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Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional
Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.
La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.
La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
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La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.
El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.
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El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.
La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Fuente: www.elespectador.com
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
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Alcaldesa de Hato Corozal defiende inversión de su administración para el Cuerpo de Bomberos
La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán, salió al paso de los cuestionamientos por no tener aún un convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos, asegurando que su administración ha sido una de las que más ha invertido en la institución, argumentación que soportó con cifras.
Explicó la mandataria, que en 2024, la sobretasa bomberil en su municipio fue de $16.433.750, sin embargo, se asignaron $192.801.790 para el convenio con los bomberos. Para 2025, la sobretasa bomberil fue de $11.726.154, y la alcaldesa entregó $291.391.070.
Pirabán destacó que en dos años de gobierno, su administración ha entregado $484.192.860 pesos a los bomberos, superando la inversión del gobierno anterior, que fue de $342.154.271 pesos en cuatro años. La alcaldesa aseguró que están trabajando para financiar el plan de inversión de los bomberos de este año, pero que los recursos son limitados y deben priorizarse.
La alcaldesa también aclaró que no ha habido falta de voluntad para firmar el convenio, sino que se están buscando formas de financiar la mayor cantidad posible de componentes para satisfacer las necesidades de los bomberos. “Nunca en la historia ningún alcalde le había entregado tantos recursos del municipio a la institución”, enfatizó Pirabán.
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Yopal realizó Primera Mesa Pública del PAE 2026, se evidenciaron falencias en menajes e infraestructura
La Alcaldía de Yopal llevó a cabo la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026. Este espacio clave permitió socializar la operación, cobertura, inversión y funcionamiento del programa, además de atender las inquietudes de la comunidad en un ejercicio de control social.
Durante la jornada, la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, junto al equipo de supervisión del PAE y el operador, expuso los principales aspectos de la ejecución. Se detalló el alcance del servicio y las condiciones de prestación para la actual vigencia, garantizando la transparencia.
Para el año 2026, el PAE beneficia a 14.300 estudiantes en 88 sedes educativas oficiales, quienes reciben diariamente un complemento alimentario. Previo al inicio, se realizaron labores de limpieza, desinfección y adecuación logística, asegurando una puesta en marcha eficiente del programa.
¿Cómo está operando el PAE?
La operación actual del PAE incluye la distribución semanal de alimentos mediante 12 vehículos que abastecen 22 sedes urbanas y 66 rurales, garantizando la entrega oportuna de los productos. Además de su impacto social, el programa genera 230 empleos directos y cerca de 100 indirectos, dinamizando la economía local.
Se informó que, gracias a gestiones municipales, se logró una adición superior a los $7 mil millones, permitiendo ampliar la cobertura y fortalecer la atención estudiantil. Estos encuentros son esenciales para que la ciudadanía conozca y haga seguimiento a uno de los principales apoyos a la permanencia escolar.
Durante la mesa se conocieron solicitudes de padres de familia y algunos docentes, en el sentido de mejorar el estado de los menajes y enseres con que se presta el servicio, pues la gran mayoría cumplieron su ciclo y deben renovarse, así como inversiones en la infraestructura de los restaurantes escolares, para que la buena calidad de los alimentos se vea complementada con estos dos ítems donde se presentan falencias.
