CASANARE
Magistrados de la JEP recibieron informe de los “falsos positivos” cometidos en Casanare
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Social Para la asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entregaron esta mañana en Yopal, el informe “Ni delincuentes, ni combatientes: Informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El informe da cuenta de contextos, patrones, modus operandi y presuntos responsables de una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los departamentos de Casanare y Boyacá. A partir del proceso de acompañamiento y representación de familiares de víctimas, las organizaciones realizaron el estudio de 12 casos en los que se recogen 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas son atribuibles a la XVI Brigada de la IV División del Ejército Nacional, que vincula responsabilidades de alrededor de 50 militares y al entonces Coronel Henry William Torres Escalante, primer General del Ejército llamado a juicio por su participación en ejecuciones extrajudiciales y actualmente compareciente ante la JEP.
El análisis del CSPP estableció que de las 9 unidades militares que componen la XVI Brigada, 7 de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Después de identificar algunos criterios adoptados en una posible fase de planeación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente, los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria, estos fueron algunos de los patrones identificados en el Informe:
i) En todos los casos existió simulación de combate.
ii) El levantamiento de los cuerpos se realizó por la misma tropa que efectuó el operativo en los que resultaron muertas las víctimas.
iii) En todos los casos existió una decisión favorable a los militares en la jurisdicción penal militar.
iv) Si bien la generalidad de casos estudiados en el país reporta que las víctimas eran de mediana edad, entre los casos del presente informe se encuentran 4 menores de edad, 1 persona con condición especial de salud de otro departamento, 1 adulto mayor y 1 mujer en estado de embarazo.
v) De las 20 víctimas, 17 fueron señaladas por supuestos informantes o un documento de inteligencia que vinculaba a las víctimas con grupos guerrilleros.
vi) En más de la mitad de los casos, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional Casanare, tuvo un rol activo en las ejecuciones documentadas, ya sea realizando informes de inteligencia que vinculaban a las víctimas con grupos insurgentes o participando directamente de las operaciones junto con militares de la XVI Brigada.
vii) La mayoría de las presuntas ejecuciones del presente Informe se cometieron en 2007, coincidiendo con el periodo de la comandancia del entonces CR Henry Willaim Torres Escalante y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, GR Mario Montoya Uribe (2006-2008).
En otros capítulos del documento, se caracterizó la región donde se presentaron los casos (Departamento de Casanare y la antigua Provincia La Libertad de Boyacá). Además, se presentó la dinámica del conflicto y los grupos armados en Casanare desde la consolidación de los grupos insurgentes hasta el actuar de grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ACTUALESMagistrados Óscar Parra y Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de la JEP, sobre recepción del informe de "falsos positivos" en Casanare, entregado esta mañana en Yopal.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, August 16, 2018
Las cifras
Actualmente es incierto el número de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos. Según la Fiscalía General de la Nación, Casanare fue el segundo departamento que más registró muertes de inocentes presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, superado únicamente por Antioquia.
De acuerdo a los informes iniciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos – CCEEU (2012), entre 2002 y 2008 se registraron al menos 82 casos que llevaron a la detención de más de 70 integrantes de la Brigada XVI. Desde 2015, la Fiscalía General de la Nación adelanta 58 procesos contra miembros del Batallón de Infantería No. 44 “Coronel Ramón Nonato Pérez”, tan solo uno de los batallones que componen la Brigada, al que se han atribuido 63 víctimas.
Esta diferencia de cifras entre los informes de la CCEEU y las cifras presentadas por la Fiscalía General de la Nación en 2015 de solo uno de los Batallones que componen la XVI Brigada, suponen la existencia de un subregistro. En Casanare, la falta de registros puede exceder las 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En la actualidad, los casos se siguen presentando y denunciando en diferentes lugares del país. Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 se presentaron al menos 11 muertes de civiles que fueron presentadas como bajas en combate en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
Este es el primer informe que entregan las organizaciones de derechos humanos a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, como una contribución para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El documento espera brindar elementos para la comprensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales como una práctica generalizada y sistemática de vulneración de derechos, que afectó especialmente a la población campesina de la zona.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
