CASANARE
La oscura mancha de la petrolera Perenco en Casanare
El periodista inglés Michael Gillard volvió texto las voces y testimonios de la gente frente a muchas de las actuaciones de la gigante francesa en el Casanare. Publicó en New Matilda el artículo Muerte máxima: Asesinato al mejor postor en los campos petroleros en Colombia.
Galardonado como el mejor en Inglaterra en 2013 – Gillard se internó en el Casanare a investigar las amenazas a los líderes ambientales que trabajaban con las comunidades en la zona de operación de la petrolera. Viajó hasta la población de Trinidad y estuvo en el segundo aniversario del asesinato de Daniel Abril Fuentes. Este campesino había luchado del lado de los ambientalistas por comprometer a las empresas petroleras de la región, especialmente Ecopetrol y Perenco, con la protección del medio ambiente. La gente lo recordaba con dolor y lloraba, pero estaban tranquilos mientras el cura del pueblo elogiaba el sacrificio de los mártires que luchaban contra las multinacionales.
Gillard se reunió sigilosamente con los pocos líderes que resisten y mantienen sus exigencias para exigirle a las petroleras no solo lo que les corresponde de regalías en inversión social, sino que no acaben con la tierra. Uno de ellos fue Milton Cárdenas, quien lo recibió en la clandestinidad. Trabajó varios años manejando el taladro de Perenco en Tesoro de Bubuy, otro pueblo en Aguazul, Casanare, en el pozo La Gloria y, por lo tanto, sabía demasiado. Ahora quiere que la compañía responda con inversión en infraestructura y educación, y según sus mismas palabras, no regalando camisetas y cachuchas. De allí los plantones frente a la empresa que ha liderado.
El terror comenzó cuando se percataron que estaban siendo registrados fotográficamente por guardias de la empresa de vigilancia Santafereña que prestaba sus servicios a Perenco.
En una de esas marchas apareció Jaime Ortiz, campesino de la región. Para apoyar a los manifestantes sacó los búfalos de su finca – que linda con el pozo La Gloria – para bloquear la entrada. Nadie podía entrar o salir. Desde ese día, ha sufrido dos intentos de asesinato: uno en 2014 y otro en 2016, según narra Gillard.
El campesino Cárdenas volvió a presionar a comienzos del 2015 para evitar que el petróleo fuera a parar a los ríos que nacen cerca al pozo. Pocos días después recibió la primera llamada: que lo iban a matar, que tenía que dejar de molestar. Acudió de inmediato a la Brigada XVI y dejó la denuncia. Al día siguiente cayó asesinado su compañero Daniel Abril. El único capturado – en junio de 2017 – por este homicidio es Eliécer Anzueta Cero. La Fiscalía tuvo que entrar a la Brigada XVI del Ejército en Yopal. Anzueta era soldado profesional.
Se recuerda aun en el Casanare la muerte del director de Corporinoquia Carlos Humberto Vargas hace veinte años. Llevaba los vidrios de su camioneta cerrados. El aire acondicionado rugía en el calor de Yopal cuando sonaron tres tiros. Había sido acallada su voz en plena negociación de la inversión social de las petroleras en la región, con Perenco en primera línea.
La conclusión de Michael Gillard en su artículo es que hoy Aguazul ha cambiado poco para aquellos que se oponen a los ríos contaminados y la desaparición de las cañadas. Para esos líderes, Casanare sigue siendo igual de peligroso que en la época en que los paramilitares del Bloque Centauros, al mando de don Mario, y las autodefensas campesinas del Casanare, en cabeza de Martín Llanos, se movían por la vía principal entre Villavicencio y Yopal, a plena luz del día, en camionetas y completamente armados.
La respuesta paramilitar fue tan violencia como el plan de las Farc contra las empresas extranjeras vinculadas al sector de hidrocarburos. Las bombas estallaban, los oleoductos tenían que cerrarse y empleados y directivos fueron secuestrados con pretensiones económicas. El Oleoducto Central del Llano que transportaba petróleo extraído de los 14 pozos que tenía Perenco en Casanare; dos años después la guerrilla se quedó con un helicóptero utilizado por una de sus empresas contratistas.
En las audiencias de Justicia y Paz para cerrar la negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, comandantes como Nelson Vargas Gordillo y Don Mario mencionaron en sus versiones libres la firma francesa y entregaron detalles de sus métodos de colaboración. La Fiscalía les abrió un proceso penal, pero se cerró sin mayores avances. Entrevistaron a 13 personas escogidas al azar, vinculadas laboralmente con la compañía, quienes negaron las afirmaciones y cerraron el caso.
