CASANARE
Juzgado de Yopal en primera instancia declaró nulo Acuerdo del Concejo que autorizó fotomultas
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, en decisión de primera instancia, declaró nulo el Acuerdo 023 del 25 de diciembre de 2013, que autorizó al alcalde Wilman Enrique Celemín para suscribir el contrato de concesión de los servicios de tránsito en la capital de Casanare, y por ende declaró la nulidad del contrato suscrito entre la Alcaldía de Yopal y la Concesionaria SETTY.
En la decisión judicial se ordena al representante legal del municipio, para que en un tiempo máximo de un mes expida un acto administrativo debidamente motivado declarando la terminación del mencionado contrato, ordenando la liquidación del mismo en el estado en que se encuentra.
La demanda de nulidad había sido interpuesta por el ex concejal René Leonardo Puentes y los concejales Heyder Silva, César Ortiz Zorro, Juan Vicente Nieves, José Humberto Barrios y Julián Fonseca, quienes siempre alegaron la presunta ilegalidad en la aprobación del mencionado Acuerdo Municipal, que permitió la concesión de los servicios de tránsito en Yopal, entre ellos las cuestionadas fotomultas.
Señala en la sentencia el Juez Primero Administrativo, que si se presentó una vulneración al debido proceso en el estudio del mencionado Acuerdo Municipal, pues se incluyó una “Adenda Modificatoria” cuando ya se tenía todo listo para el primer debate, y cuando la Presidenta del Concejo ya había emitido concepto de legalidad y unidad de materia sobre el Acuerdo inicialmente presentado, es decir, sin las modificaciones que se le incluyeron en la mencionada adenda.
“…el Concejo Municipal dio trámite a una actuación improcedente, omitiendo los respectivos filtros de control por la Autoridad Competente y sin analizar con mayor detenimiento los alcances de la modificación impetrada con sus respectivos soportes”, reza la sentencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
