CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”
“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.
Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.
León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.
Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.
Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.
El reconocimiento
Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.
Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.
Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.
Las víctimas alzaron su voz
Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.
El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.
A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.
Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.
A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.
En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.
¿Qué sigue?
Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.
CASANARE
Yopal será el punto de partida de ‘Conecta País de la Belleza’, iniciativa del MinTic
Este viernes 20 de marzo, la ciudad de Yopal será el escenario de la primera activación de Conecta País de la Belleza, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Canal Trece que recorrerá distintas regiones del país para visibilizar historias de innovación, emprendimiento cultural y desarrollo territorial.
El evento, que se realizará en el Coliseo Cubierto Casiquiare, marcará el inicio oficial del proyecto y reunirá a comunidades locales, emprendedores, creadores de contenido y actores del ecosistema digital en una jornada que combinará tecnología, cultura y formación digital.
Durante la jornada se desarrollarán muestras de emprendimiento cultural local, talleres, activaciones tecnológicas y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales en la región y promover el talento de los territorios.
Además, en el marco del evento se realizará la entrega de computadores destinados a fortalecer las escuelas locales, en articulación con Computadores para Educar y como parte de las acciones del Ministerio TIC para impulsar el acceso a la tecnología y la educación digital en las regiones.

La activación contará con la participación del Viceministro de Transformación Digital Andrés López, así como de creadores e influenciadores digitales que compartirán experiencias con los asistentes sobre creación de contenido, comunidades digitales y oportunidades en el ecosistema digital.
Entre los invitados estarán Juliana Seligmann, Marco Lasso y Dominic Wolf, quienes participarán en actividades de interacción con el público y conversaciones sobre el impacto de las plataformas digitales en la difusión de historias y proyectos locales.
Asimismo, los creadores Diego Andariego y Gio @estratomedio liderarán clases magistrales sobre desarrollo de contenido digital y construcción de comunidades en línea, dirigidas a jóvenes, emprendedores y creadores interesados en fortalecer su presencia en plataformas digitales.
“Conecta País busca mostrar cómo la tecnología, la creatividad y la cultura están transformando los territorios. Queremos visibilizar historias reales de comunidades y creadores que están impulsando el desarrollo digital del país”, señaló vocería MinTIC.
Conecta País de la Belleza es una iniciativa que recorrerá distintas regiones de Colombia para documentar historias de comunidades, emprendimientos e iniciativas locales vinculadas con innovación, cultura y turismo.
A través de una serie audiovisual, activaciones territoriales y la Ruta TIC, el proyecto busca fortalecer la creación y circulación de contenidos digitales desde los territorios, promover el emprendimiento cultural y fomentar el turismo en las regiones mediante la visibilización de sus historias y proyectos locales.
La activación en Yopal marca el inicio de esta estrategia nacional que conectará tecnología, cultura y territorio, ampliando las oportunidades para que las historias de las regiones lleguen a audiencias en todo el país.
CASANARE
Casanare se prepara para elecciones comunales de dignatarios en abril de 2026
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.
Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.
¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?
El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.
Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.
El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.
Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.
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