CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
Yopal aseguró una inversión de cerca de $7.000 millones gracias a la gestión del alcalde Marco Tulio Ruíz ante el Ministerio de Salud. Estos recursos están destinados a transformar la ESE Salud Yopal, elevando el estándar de atención para miles de familias que dependen de la red pública municipal con más equipos y mejor infraestructura.
La inversión principal, aprobada mediante tres resoluciones, incluye $2.347 millones para la adquisición de equipos biomédicos. Esta dotación busca fortalecer los servicios de la red pública, optimizando la capacidad diagnóstica y asegurando una atención más oportuna y precisa para los usuarios.
Además, se destinaron $3.809 millones para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en el Hospital Central de Yopal y siete Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). este proyecto reducirá costos energéticos, minimizará el impacto ambiental y mejorará la sostenibilidad en la prestación de servicios sanitarios.
Un monto de $519 millones se asignó para la adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de Punto Nuevo, beneficiando a las familias del sector rural. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor de la administración municipal para recuperar infraestructura sanitaria en zonas rurales y ampliar el acceso a servicios esenciales.
En paralelo, la administración ha habilitado el PAPS de Tacarimena, sumándose a los puestos de La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. El municipio también proyecta la construcción de nuevos puestos en El Taladro y Mata de Limón, superando la meta del plan de desarrollo en cuanto a intervenciones rurales y fortaleciendo la red pública.
La Alcaldía de Yopal ratificó ante el Concejo Municipal, que enfrenta un desafío significativo en la expedición de facturas del Impuesto Predial debido a inconsistencias en la base de datos catastral entregada por el operador Catasig. Según el asesor jurídico de la alcaldía, Édgar Paerez, se han detectado más de 16.000 errores en los registros, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes.
Errores detectados y respuesta de Catasig
Entre los errores detectados se encuentran avalúos en cero, cédulas de ciudadanos sin número de identificación y unidades habitacionales sin área de terreno de construcción. Catasig ha respondido que no corregirá los errores de oficio y que los ciudadanos deben presentar solicitudes individuales para corregirlos a través del mecanismo de conservación catastral. Es decir, a los contribuyentes cuyas facturas tengan errores por exagerados avalúos les corresponderá solicitar la revisión aportando todos los soportes que exige Catasig, incluida la topografía del predio.
Impacto en los contribuyentes y medidas de la alcaldía
Esto significa que cada ciudadano que detecte un error deberá presentar una solicitud con pruebas y documentos para que Catasig lo corrija. La alcaldía ha expresado su preocupación por el impacto que esto tendrá en los contribuyentes y ha anunciado que ante la premura aplicará la base de datos con los errores detectados, ya que no tiene la competencia para corregirlos. Los contribuyentes a quienes la factura sea muy elevada, deberán solicitar la revisión ante Catasig, si el error es por sobrevaloración o error del avalúo; y ante la Alcaldía, si el error es por mal aplicación de la tarifa.
Plazos y descuentos
Teniendo en cuenta que el tiempo ha corrido en 2026 y no se han expedido las facturas para que los contribuyentes cancelen, la Alcaldía de Yopal ha radicado un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para ampliar el calendario tributario y ofrecer alivios a los contribuyentes. La primera fecha de pago con descuento se ha pospuesto para el 31 de mayo.
Recomendaciones a los contribuyentes
La alcaldía recomienda a los contribuyentes revisar sus facturas cuidadosamente y presentar reclamaciones ante Catasig si detectan errores por avalúos. Es importante tener en cuenta que la alcaldía no puede modificar los errores catastrales y que los ciudadanos deben acudir a Catasig para resolverlos.
CASANARE
Estos son los acuerdos logrados con el gobierno nacional y Perenco para garantizar suministro de gas en Casanare
El gobierno nacional celebró el acuerdo logrado con autoridades locales, comunidades y empresas del sector energético de Casanare, que permitirá asegurar el abastecimiento temporal de gas natural mientras se avanza en la ampliación de redes de distribución en varios municipios del departamento. La medida beneficiará a usuarios rurales actualmente no formalizados en municipios como Aguazul, Maní, Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué y Paz de Ariporo.
El acuerdo se logró en una reunión de negociación directa para definir soluciones transitorias que permitan garantizar el abastecimiento de gas natural combustible y avanzar en la formalización de usuarios rurales. En el encuentro se acordó que la empresa Perenco Colombia Limited aportará temporalmente parte del gas natural que tiene contratado en el mercado mayorista para garantizar el abastecimiento durante el proceso de transición.
Asimismo, se coordinará el transporte del gas y se cubrirán los costos asociados a la conducción y suministro durante el periodo inicial mientras se consolidan soluciones estructurales para el servicio.