La Fiscalía comenzó una segunda ronda de investigaciones. Esta vez bajo la tutela de Víctor Fabio García, Fiscal 86 especial de Justicia Transicional. La defensa de la empresa, liderada por Santiago Reyes Botero – abogado especialista en petróleo y uno de los representantes legales de Perenco Colombia – logró que el proceso se archivara definitivamente.
La llegada de los franceses a Colombia se dio 1993, en el gobierno de Ernesto Samper cuando la empresa francesa le compró a Aquitaine – coterránea suya – el pozo en Aguazul. Su fundador fue Hubert Perrodo, hijo de un pescador humilde. Se enlistó en la marina francesa, desde donde pudo conocer las costas de África, Canadá y Estados Unidos. En California un día se quitó el traje de cadete y comenzó a rebuscarse la vida. Terminó atendiendo una fiesta en el yate de Jack Walton, el dueño de Gulf – una de las petroleras más grandes del mundo – y, siguiendo sus consejos, cambió definitivamente el uniforme marítimo por un overol de la empresa la petrolera Forex. Comenzó su carrera buscando oro negro. Fundó Perenco en 1975 y desde entonces no ha dejado de crecer. La empresa conquistó países en África, Asia y Suramérica.
Hubert Perrodo murió repentinamente de un episodio cardiaco en 2006 y su viuda Carrie quedó con una fortuna de USD $ 10 mil millones. En Colombia su presencia ha crecido significativamente en sus 25 años hasta pasar a ser una de las diez petroleras más grandes del país. En 2013 compró los yacimientos de petróleo y los oleoductos de Petrobras, el gigante brasileño, con lo que completó nueve contratos de pozos para extraer petróleo, así como doce tramos de oleoductos. Perenco sigue extrayendo 23,021 barriles de petróleo diarios, sin contar los cinco pozos que tienen en exploración.
Fuente: www.las2orillas.co
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.
Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
La secretaría de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Yopal invita a la comunidad a participar en su curso gratuito “Herramientas de Google”. Esta iniciativa de formación está orientada a fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.
El espacio académico está diseñado para brindar conocimientos prácticos en el uso de aplicaciones esenciales. Los participantes aprenderán a manejar herramientas como Google Keep, Calendar, Meet, Forms, Sites, NotebookLM y la gestión masiva de contactos, fundamentales en diversos ámbitos.
Estas aplicaciones son cruciales para el desarrollo de actividades en los ámbitos educativo, laboral y personal, mejorando significativamente la gestión de la información y la comunicación en entornos virtuales. La estrategia busca cerrar brechas digitales.
El curso dará inicio en el mes de mayo, con sesiones programadas de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se desarrollará en las instalaciones del Punto Vive Digital, y como requisito indispensable, los participantes deberán contar con un computador portátil.
Las personas interesadas pueden realizar su inscripción de manera sencilla a través del enlace: https://forms.gle/LAqwDzK4kwP6LYRdA. Asimismo, para mayor comodidad, el registro también se puede efectuar escaneando el código QR que se encontrará en las piezas informativas oficiales.
La Secretaría TIC extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que aproveche esta valiosa oportunidad de formación. El curso permitirá a los asistentes avanzar en el uso de herramientas digitales y fortalecer sus habilidades frente a los retos del entorno tecnológico actual.
CASANARE
El abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal
Una tutela estratégica, una disputa entre altas cortes y una decisión histórica de la Corte Constitucional (SU-047 de 2026) que le devuelve a las ciudades el control del impuesto de ICA, o en otros términos, redefinen la autonomía fiscal en Colombia. Detrás del caso, estuvo el abogado Gonzalo Ramos Rojas, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, quien convirtió una derrota judicial en el Consejo de Estado, en un precedente nacional fijado por la Corte Constitucional, abriendo una compuerta jurídica para que las demás ciudades capitales lo repliquen en sus territorios.
El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el combustible que permite mover y hacer crecer una ciudad, es en términos sencillos, una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades en Colombia. Gracias a este impuesto, que pagan empresas y comercios por su actividad económica, los municipios pueden financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. En otras palabras, el ICA no es solo un tributo: es una herramienta clave para que las ciudades funcionen y puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos.
