CASANARE
La mala hora de Corporinoquia, de encargo en encargo por demandas y suspensiones
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, pareciera estar condenada a no contar con un Director en propiedad que tome las riendas de la entidad ambientalista y la lleve por los caminos que administrativa y operativamente debe tomar.
Desde el pasado 30 de octubre de 2019, cuando se eligió a Doris Bernal Cárdenas como la sucesora de Martha Plazas Roa para que asumiera a partir del primero de enero de 2020 la Dirección General de Corporinoquia, se han presentado una serie de órdenes o mandatos judiciales que han sumido a Corporinoquia en una seguidilla de encargos, que a la fecha no permiten tener un Director en propiedad.
Demandas y encargos
Tras la elección de Doris Bernal Cárdenas fueron presentadas tres (3) demandas ante el Consejo de Estado, que actualmente cursan trámite en la Sección Quinta del mencionado organismo.
El 12 de diciembre de 2019, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Acuerdo por medio del cual se designó a Bernal Cárdenas como Directora de Corporinoquia.
Acogiendo la decisión proferida por el Consejo de Estado, el Consejo Directivo de Corporinoquia designó como Directora encargada a Dolia Jenny Gámez Cala, el 31 de diciembre de 2019.
A esta designación también la demandaron, y actualmente la Sección Quinta del Consejo de Estado dá trámite a dos (2) demandas de acción de nulidad electoral, cada una de estas acompañada de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional.
El pasado 05 de marzo de 2020, el Consejo de Estado decretó la suspensión del encargo de Dolia Jenny Gámez Cala como Directora General, quedando nuevamente Corporinoquia acéfala y al garete.
Ante esta situación, a través de un comunicado Corporinoquia informó que ha asumido las funciones de Director General el Secretario General de la Corporación, Jorge Andrés Mariño Álvarez, hasta tanto el Consejo Directivo decida si lo ratifica o designa otro de los empleados del nivel directivo o asesor que cumpla con los requisitos para el cargo de Director General.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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