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Magistrados de la JEP recibieron informe de los “falsos positivos” cometidos en Casanare

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FALSOS POSITIVOS

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Social Para la asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entregaron esta mañana en Yopal, el informe “Ni delincuentes, ni combatientes: Informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El informe da cuenta de contextos, patrones, modus operandi y presuntos responsables de una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los departamentos de Casanare y Boyacá. A partir del proceso de acompañamiento y representación de familiares de víctimas, las organizaciones realizaron el estudio de 12 casos en los que se recogen 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas son atribuibles a la XVI Brigada de la IV División del Ejército Nacional, que vincula responsabilidades de alrededor de 50 militares y al entonces Coronel Henry William Torres Escalante, primer General del Ejército llamado a juicio por su participación en ejecuciones extrajudiciales y actualmente compareciente ante la JEP.

El análisis del CSPP estableció que de las 9 unidades militares que componen la XVI Brigada, 7 de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Después de identificar algunos criterios adoptados en una posible fase de planeación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente, los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria, estos fueron algunos de los patrones identificados en el Informe:

i) En todos los casos existió simulación de combate.
ii) El levantamiento de los cuerpos se realizó por la misma tropa que efectuó el operativo en los que resultaron muertas las víctimas.
iii) En todos los casos existió una decisión favorable a los militares en la jurisdicción penal militar.
iv) Si bien la generalidad de casos estudiados en el país reporta que las víctimas eran de mediana edad, entre los casos del presente informe se encuentran 4 menores de edad, 1 persona con condición especial de salud de otro departamento, 1 adulto mayor y 1 mujer en estado de embarazo.
v) De las 20 víctimas, 17 fueron señaladas por supuestos informantes o un documento de inteligencia que vinculaba a las víctimas con grupos guerrilleros.
vi) En más de la mitad de los casos, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional Casanare, tuvo un rol activo en las ejecuciones documentadas, ya sea realizando informes de inteligencia que vinculaban a las víctimas con grupos insurgentes o participando directamente de las operaciones junto con militares de la XVI Brigada.
vii) La mayoría de las presuntas ejecuciones del presente Informe se cometieron en 2007, coincidiendo con el periodo de la comandancia del entonces CR Henry Willaim Torres Escalante y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, GR Mario Montoya Uribe (2006-2008).
En otros capítulos del documento, se caracterizó la región donde se presentaron los casos (Departamento de Casanare y la antigua Provincia La Libertad de Boyacá). Además, se presentó la dinámica del conflicto y los grupos armados en Casanare desde la consolidación de los grupos insurgentes hasta el actuar de grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

ACTUALESMagistrados Óscar Parra y Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de la JEP, sobre recepción del informe de "falsos positivos" en Casanare, entregado esta mañana en Yopal.

Posted by El Diario Del Llano on Thursday, August 16, 2018

Las cifras

Actualmente es incierto el número de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos. Según la Fiscalía General de la Nación, Casanare fue el segundo departamento que más registró muertes de inocentes presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, superado únicamente por Antioquia.

De acuerdo a los informes iniciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos – CCEEU (2012), entre 2002 y 2008 se registraron al menos 82 casos que llevaron a la detención de más de 70 integrantes de la Brigada XVI. Desde 2015, la Fiscalía General de la Nación adelanta 58 procesos contra miembros del Batallón de Infantería No. 44 “Coronel Ramón Nonato Pérez”, tan solo uno de los batallones que componen la Brigada, al que se han atribuido 63 víctimas.

Esta diferencia de cifras entre los informes de la CCEEU y las cifras presentadas por la Fiscalía General de la Nación en 2015 de solo uno de los Batallones que componen la XVI Brigada, suponen la existencia de un subregistro. En Casanare, la falta de registros puede exceder las 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En la actualidad, los casos se siguen presentando y denunciando en diferentes lugares del país. Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 se presentaron al menos 11 muertes de civiles que fueron presentadas como bajas en combate en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.

Este es el primer informe que entregan las organizaciones de derechos humanos a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, como una contribución para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El documento espera brindar elementos para la comprensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales como una práctica generalizada y sistemática de vulneración de derechos, que afectó especialmente a la población campesina de la zona.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”

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“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.

Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.

León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.

Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.

Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.

El reconocimiento

Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.

Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.

Las víctimas alzaron su voz

Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.

El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.

A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.

Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.

A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.

En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.

¿Qué sigue?

Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.

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Yopal será el punto de partida de ‘Conecta País de la Belleza’, iniciativa del MinTic

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Este viernes 20 de marzo, la ciudad de Yopal será el escenario de la primera activación de Conecta País de la Belleza, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Canal Trece que recorrerá distintas regiones del país para visibilizar historias de innovación, emprendimiento cultural y desarrollo territorial.

El evento, que se realizará en el Coliseo Cubierto Casiquiare, marcará el inicio oficial del proyecto y reunirá a comunidades locales, emprendedores, creadores de contenido y actores del ecosistema digital en una jornada que combinará tecnología, cultura y formación digital.

Durante la jornada se desarrollarán muestras de emprendimiento cultural local, talleres, activaciones tecnológicas y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales en la región y promover el talento de los territorios.

Además, en el marco del evento se realizará la entrega de computadores destinados a fortalecer las escuelas locales, en articulación con Computadores para Educar y como parte de las acciones del Ministerio TIC para impulsar el acceso a la tecnología y la educación digital en las regiones.

La activación contará con la participación del Viceministro de Transformación Digital Andrés López, así como de creadores e influenciadores digitales que compartirán experiencias con los asistentes sobre creación de contenido, comunidades digitales y oportunidades en el ecosistema digital.

Entre los invitados estarán Juliana Seligmann, Marco Lasso y Dominic Wolf, quienes participarán en actividades de interacción con el público y conversaciones sobre el impacto de las plataformas digitales en la difusión de historias y proyectos locales.

Asimismo, los creadores Diego Andariego y Gio @estratomedio liderarán clases magistrales sobre desarrollo de contenido digital y construcción de comunidades en línea, dirigidas a jóvenes, emprendedores y creadores interesados en fortalecer su presencia en plataformas digitales.

“Conecta País busca mostrar cómo la tecnología, la creatividad y la cultura están transformando los territorios. Queremos visibilizar historias reales de comunidades y creadores que están impulsando el desarrollo digital del país”, señaló vocería MinTIC.

Conecta País de la Belleza es una iniciativa que recorrerá distintas regiones de Colombia para documentar historias de comunidades, emprendimientos e iniciativas locales vinculadas con innovación, cultura y turismo.

A través de una serie audiovisual, activaciones territoriales y la Ruta TIC, el proyecto busca fortalecer la creación y circulación de contenidos digitales desde los territorios, promover el emprendimiento cultural y fomentar el turismo en las regiones mediante la visibilización de sus historias y proyectos locales.

La activación en Yopal marca el inicio de esta estrategia nacional que conectará tecnología, cultura y territorio, ampliando las oportunidades para que las historias de las regiones lleguen a audiencias en todo el país.

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Casanare se prepara para elecciones comunales de dignatarios en abril de 2026

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La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.

Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?

El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.

Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.

El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.

Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.

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