CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Alcaldía de Yopal reporta reducción en delitos como extorsión y hurto a comercio
La Alcaldía de Yopal presentó un balance de los avances en materia de seguridad ciudadana durante el más reciente Consejo de Seguridad. Se destacaron reducciones significativas en varios indicadores delictivos, así como las estrategias que continúan fortaleciéndose de manera articulada entre las autoridades locales y nacionales para consolidar la convivencia.
De acuerdo con el informe, en lo corrido de 2025 el municipio registró una reducción del 35 % en los casos de extorsión y del 53 % en el hurto al comercio. Las lesiones personales disminuyeron en un 89 % frente al año anterior, mientras que el hurto a personas, residencias y motocicletas mantiene una tendencia a la baja, con una alta tasa de recuperación de vehículos.
Durante el Consejo de Seguridad, el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad institucional para la ejecución efectiva de medidas judiciales y administrativas. Se adelantan gestiones conjuntas con instancias departamentales para optimizar los mecanismos disponibles y garantizar una respuesta oportuna del Estado.
La Administración Municipal reiteró que la estrategia de seguridad no responde a acciones aisladas, sino a un enfoque planificado que incorpora experiencias implementadas en otras ciudades del país. Este enfoque está orientado a la prevención de la intolerancia y la violencia social, así como al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
Persisten hurto a celulares y violencia intrafamiliar
Las autoridades indicaron que, si bien los resultados son positivos, persisten desafíos que concentran la atención institucional, entre ellos el hurto de celulares y la violencia intrafamiliar, con especial seguimiento en sectores rurales. Estas situaciones hacen parte de los frentes priorizados de intervención, en los que se vienen reforzando acciones preventivas y de control.
La estrategia se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Municipal. Se incluyen operativos conjuntos, control del espacio público, jornadas de recuperación de entornos y protección animal, al tiempo que se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos delictivos y a confiar en las instituciones.
CASANARE
Yopal conecta a La Niata y al barrio Dalel Barón con nuevas zonas wifi gratuitas
Yopal continúa ampliando su infraestructura de conectividad con la puesta en funcionamiento de nuevas zonas WiFi gratuitas en los sectores de La Niata y el barrio Dalel Barón. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, busca acercar el acceso a internet a más comunidades y fortalecer las oportunidades educativas, sociales y económicas de la población.
Con la operación de estos puntos de conexión, estudiantes, jóvenes, emprendedores y habitantes en general cuentan ahora con acceso libre a internet en espacios públicos estratégicos. Esto facilita la consulta de información, el desarrollo de actividades académicas, la realización de trámites en línea y la comunicación permanente con diversos servicios digitales.
Las zonas WiFi instaladas funcionan mediante energía solar, lo que garantiza su sostenibilidad y continuidad. Además, cuentan con espacios habilitados para la carga de dispositivos móviles, ampliando las posibilidades de uso para la comunidad. Este tipo de infraestructura permite que los ciudadanos permanezcan conectados sin depender de servicios privados, especialmente en sectores donde el acceso a internet ha sido limitado.
Durante la verificación de los puntos, el alcalde encargado, Jorge Andrés Rodríguez, destacó que la Administración Municipal asumirá la prestación del servicio para garantizar su funcionamiento y propósito social. Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Tobías Díaz Alarcón, explicó que estas zonas impactan el ámbito educativo, el emprendimiento y el acceso a la información.
El edil Gonzalo Salamanca hizo un llamado a los habitantes de La Niata y Dalel Barón para cuidar estos espacios y hacer un uso responsable de la infraestructura. Resaltó que la corresponsabilidad ciudadana es clave para que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo y continúen beneficiando a más personas.
La puesta en marcha de estas zonas WiFi forma parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, orientada a reducir las brechas digitales y a garantizar que más sectores del municipio puedan acceder a la educación, la información y los servicios tecnológicos. Complementariamente, se avanza en la identificación de nuevos puntos para zonas rurales como Alemania y Aracal.
CASANARE
Puente sobre el río Cusiana en Visinaca: un elefante blanco menos para Casanare
Un proyecto de infraestructura clave para la conectividad entre Boyacá y Casanare, abandonado desde hace años, se hará realidad gracias a un acuerdo entre el gobernador César Ortiz Zorro y el alcalde de Tauramena, Javier Álvarez. Se trata de la finalización del puente sobre el río Cusiana, en la vereda Visinaca.
Esta obra conectará las veredas Monterralo, El Paraíso, Los Lirios (Aguazul) y Visinaca (Tauramena), beneficiando a más de 65 mil personas que dependen de este corredor vial para la comercialización de sus productos agropecuarios, como leche, queso, yuca, plátano y panela.
El puente sobre el río Cusiana, ubicado en el corredor vial Monterrey – Tauramena – Monterralo, se construirá con una estructura metálica de 125 metros de luz, complementada con obras adicionales necesarias para su funcionamiento.
La obra, que asciende a $37.302.185.890, será cofinanciada por la Gobernación de Casanare, con $14.151.092.945, y la Alcaldía de Tauramena, que destinará $23.151.092.945. La ejecución de este importante proyecto estará a cargo del Instituto Financiero de Casanare (IFC) mediante recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Óscar Javier Araque, gerente del IFC, subrayó la importancia de este puente al señalar que “esta obra es muy importante porque va a permitir que Tauramena se interconecte con el departamento de Boyacá, generando progreso, prosperidad y dinamismo para el municipio”.
Líderes de Visinaca expresaron su agradecimiento al gobernador Zorro por cumplir su compromiso y lograr el “desembotellamiento” de varias veredas, fundamentales para el desarrollo económico de los municipios. Previo al inicio de la construcción, la Secretaría de Infraestructura de Casanare ha estado realizando mejoras en las vías terciarias del corredor.
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