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La oscura mancha de la petrolera Perenco en Casanare

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El periodista inglés Michael Gillard volvió texto las voces y testimonios de la gente frente a muchas de las actuaciones de la gigante francesa en el Casanare. Publicó en New Matilda el artículo Muerte máxima: Asesinato al mejor postor en los campos petroleros en Colombia.

Galardonado como el mejor en Inglaterra en 2013 – Gillard se internó en el Casanare a investigar las amenazas a los líderes ambientales que trabajaban con las comunidades en la zona de operación de la petrolera. Viajó hasta la población de Trinidad y estuvo en el segundo aniversario del asesinato de Daniel Abril Fuentes. Este campesino había luchado del lado de los ambientalistas por comprometer a las empresas petroleras de la región, especialmente Ecopetrol y Perenco, con la protección del medio ambiente. La gente lo recordaba con dolor y lloraba, pero estaban tranquilos mientras el cura del pueblo elogiaba el sacrificio de los mártires que luchaban contra las multinacionales.

Gillard se reunió sigilosamente con los pocos líderes que resisten y mantienen sus exigencias para exigirle a las petroleras no solo lo que les corresponde de regalías en inversión social, sino que no acaben con la tierra. Uno de ellos fue Milton Cárdenas, quien lo recibió en la clandestinidad. Trabajó varios años manejando el taladro de Perenco en Tesoro de Bubuy, otro pueblo en Aguazul, Casanare, en el pozo La Gloria y, por lo tanto, sabía demasiado. Ahora quiere que la compañía responda con inversión en infraestructura y educación, y según sus mismas palabras, no regalando camisetas y cachuchas. De allí los plantones frente a la empresa que ha liderado.

El terror comenzó cuando se percataron que estaban siendo registrados fotográficamente por guardias de la empresa de vigilancia Santafereña que prestaba sus servicios a Perenco.

En una de esas marchas apareció Jaime Ortiz, campesino de la región. Para apoyar a los manifestantes sacó los búfalos de su finca – que linda con el pozo La Gloria – para bloquear la entrada. Nadie podía entrar o salir. Desde ese día, ha sufrido dos intentos de asesinato: uno en 2014 y otro en 2016, según narra Gillard.

El campesino Cárdenas volvió a presionar a comienzos del 2015 para evitar que el petróleo fuera a parar a los ríos que nacen cerca al pozo. Pocos días después recibió la primera llamada: que lo iban a matar, que tenía que dejar de molestar. Acudió de inmediato a la Brigada XVI y dejó la denuncia. Al día siguiente cayó asesinado su compañero Daniel Abril. El único capturado – en junio de 2017 – por este homicidio es Eliécer Anzueta Cero. La Fiscalía tuvo que entrar a la Brigada XVI del Ejército en Yopal. Anzueta era soldado profesional.

Se recuerda aun en el Casanare la muerte del director de Corporinoquia Carlos Humberto Vargas hace veinte años. Llevaba los vidrios de su camioneta cerrados. El aire acondicionado rugía en el calor de Yopal cuando sonaron tres tiros. Había sido acallada su voz en plena negociación de la inversión social de las petroleras en la región, con Perenco en primera línea.

La conclusión de Michael Gillard en su artículo es que hoy Aguazul ha cambiado poco para aquellos que se oponen a los ríos contaminados y la desaparición de las cañadas. Para esos líderes, Casanare sigue siendo igual de peligroso que en la época en que los paramilitares del Bloque Centauros, al mando de don Mario, y las autodefensas campesinas del Casanare, en cabeza de Martín Llanos, se movían por la vía principal entre Villavicencio y Yopal, a plena luz del día, en camionetas y completamente armados.

La respuesta paramilitar fue tan violencia como el plan de las Farc contra las empresas extranjeras vinculadas al sector de hidrocarburos. Las bombas estallaban, los oleoductos tenían que cerrarse y empleados y directivos fueron secuestrados con pretensiones económicas. El Oleoducto Central del Llano que transportaba petróleo extraído de los 14 pozos que tenía Perenco en Casanare; dos años después la guerrilla se quedó con un helicóptero utilizado por una de sus empresas contratistas.

En las audiencias de Justicia y Paz para cerrar la negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, comandantes como Nelson Vargas Gordillo y Don Mario mencionaron en sus versiones libres la firma francesa y entregaron detalles de sus métodos de colaboración. La Fiscalía les abrió un proceso penal, pero se cerró sin mayores avances. Entrevistaron a 13 personas escogidas al azar, vinculadas laboralmente con la compañía, quienes negaron las afirmaciones y cerraron el caso.

La Fiscalía comenzó una segunda ronda de investigaciones. Esta vez bajo la tutela de Víctor Fabio García, Fiscal 86 especial de Justicia Transicional. La defensa de la empresa, liderada por Santiago Reyes Botero – abogado especialista en petróleo y uno de los representantes legales de Perenco Colombia – logró que el proceso se archivara definitivamente.

La llegada de los franceses a Colombia se dio 1993, en el gobierno de Ernesto Samper cuando la empresa francesa le compró a Aquitaine – coterránea suya – el pozo en Aguazul. Su fundador fue Hubert Perrodo, hijo de un pescador humilde. Se enlistó en la marina francesa, desde donde pudo conocer las costas de África, Canadá y Estados Unidos. En California un día se quitó el traje de cadete y comenzó a rebuscarse la vida. Terminó atendiendo una fiesta en el yate de Jack Walton, el dueño de Gulf – una de las petroleras más grandes del mundo – y, siguiendo sus consejos, cambió definitivamente el uniforme marítimo por un overol de la empresa la petrolera Forex. Comenzó su carrera buscando oro negro. Fundó Perenco en 1975 y desde entonces no ha dejado de crecer. La empresa conquistó países en África, Asia y Suramérica.

Hubert Perrodo murió repentinamente de un episodio cardiaco en 2006 y su viuda Carrie quedó con una fortuna de USD $ 10 mil millones. En Colombia su presencia ha crecido significativamente en sus 25 años hasta pasar a ser una de las diez petroleras más grandes del país. En 2013 compró los yacimientos de petróleo y los oleoductos de Petrobras, el gigante brasileño, con lo que completó nueve contratos de pozos para extraer petróleo, así como doce tramos de oleoductos. Perenco sigue extrayendo 23,021 barriles de petróleo diarios, sin contar los cinco pozos que tienen en exploración.

Fuente: www.las2orillas.co

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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes

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En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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