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La oscura mancha de la petrolera Perenco en Casanare

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El periodista inglés Michael Gillard volvió texto las voces y testimonios de la gente frente a muchas de las actuaciones de la gigante francesa en el Casanare. Publicó en New Matilda el artículo Muerte máxima: Asesinato al mejor postor en los campos petroleros en Colombia.

Galardonado como el mejor en Inglaterra en 2013 – Gillard se internó en el Casanare a investigar las amenazas a los líderes ambientales que trabajaban con las comunidades en la zona de operación de la petrolera. Viajó hasta la población de Trinidad y estuvo en el segundo aniversario del asesinato de Daniel Abril Fuentes. Este campesino había luchado del lado de los ambientalistas por comprometer a las empresas petroleras de la región, especialmente Ecopetrol y Perenco, con la protección del medio ambiente. La gente lo recordaba con dolor y lloraba, pero estaban tranquilos mientras el cura del pueblo elogiaba el sacrificio de los mártires que luchaban contra las multinacionales.

Gillard se reunió sigilosamente con los pocos líderes que resisten y mantienen sus exigencias para exigirle a las petroleras no solo lo que les corresponde de regalías en inversión social, sino que no acaben con la tierra. Uno de ellos fue Milton Cárdenas, quien lo recibió en la clandestinidad. Trabajó varios años manejando el taladro de Perenco en Tesoro de Bubuy, otro pueblo en Aguazul, Casanare, en el pozo La Gloria y, por lo tanto, sabía demasiado. Ahora quiere que la compañía responda con inversión en infraestructura y educación, y según sus mismas palabras, no regalando camisetas y cachuchas. De allí los plantones frente a la empresa que ha liderado.

El terror comenzó cuando se percataron que estaban siendo registrados fotográficamente por guardias de la empresa de vigilancia Santafereña que prestaba sus servicios a Perenco.

En una de esas marchas apareció Jaime Ortiz, campesino de la región. Para apoyar a los manifestantes sacó los búfalos de su finca – que linda con el pozo La Gloria – para bloquear la entrada. Nadie podía entrar o salir. Desde ese día, ha sufrido dos intentos de asesinato: uno en 2014 y otro en 2016, según narra Gillard.

El campesino Cárdenas volvió a presionar a comienzos del 2015 para evitar que el petróleo fuera a parar a los ríos que nacen cerca al pozo. Pocos días después recibió la primera llamada: que lo iban a matar, que tenía que dejar de molestar. Acudió de inmediato a la Brigada XVI y dejó la denuncia. Al día siguiente cayó asesinado su compañero Daniel Abril. El único capturado – en junio de 2017 – por este homicidio es Eliécer Anzueta Cero. La Fiscalía tuvo que entrar a la Brigada XVI del Ejército en Yopal. Anzueta era soldado profesional.

Se recuerda aun en el Casanare la muerte del director de Corporinoquia Carlos Humberto Vargas hace veinte años. Llevaba los vidrios de su camioneta cerrados. El aire acondicionado rugía en el calor de Yopal cuando sonaron tres tiros. Había sido acallada su voz en plena negociación de la inversión social de las petroleras en la región, con Perenco en primera línea.

La conclusión de Michael Gillard en su artículo es que hoy Aguazul ha cambiado poco para aquellos que se oponen a los ríos contaminados y la desaparición de las cañadas. Para esos líderes, Casanare sigue siendo igual de peligroso que en la época en que los paramilitares del Bloque Centauros, al mando de don Mario, y las autodefensas campesinas del Casanare, en cabeza de Martín Llanos, se movían por la vía principal entre Villavicencio y Yopal, a plena luz del día, en camionetas y completamente armados.

La respuesta paramilitar fue tan violencia como el plan de las Farc contra las empresas extranjeras vinculadas al sector de hidrocarburos. Las bombas estallaban, los oleoductos tenían que cerrarse y empleados y directivos fueron secuestrados con pretensiones económicas. El Oleoducto Central del Llano que transportaba petróleo extraído de los 14 pozos que tenía Perenco en Casanare; dos años después la guerrilla se quedó con un helicóptero utilizado por una de sus empresas contratistas.

En las audiencias de Justicia y Paz para cerrar la negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, comandantes como Nelson Vargas Gordillo y Don Mario mencionaron en sus versiones libres la firma francesa y entregaron detalles de sus métodos de colaboración. La Fiscalía les abrió un proceso penal, pero se cerró sin mayores avances. Entrevistaron a 13 personas escogidas al azar, vinculadas laboralmente con la compañía, quienes negaron las afirmaciones y cerraron el caso.

La Fiscalía comenzó una segunda ronda de investigaciones. Esta vez bajo la tutela de Víctor Fabio García, Fiscal 86 especial de Justicia Transicional. La defensa de la empresa, liderada por Santiago Reyes Botero – abogado especialista en petróleo y uno de los representantes legales de Perenco Colombia – logró que el proceso se archivara definitivamente.

La llegada de los franceses a Colombia se dio 1993, en el gobierno de Ernesto Samper cuando la empresa francesa le compró a Aquitaine – coterránea suya – el pozo en Aguazul. Su fundador fue Hubert Perrodo, hijo de un pescador humilde. Se enlistó en la marina francesa, desde donde pudo conocer las costas de África, Canadá y Estados Unidos. En California un día se quitó el traje de cadete y comenzó a rebuscarse la vida. Terminó atendiendo una fiesta en el yate de Jack Walton, el dueño de Gulf – una de las petroleras más grandes del mundo – y, siguiendo sus consejos, cambió definitivamente el uniforme marítimo por un overol de la empresa la petrolera Forex. Comenzó su carrera buscando oro negro. Fundó Perenco en 1975 y desde entonces no ha dejado de crecer. La empresa conquistó países en África, Asia y Suramérica.

Hubert Perrodo murió repentinamente de un episodio cardiaco en 2006 y su viuda Carrie quedó con una fortuna de USD $ 10 mil millones. En Colombia su presencia ha crecido significativamente en sus 25 años hasta pasar a ser una de las diez petroleras más grandes del país. En 2013 compró los yacimientos de petróleo y los oleoductos de Petrobras, el gigante brasileño, con lo que completó nueve contratos de pozos para extraer petróleo, así como doce tramos de oleoductos. Perenco sigue extrayendo 23,021 barriles de petróleo diarios, sin contar los cinco pozos que tienen en exploración.

Fuente: www.las2orillas.co

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Mujer perdió la vida en accidente de tránsito en inmediaciones de la Comuna 2 en Yopal

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Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.

El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.

Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.

Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.

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Restos óseos hallados en Yopal correspondían a joven desaparecida desde 2024

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Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.

La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.

De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.

Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.

Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.

Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto

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Recaudo del impuesto vehicular en Casanare se incrementó un 23%

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La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.

Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.

El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.

La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.

“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.

A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.

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