CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
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En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Energía para Todos de Parex llegó a veredas Puerto Miriam y Santa Helena del Upía en Villanueva
Verano Energy, aliado de Parex Resources (Colombia), instaló sistemas de alumbrado público con tecnología LED alimentados por energía solar, en las veredas Puerto Miriam y Santa Helena de Upía, en el municipio de Villanueva, Casanare.
La intervención, ejecutada en el marco del programa voluntario “Energía para Todos”, contempló una inversión superior a los $157 millones de pesos, representada en el suministro de energía asequible y sostenible en el sector rural. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad, la movilidad y el bienestar de aproximadamente 220 familias.
En Puerto Miriam se instalaron tres luminarias solares de 60W, cuatro reflectores solares de 150W y dos postes de concreto, cubriendo las vías de tránsito y la cancha de fútbol comunitaria. Por su parte, en Santa Helena de Upía se dispusieron ocho luminarias solares de 60W y ocho postes de concreto, reforzando la iluminación en la caseta comunal y sus alrededores.
“Recibimos ocho kits solares que se ubicaron en la entrada principal de nuestro caserío y en la parte externa de la caseta comunal. Con este aporte de la empresa Parex, logramos mitigar problemas de inseguridad, reducir la accidentalidad y mejorar la movilidad de los adultos mayores en el sector. Este tipo de energía solar le apuesta a renovar la energía convencional que tenemos en nuestra comunidad”, manifestó Harvey Londoño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Helena de Upía.
Durante los últimos cinco años, Parex ha beneficiado a más de 2.450 personas en los departamentos de Arauca, Casanare y Magdalena, implementando soluciones energéticas eficientes que fomentan entornos sostenibles y promueven el desarrollo local.
El alcalde Marco Tulio Ruíz realizó una visita al predio donde se proyecta la construcción del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) para la Comuna VII, acompañado por ediles y representantes comunitarios, como parte del seguimiento a iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura de salud del municipio.
El lote destinado para la obra está ubicado en la carrera 44 con calle 49A, barrio Rivarca. La iniciativa busca ampliar la cobertura y mejorar el acceso oportuno a servicios básicos de salud para los habitantes de este sector y zonas aledañas.
Para financiar el proyecto, la Administración Municipal y la ESE Salud Yopal adelantarán gestiones ante el Gobierno Nacional en procura de recursos cercanos a los $6.000 millones.
En caso de que esa financiación no se concrete, desde el gobierno local se estudia la posibilidad de destinar recursos propios, con la meta de garantizar la ejecución y proyectar su puesta en funcionamiento hacia 2027.
De concretarse, el nuevo CAPS reforzaría la red de atención primaria en salud, un nivel necesario para la prevención, el diagnóstico temprano y la atención cercana a esta comunidad, especialmente en sectores que han demandado mayor presencia de servicios médicos.
Este viernes a las 7:00 de la noche finaliza la campaña “Casanare Unido por Córdoba”, iniciativa que durante siete días convocó a los casanareños a donar alimentos no perecederos, ropa nueva y usada, calzado, concentrado para perros y gatos, utensilios de cocina y kits de cama para las familias afectadas por el frente frío vigente en el país. Este mismo fenómeno natural ha tenido coletazos en Casanare, donde también se han registrado lluvias y afectaciones en Sabanalarga.
Durante la jornada solidaria se han reunido más de siete toneladas de ayudas, las cuales comenzarán a enviarse este lunes. El primer despacho será encabezado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien acompañará la salida del cargamento hacia Córdoba, donde numerosas familias esperan este apoyo tras haberlo perdido todo por las fuertes precipitaciones.
La campaña ha contado con el respaldo de los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las diferentes dependencias de la Gobernación de Casanare, bajo la coordinación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, que lideró la actividad logística y organizativa.
A esta iniciativa se vincularon cinco municipios: Recetor, Villanueva, Trinidad, Orocué y San Luis de Palenque. De ellos, Recetor ya realizó la entrega de lo recaudado en el punto de acopio en el departamento, mientras que los demás municipios estarán trasladando sus ayudas durante el transcurso de este viernes y sábado. Con el cierre de la convocatoria este viernes en la noche, se da fin a una de las jornadas solidarias más representativas de los últimos meses en este territorio.
