del grupo), “Pate Palo”, “El Mono” y “Vitamina”, quienes enfrentarán cargos por hurto calificado y agravado, en concurso con concierto para delinquir. Las edades de los capturados oscilan entre los 24 y 52 años.

Durante el procedimiento fueron incautados celulares, relojes, radios de comunicación, cartuchos y otros elementos de interés para la investigación. Este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de múltiples casos de hurto registrados en la región, debilitando así una de las estructuras que más afectaba la seguridad ciudadana.

Todos los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles cómplices o conexiones con otros delitos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Alcaldes del norte de Casanare piden mayor presencia militar y tecnología para frenar la inseguridad

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el norte del departamento, la Gobernación de Casanare lideró un nuevo Consejo de Seguridad Departamental en el municipio de Trinidad, donde participaron autoridades civiles y militares, así como los alcaldes de varios municipios. Durante la jornada se evaluó el panorama delictivo en zonas rurales y se articularon acciones contra delitos como el abigeato, el microtráfico, la extorsión y el hurto de vehículos.

Los mandatarios locales expusieron preocupaciones por la inseguridad en vías terciarias, la migración irregular y la circulación de panfletos intimidatorios. Ante este panorama, el secretario de Gobierno, Julio Ramos, anunció la estructuración de un proyecto para modernizar el sistema de videovigilancia en Trinidad con una inversión de $1.650 millones, interconectado al Sistema Integrado de Información y Emergencias (SIIES) con sede en Yopal.

Por su parte, el coronel Carlos Mauricio Peña, comandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional, aclaró que el grupo autodenominado ERPAC no se considera una estructura armada organizada, y destacó las capturas recientes de integrantes reclutados desde centros penitenciarios. También reiteró la disponibilidad de la línea 147 del Gaula Militar para recibir denuncias las 24 horas del día.

Durante el consejo se puso en marcha un nuevo punto de recepción de denuncias en Pore, y se anunciaron acciones específicas solicitadas por los alcaldes de Trinidad, San Luis de Palenque, Támara y Nunchía, quienes hicieron énfasis en la necesidad de mayor presencia militar y tecnológica para enfrentar la criminalidad.

Según cifras de la Policía Nacional, en lo corrido de 2025 se han registrado 1.152 capturas en Casanare, de las cuales 201 corresponden al norte del departamento. Además, se han incautado más de 6,5 toneladas de marihuana y 1.445 kilos de clorhidrato de cocaína. “Casanare se mantiene entre los departamentos más seguros del país, pero no bajamos la guardia”, concluyó Julio Ramos.

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Se profundiza crisis por paro arrocero en Casanare con nuevas restricciones de movilidad

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El paro nacional arrocero al cual se han unido los agricultores de Casanare continúa generando fuertes afectaciones a la movilidad y el abastecimiento, especialmente tras el reciente anuncio de los organizadores del bloqueo en el municipio de Aguazul, quienes informaron que a partir de este jueves solo permitirán el paso vehicular en dos franjas horarias: de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, y de 12:00 de la noche a 2:00 de la madrugada.

Esta decisión ha intensificado la crisis para los casanareños, particularmente para quienes necesitan trasladarse hacia y desde Yopal, capital del departamento. Los trancones y las demoras son cada vez mayores, afectando a trabajadores, estudiantes y usuarios del sistema de salud que requieren atención en la ciudad.

No hubo acuerdos

La mesa de diálogo instalada en Bogotá este jueves 17 de julio terminó sin acuerdos y con mayor tensión entre las partes. La principal exigencia de los arroceros que era la presencia de altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue ignorada y la ausencia de la funcionaria generó indignación entre los manifestantes, quienes abandonaron el encuentro y anunciaron la continuidad del paro.

Comerciantes y transportadores han expresado su preocupación por las pérdidas económicas que se siguen acumulando. Según líderes gremiales, las nuevas restricciones podrían generar un colapso logístico en la región si no se llega pronto a una solución concertada entre el Gobierno Nacional y los cultivadores de arroz que mantienen los bloqueos.

Los organizadores del paro insisten en que sus demandas apuntan a la defensa del sector arrocero, golpeado por altos costos de producción, bajos precios de compra y falta de garantías frente a las importaciones. No obstante, los sectores afectados han solicitado al Gobierno y a los manifestantes alternativas que permitan mitigar el impacto sobre la población civil.

Mientras tanto, las autoridades departamentales han pedido a los ciudadanos mantener la calma y estar atentos a los horarios de apertura para planificar sus desplazamientos. También han instado al Gobierno central a intervenir de manera urgente para evitar una parálisis total en Casanare.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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