CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
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En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
Un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un violento hurto registrado hacia las 4:00 de la tarde de este jueves 27 de noviembre en la calle 47 con carrera 4, en la zona industrial de Yopal.
La víctima recibió tres impactos con arma traumática, dos de ellos en la cabeza, cuando fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta NS de color rojo, quienes según videos de cámaras de seguridad llegaron al sitio después que la víctima parqueara su vehículo y procediera a descender del mismo.
De acuerdo con las primeras versiones, el ciudadano acababa de retirar cerca de 50 millones de pesos de una entidad bancaria cuando fue abordado por los asaltantes. Al oponer resistencia, los delincuentes le dispararon para despojarlo del dinero.
Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Las autoridades asumieron la investigación del caso para dar con el paradero de los responsables.
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Planeación, llevará a cabo este sábado 29 de noviembre la primera Jornada de Sensibilización y Legalidad, un espacio dirigido a toda la ciudadanía para orientar, informar y prevenir riesgos asociados a la compra de lotes, construcción sin licencias y proyectos urbanísticos que no cuentan con los requisitos establecidos por la ley.
La jornada se desarrollará en el Centro Comercial Unicentro Yopal, a partir de la 1:00 de la tarde, y contará con la participación de diversas entidades con competencia en control urbano, rural y ambiental, entre ellas, las Secretarías de Planeación y de Gobierno, INDEV, Curadurías Urbanas 1 y 2, Policía Nacional, autoridades administrativas de Policía (urbana y rural), EAAAY, Personería Municipal, Fiscalía General de la Nación y los 11 corregidores del municipio.
El propósito central de esta iniciativa es brindar a la comunidad herramientas claras para identificar si un lote, una construcción o un proyecto cuenta con permisos y licencias; resolver inquietudes sobre uso del suelo, licenciamiento, asentamientos ilegales, suelo rural y urbano, planes parciales y normativas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, busca prevenir que más familias sean víctimas de estafas o inversiones en proyectos irregulares.
La Secretaría de Planeación ha reiterado que muchos de los conflictos actuales en Yopal se originan por construcciones sin autorización, ventas fraudulentas o proyectos que no cumplen con la normatividad, lo que afecta no solo a las familias, sino también a la seguridad y planificación de la ciudad. Por ello, este ejercicio pedagógico se convierte en un mecanismo fundamental de protección ciudadana.
La Secretaría de Infraestructura de Yopal llegó al centro poblado La Chaparrera para implementar la rehabilitación en 3 kilómetros de vías del casco urbano, con lo cual se busca mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes que diariamente transitan por estos corredores.
Los trabajos iniciaron con labores de reconformación del terreno, extendido y compactación de material, procesos esenciales para garantizar una estructura vial más resistente y en mejores condiciones, que soporten el tráfico vehicular que diariamente se moviliza por la zona.
Con estas acciones, se beneficiarán directamente las familias de los barrios Corocito, Brisas del Tocaría, La Libertad, entre otros sectores que durante años han enfrentado dificultades por el deterioro de las vías.
“Una vez finalicemos esta intervención, la comunidad podrá movilizarse de una manera más fluida, reduciendo los tiempos de desplazamiento hacia instituciones educativas, comercios y zonas productivas” sostuvo Adriana Hernández, secretaria de Infraestructura.
Cabe destacar que, esta iniciativa responde a un trabajo articulado con la comunidad y a la priorización de puntos críticos que requerían atención inmediata. Estas labores también contribuyen al impulso del desarrollo del centro poblado, debido a que facilitarán la entrada y salida de productos y el acceso a servicios institucionales en este corregimiento.
