CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
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En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
Una caravana de ayudas humanitarias ha llegado al municipio de Hato Corozal, para atender a 445 familias campesinas afectadas por la reciente temporada invernal. Esta iniciativa es el resultado de la gestión realizada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ante el Gobierno nacional.
Durante la jornada de este martes, se brindó asistencia a 209 hogares en veredas como San José del Ariporo, Santa Rita, Santa Teresa, La Argentina, Las Mercedes, Berlín, Santa María de Chire y Pueblo Nuevo. El operativo contó con la participación del director de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, la alcaldesa Tatiana Tiraban y el apoyo de Bomberos Voluntarios.
El programa de asistencia tiene como objetivo recorrer 30 veredas del municipio para asegurar la cobertura total de las familias censadas. La temporada invernal ha dejado a numerosas comunidades en condiciones vulnerables, haciendo que estas ayudas sean cruciales para su recuperación.
Luis Alvarado, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José del Ariporo, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de las ayudas recibidas. Alvarado señaló que su comunidad enfrenta anualmente fuertes temporadas de sequía que impactan significativamente a las familias campesinas, lo que subraya la necesidad de este tipo de apoyo.
La caravana continuará su recorrido por las zonas más apartadas de Hato Corozal. El objetivo es completar la atención de los 445 núcleos familiares identificados por los organismos de socorro en los próximos días.
Los sabores, tradiciones y experiencias que conectan el territorio y la sostenibilidad vuelven a tomar protagonismo en Casanare con la apertura oficial de la convocatoria para la Ruta Gastronómica BOCAL – Edición 2026.
La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio de Casanare y el Clúster de Turismo de Naturaleza y Gastronomía Consciente. Para esta edición, la Gobernación de Casanare se ha vinculado como aliado estratégico a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, consolidando esta apuesta como una estrategia de posicionamiento del turismo gastronómico y cultural del departamento.
Para la edición 2026 se seleccionarán ocho restaurantes, bares, gastrobares y cafeterías del departamento que deseen fortalecer su propuesta gastronómica y hacer parte de esta ruta estratégica de promoción turística. Los participantes deberán cumplir con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos en la convocatoria.
Los establecimientos elegidos recibirán acompañamiento técnico personalizado durante el primer semestre del año, que contempla el diseño o fortalecimiento de una experiencia gastronómica propia, la generación de guiones interpretativos y talleres en identidad culinaria, innovación y marketing digital.
Además, se les apoyará en la creación de contenido promocional, inclusión en el portafolio oficial de la Ruta BOCAL y el fortalecimiento de huertas regenerativas a través de la estrategia “Conucos para la Vida”. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de febrero de 2026 a las 11:59 p.m., con acceso a los términos y condiciones mediante un enlace proporcionado.
Con esta apuesta, la Gobernación de Casanare continúa posicionando la gastronomía del departamento como un motor de desarrollo económico, identidad territorial y proyección turística, resaltando la singularidad de su cultura y su cocina consciente.
Durante 2025, un total de 2.629 personas en Casanare requirieron transfusiones de sangre, una cifra que evidencia la alta demanda de este vital recurso en el departamento. La Secretaría de Salud de Casanare ha emitido un urgente llamado a la solidaridad ciudadana para incrementar las donaciones.
Según el informe de IPS con actividad transfusional del Instituto Nacional de Salud, la necesidad de sangre es constante y crucial para salvar vidas en diversas situaciones. Estas incluyen accidentes de tránsito, cirugías de urgencia, partos, y el tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre y cáncer.
Tatiana Chávez Duque, secretaria de Salud de Casanare, subrayó la importancia de la donación voluntaria, haciendo especial énfasis en la necesidad de personas con tipo de sangre O negativo, considerado donante universal. Este tipo de sangre, presente en solo el 5% de la población, es indispensable en emergencias.
Nubia Elena García Novoa, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Casanare, afirmó que el proceso de donación es seguro, sencillo y no compromete la salud del donante. “Donar sangre puede salvar vidas. Cada donante cuenta y cada gota es importante; no debemos esperar a que un familiar se accidente para hacerlo, porque la necesidad es permanente”, destacó.
Recordó además que, a pesar de los avances médicos, la sangre no puede ser fabricada y su obtención depende exclusivamente de la generosidad humana. Para ser donante se requiere tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar el documento de identidad.
Se aconseja no haber tenido gripa o infecciones en el último mes, no tomar antibióticos, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, mantener prácticas sexuales seguras y no estar en ayunas el día de la donación. Las donaciones se realizan en el Banco de Sangre del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal.
