CASANARE
Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Autoridades recuerdan que se pueden reportar infracciones viales a través de la plataforma RECORD
La plataforma Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (RECORD), del Ministerio de Transporte, ya se encuentra habilitada y sirve como un canal de denuncia para que cualquier ciudadano pueda reportar y documentar comportamientos inseguros o infracciones al Código Nacional de Tránsito en las vías de Yopal.
La plataforma simplifica el proceso de denuncia ciudadana donde el usuario debe ingresar al sistema, seleccionar el tipo de evento a reportar, describir lo ocurrido y adjuntar la evidencia (foto o video). una de las principales ventajas de RECORD es que permite realizar el reporte de manera anónima, ofreciendo seguridad y protección al ciudadano que decide aportar información valiosa para las autoridades.
Una vez enviado el informe, la plataforma lo remite directamente a la Secretaría de Movilidad. es allí donde un equipo técnico se encarga de iniciar los procedimientos correspondientes, que pueden incluir requerimientos al propietario del vehículo, citaciones (comparendos) o la apertura de procesos sancionatorios conforme al Código Nacional de Tránsito.
Además de las sanciones individuales, los reportes coadyuvan al análisis de puntos críticos y comportamientos recurrentes en la ciudad, lo que permite a la Secretaría reforzar los operativos y diseñar estrategias de prevención más efectivas.
Tras la reciente captura de alias ‘Mamadeo’, señalado como cabecilla de la red sicarial del Tren de Aragua en Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro envió un mensaje directo a quienes hicieron parte de su estructura, asegurando que el delincuente está entregando información y que sus socios ya están identificados.
En rueda de prensa, Ortiz Zorro solicitó a la Fuerza Pública desplegar toda su capacidad operativa para ubicar a los integrantes de esta red criminal, vinculada a extorsiones, intimidaciones y hechos violentos que han impactado a comerciantes y ciudadanos de Yopal y varios municipios del departamento.
El mandatario recordó que la recompensa de $120 millones de pesos incrementó la presión sobre el delincuente y aportó datos determinantes que facilitaron la captura realizada en Perú, mediante cooperación internacional con Interpol y la Policía Nacional del Perú.
El gobernador señaló que los videos extorsivos enviados a comerciantes de Casanare eran grabados en territorio peruano y reiteró el llamado a denunciar sin ceder a exigencias económicas. La detención permitió confirmar que alias ‘Mamadeo’ mantenía operaciones criminales desde el exterior, pese a estar requerido por homicidio y concierto para delinquir.
GeoPark presentó el balance de su apuesta por fortalecer la educación en Casanare, mediante iniciativas que abarcan infraestructura escolar, formación docente, acceso a educación superior y dotación de herramientas para el aprendizaje.
Estas acciones hacen parte de la estrategia de inversión socioambiental de la Compañía, orientada a promover mejores condiciones de vida y a ampliar oportunidades para sus comunidades vecinas, en línea con su propósito de Crear Valor y Retribuir.
Solo en 2025, GeoPark ha destinado más de $21.000 millones de pesos a iniciativas educativas en los territorios donde está presente, consolidando una visión integral que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la creación de oportunidades de desarrollo a largo plazo. Esta apuesta se articula con la alianza recientemente firmada entre la Gobernación de Casanare y GeoPark, orientada a fortalecer la educación rural y la permanencia escolar en el departamento.
En los municipios de Hato Corozal y La Salina, la Compañía invirtió más de $5.800 millones de pesos, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, para fortalecer 14 instituciones educativas rurales mediante la entrega de material escolar y equipamientos. La dotación incluyó instrumentos musicales que impulsan la identidad cultural, implementos deportivos que promueven hábitos saludables y trabajo en equipo, mobiliario escolar que mejora las condiciones de aprendizaje, y procesos de acompañamiento pedagógico para docentes. Esta inversión beneficia a más de 4.500
estudiantes y miembros de la comunidad educativa en zonas rurales del departamento.
De manera complementaria, en Tauramena, la alianza con la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente permitió mejorar las oportunidades de aprendizaje de más de 520 niños y niñas en siete sedes rurales, mediante la implementación de metodologías activas y colaborativas, el fortalecimiento del liderazgo docente y la participación de las familias en el proceso educativo. Así mismo, GeoPark realizó la entrega de 7.000 kits escolares en Casanare, Meta y Putumayo para
apoyar la continuidad educativa en comunidades rurales.
En cuanto al acceso a educación superior, la Compañía impulsa el Programa de Becas Universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías, que desde 2014 ha beneficiado a 14 jóvenes en América Latina, seis de ellas en Colombia, de las cuales tres ya se han graduado en el país.
GeoPark también desarrolla un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que actualmente permite que 20 jóvenes casanareños cursen estudios profesionales en distintas áreas, ampliando las oportunidades de formación superior en el departamento.
“Cuando invertimos en educación rural, invertimos en el futuro de las regiones. Nuestra estrategia de inversión socioambiental busca ampliar capacidades locales y abrir oportunidades que permanezcan en el tiempo. Para GeoPark, esa es una manera de Crear Valor y Retribuir,” señaló Aníbal Fernández de Soto, Director de Naturaleza y Vecinos de GeoPark.
GeoPark continuará fortaleciendo alianzas público-privadas orientadas al desarrollo territorial sostenible y a la generación de oportunidades educativas para las comunidades donde está presente.
