META
Justicia ordenó compensar a familia víctima de la violencia paramilitar en Cabuyaro
Una familia acechada por la violencia paramilitar fue compensada con una nueva vivienda a cambio de la que debió abandonar en zona rural de Cabuyaro, Meta.
Ante la imposibilidad de retornar al terreno que se encuentra en zona inundable, la Unidad de Restitución de Tierras, a través del Grupo Fondo, asumió la administración del predio y lo entregará en custodia a la administración municipal.
La historia se remonta a los años 90, cuando la pareja de esposos adquirió el predio “La Esperanza” en el que habitaba y tenían algunos cultivos de pancoger. Su suerte cambió tras la llegada de los grupos paramilitares a la zona, quienes empezaron a extorsionar a los pobladores de la vereda Guayabal e intentaron reclutar al hijo mayor de esta familia.
Ante las constantes amenazas del grupo armado ilegal, en octubre de 2001, este grupo familiar no tuvo más remedio que huir hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas e integridad.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la cabeza del hogar acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó el caso ante la justicia, logrando que se reconociera su derecho a la restitución mediante la compensación por equivalencia ambiental.
Así las cosas, en cumplimiento de la orden judicial, esta familia volvió a tener techo propio, en el municipio de su elección. Entre tanto, el predio quedó en manos de la Unidad de Restitución de Tierras, luego de la diligencia de entrega que se cumplió recientemente con la presencia del Juez Promiscuo Municipal, de funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cabuyaro y con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
La familia compensada también tiene derecho a la oferta institucional del Estado como complemento para su reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
