CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
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En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
En Támara se realizó la segunda Mesa Pública Departamental del PAE, para analizar el programa
Con una nutrida participación de la comunidad educativa, se llevó a cabo la segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Institución Educativa Arturo Salazar Mejía del municipio de Támara. El encuentro tuvo como propósito fortalecer la transparencia y el seguimiento al funcionamiento del PAE en el departamento.
Durante la jornada se socializaron los avances y estrategias implementadas para garantizar la calidad y cobertura del servicio, que actualmente beneficia a 17.895 niños, niñas y adolescentes en 18 municipios, incluyendo 1.549 estudiantes de comunidades indígenas de Chaparral Barronegro, Caño Mochuelo, Morichito y Sáliba de Orocué.
Además, el secretario de Educación, Diego Ardila, destacó que el programa no solo contribuye al bienestar y nutrición de los estudiantes, sino también a la generación de empleo en el departamento. En total, cinco profesionales y 572 manipuladoras de alimentos, de las cuales el 30% son madres de familia, hacen parte de la operación del PAE en Casanare.
De igual manera, el programa cuenta con una inversión de 40.651 millones de pesos, de los cuales 30.499 millones se destinan a la modalidad de almuerzo para población externa, mientras que 10.152 millones provienen del Sistema General de Regalías y financian la modalidad de residencia escolar que incluye desayuno, almuerzo y cena para población interna.
En su intervención, el rector de la institución anfitriona, Jaime Humberto Suelta, resaltó la importancia de estos espacios de participación, que permiten el diálogo directo entre la comunidad educativa y la Secretaría de Educación. A su turno, el alcalde de Támara, William Forero, valoró la presencia institucional en su municipio y el esfuerzo por llegar hasta las zonas más apartadas.
Finalmente, la jornada concluyó con aportes de padres, estudiantes y docentes que coincidieron en la necesidad de fortalecer este programa, considerado una herramienta esencial para el desarrollo educativo y la garantía de una alimentación digna para la niñez casanareña.
CASANARE
Gobernador Zorro destacó que la Asamblea Departamental aprobara “un pedacito” del superávit
La Asamblea Departamental de Casanare aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación, mediante el cual se autoriza la incorporación de un superávit por 29 mil millones de pesos, que serán destinados principalmente a los sectores de cultura y deporte.
El gobernador César Ortiz Zorro destacó la decisión del órgano colegiado y aseguró que esta es “solo un pedacito” del superávit total, ya que el resto de los recursos se proyecta para ser ejecutado el próximo año.
Ortiz Zorro expresó su gratitud hacia los diputados por el respaldo a la iniciativa, señalando que la aprobación representa un acto de responsabilidad y trabajo conjunto entre las dos instituciones. “Siempre estaré dispuesto al diálogo y a trabajar en equipo; todos tenemos competencias y la Asamblea ha cumplido con su misión al aprobar estos recursos”, afirmó el mandatario departamental.
El gobernador explicó que los fondos permitirán fortalecer los procesos deportivos y culturales, con miras a la participación de Casanare en los Juegos Nacionales. Agregó que ya sostuvo reuniones con las ligas del departamento para definir las inversiones y destacó los logros obtenidos por atletas casanareños en competencias nacionales e internacionales, gracias al apoyo en equipamiento y preparación.
Ortiz Zorro aseguró que su administración seguirá actuando con responsabilidad fiscal y visión de futuro, promoviendo una gestión basada en la eficiencia y el trabajo articulado con la Asamblea Departamental, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de Casanare.
En el municipio de Orocué se llevó a cabo una mesa técnica para revisar los avances del programa médico arquitectónico del proyecto de ampliación de la infraestructura del centro de salud, un esfuerzo conjunto que busca fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención a la comunidad orocueseña.
Durante la jornada se realizó un recorrido por las instalaciones actuales con el fin de conocer las condiciones físicas y funcionales, así como las áreas que serán objeto de ampliación y adecuación, en el marco de un proyecto que permitirá responder a la creciente demanda de servicios.
En este importante encuentro participaron la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas; el alcalde del municipio de Orocué, Anderson Bernal; y Álvaro Díaz Granados en representación de Secretaría de Salud, quienes manifestaron su compromiso de llevar el proyecto al Ministerio de Salud y Protección Social lo más pronto posible para avanzar en su gestión y aprobación.
El proyecto contempla la ampliación y adecuación de la infraestructura física, la proyección de nuevos servicios y el fortalecimiento de la capacidad instalada en áreas como medicina general y enfermería. Además, incluye la implementación de servicios de rehabilitación, terapias, rayos X y especialidades básicas como ginecología, pediatría, nutrición y psicología.
De igual forma, se adelantará un estudio de oferta y demanda para garantizar que la ampliación responda a las necesidades reales del municipio y su área de influencia, permitiendo optimizar los recursos y asegurar una atención integral y oportuna para todos los usuarios.
Red Salud Casanare, en articulación con la Alcaldía de Orocué y la Secretaría de Salud Departamental, continúa trabajando de manera coordinada por el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los casanareños.
