REGIÓN
Juzgado de Villavicencio asume proceso de restitución de 124 mil hectáreas en Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos territoriales en favor de las 210 familias que conforman el Territorio colectivo La Llanura, ubicado en el municipio de La Primavera, Vichada la Unidad de Restitución de Tierras, presentó demanda étnica ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
El Territorio colectivo La llanura, en el que habitan tres pueblos indígenas: Sikuani, Cubeo y Piapoco, cuenta con un área cartográfica de 124.252 hectáreas y 7.537 metros cuadrados, y se encuentra conformado por dos globos de terreno: el primero de ellos denominado “Resguardo Indígena La Llanura”, el cual fue constituido mediante resolución No. 089 del 27 de julio de 1982 emitida por el INCORA y cuenta con una extensión de 66.266 hectáreas y 2.028 metros cuadrados. El segundo globo es el “Territorio La Llanura”, un área solicitada por la comunidad en ampliación, debido a su uso ancestral y comprende 57.986 hectáreas y 5.509 metros cuadrados.
Algunas de las afectaciones de violencia que han afrontado las familias de los tres pueblos, se relacionan con la presencia activa de grupos al margen de la ley y combates y confrontaciones armadas entre estos; además de la pérdida de acceso a sus lugares sagrados, la falta de seguridad alimentaria y de capacidad de autoabastecimiento.
Con esta demanda, la Unidad de Restitución de Tierras pretende implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva; el diseño y la puesta en marcha de programas de fortalecimiento del gobierno propio y gobernabilidad indígena; e igualmente, busca el ordenamiento ambiental propio; la gobernanza territorial y aseguramiento de medios de vida sostenibles.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
