CASANARE
Magistrados de la JEP recibieron informe de los “falsos positivos” cometidos en Casanare
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Social Para la asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entregaron esta mañana en Yopal, el informe “Ni delincuentes, ni combatientes: Informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El informe da cuenta de contextos, patrones, modus operandi y presuntos responsables de una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los departamentos de Casanare y Boyacá. A partir del proceso de acompañamiento y representación de familiares de víctimas, las organizaciones realizaron el estudio de 12 casos en los que se recogen 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas son atribuibles a la XVI Brigada de la IV División del Ejército Nacional, que vincula responsabilidades de alrededor de 50 militares y al entonces Coronel Henry William Torres Escalante, primer General del Ejército llamado a juicio por su participación en ejecuciones extrajudiciales y actualmente compareciente ante la JEP.
El análisis del CSPP estableció que de las 9 unidades militares que componen la XVI Brigada, 7 de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Después de identificar algunos criterios adoptados en una posible fase de planeación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente, los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria, estos fueron algunos de los patrones identificados en el Informe:
i) En todos los casos existió simulación de combate.
ii) El levantamiento de los cuerpos se realizó por la misma tropa que efectuó el operativo en los que resultaron muertas las víctimas.
iii) En todos los casos existió una decisión favorable a los militares en la jurisdicción penal militar.
iv) Si bien la generalidad de casos estudiados en el país reporta que las víctimas eran de mediana edad, entre los casos del presente informe se encuentran 4 menores de edad, 1 persona con condición especial de salud de otro departamento, 1 adulto mayor y 1 mujer en estado de embarazo.
v) De las 20 víctimas, 17 fueron señaladas por supuestos informantes o un documento de inteligencia que vinculaba a las víctimas con grupos guerrilleros.
vi) En más de la mitad de los casos, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional Casanare, tuvo un rol activo en las ejecuciones documentadas, ya sea realizando informes de inteligencia que vinculaban a las víctimas con grupos insurgentes o participando directamente de las operaciones junto con militares de la XVI Brigada.
vii) La mayoría de las presuntas ejecuciones del presente Informe se cometieron en 2007, coincidiendo con el periodo de la comandancia del entonces CR Henry Willaim Torres Escalante y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, GR Mario Montoya Uribe (2006-2008).
En otros capítulos del documento, se caracterizó la región donde se presentaron los casos (Departamento de Casanare y la antigua Provincia La Libertad de Boyacá). Además, se presentó la dinámica del conflicto y los grupos armados en Casanare desde la consolidación de los grupos insurgentes hasta el actuar de grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ACTUALESMagistrados Óscar Parra y Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de la JEP, sobre recepción del informe de "falsos positivos" en Casanare, entregado esta mañana en Yopal.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, August 16, 2018
Las cifras
Actualmente es incierto el número de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos. Según la Fiscalía General de la Nación, Casanare fue el segundo departamento que más registró muertes de inocentes presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, superado únicamente por Antioquia.
De acuerdo a los informes iniciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos – CCEEU (2012), entre 2002 y 2008 se registraron al menos 82 casos que llevaron a la detención de más de 70 integrantes de la Brigada XVI. Desde 2015, la Fiscalía General de la Nación adelanta 58 procesos contra miembros del Batallón de Infantería No. 44 “Coronel Ramón Nonato Pérez”, tan solo uno de los batallones que componen la Brigada, al que se han atribuido 63 víctimas.
Esta diferencia de cifras entre los informes de la CCEEU y las cifras presentadas por la Fiscalía General de la Nación en 2015 de solo uno de los Batallones que componen la XVI Brigada, suponen la existencia de un subregistro. En Casanare, la falta de registros puede exceder las 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En la actualidad, los casos se siguen presentando y denunciando en diferentes lugares del país. Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 se presentaron al menos 11 muertes de civiles que fueron presentadas como bajas en combate en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
Este es el primer informe que entregan las organizaciones de derechos humanos a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, como una contribución para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El documento espera brindar elementos para la comprensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales como una práctica generalizada y sistemática de vulneración de derechos, que afectó especialmente a la población campesina de la zona.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.
El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.
Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.
Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.
Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.
Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.
La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.
De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.
Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.
Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.
Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto
La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.
Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.
El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.
La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.
“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.
A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.