En el Derecho, como en la guerra, hay momentos en los que una sola operación cambia el curso de la historia, en este caso, tributaria. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional es uno de esos momentos. Con la expedición de la Ley 2082 de 2021, el Congreso creó la categoría de ciudades capitales permitiéndoles tomar como referencia el régimen tributario de Bogotá.
A partir de lo anterior, el Consejo de Estado, cerró el paso a la autonomía de las ciudades: anuló los acuerdos de Yopal y Cali que buscaban elevar la tarifa del ICA, señalando que no podían superar el modelo de Bogotá.
La estrategia jurídica que redefinió el mapa tributario del ICA en Colombia
Litigar no es solo argumentar: es saber dónde dar la batalla.
Durante años, Colombia ha repetido el mismo discurso: somos un Estado descentralizado. Pero en la práctica, muchas decisiones siguen tomándose —o peor, imponiéndose— desde Bogotá. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional acaba de poner en evidencia esa contradicción.
El caso parecía técnico: la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) en Yopal y Cali, sin embargo, para el apoderado del municipio en el fondo era mucho más que eso. Era responder a una pregunta incómoda: ¿pueden las ciudades capitales decidir sobre sus propios recursos o deben limitarse a copiar el modelo de Bogotá? El Consejo de Estado había respondido, en la práctica, que no podían apartarse.
Lo anterior define el problema jurídico. Porque esa postura no solo desconoce el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 —que permite, no impone, adoptar el régimen de Bogotá—. También reproduce una lógica profundamente centralista: lo que funciona (o se decide) en la capital debe replicarse en el resto del país, sin importar las realidades locales. Pero Colombia no es Bogotá. Yopal no es Bogotá, así lo entendió y así lo defendió el profesional del derecho ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional.
Sus dinámicas económicas, sus necesidades fiscales y sus cargas sociales son distintas. Pretender uniformarlas bajo un mismo esquema tributario no es razonable, es centralismo disfrazado de interpretación legal. La Corte Constitucional entendió el trasfondo político del asunto. Por eso, en la sentencia SU-047, no solo corrigió una decisión judicial, definió algo más importante: reivindicó el principio de autonomía territorial como un elemento real, no simbólico.
Se rompió el cerco tributario: las regiones recuperaron el control de su territorio fiscal.
Las ciudades capitales ahora tienen un precedente constitucional claro, es decir, una decisión que sirve como guía y ejemplo para casos similares, para diseñar sus políticas de impuestos con más libertad y según sus propias necesidades. Eso cambia el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la provincia. Adicionalmente, se deja en evidencia que el centralismo en Colombia no solo es administrativo o político, también es judicial. Sí, judicial. Cuando una alta corte interpreta la ley de manera que restringe la capacidad de las regiones para tomar decisiones sobre sus propios recursos, no está siendo neutral. Está interviniendo en la distribución del poder. Y eso tiene un alto impacto, en inversión social, en el desarrollo regional, y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de los recursos que sus ciudades logren recaudar.
¿Porque esta decisión no cayó del cielo? Fue el resultado de una lectura precisa del conflicto: entender que el problema no era solo tributario, sino estructural. Que lo que estaba en juego no era una tarifa, sino el alcance real de la descentralización en Colombia. El abogado que llevó este caso a la Corte Constitucional no solo litigó, planteó un pulso de poder. Y lo ganó. Eso también dice mucho del momento que vive el país. Porque cada vez es más evidente que las grandes discusiones sobre el modelo territorial ya no se están dando únicamente en el Congreso, sino que se están trasladando a los tribunales. Y allí, caso por caso, se están redefiniendo las reglas.
La SU-047 marca un punto de inflexión. No resuelve todos los problemas, pero sí deja algo claro: el centralismo no es inevitable. Puede ser cuestionado. Puede ser limitado. Y, como acaba de demostrarse, también puede ser derrotado.
El abogado convirtió un problema tributario en un precedente constitucional.
Pero en todo conflicto hay una verdad inmodificable: no basta con ganar terreno, sino que hay que saber sostenerlo. Este éxito jurídico permitirá ingresos anuales, de al menos, quince mil millones de pesos (15.000.000.000), ahora, dependerá de ellos, que se inviertan estratégicamente en la ciudad y que lleguen a todos los ciudadanos. Esa es la nueva apuesta, que los impuestos sigan teniendo un retorno para los ciudadanos, y es la inversión en sus comunas, veredas y barrios.
No fue solo una sentencia donde la Corte Constitucional le da la razón al Abogado como apoderado del municipio de Yopal: fue una batalla por el control de los recursos de las ciudades.
