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Justicia ordena restituir a familia víctima del despojo de tierras en Puerto López
Como resultado de las labores de representación judicial adelantadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la devolución del predio “La Pocha”, de 920 hectáreas y 1.975 metros cuadrados, ubicado en la vereda El Yucao del municipio de Puerto López, a sus legítimos dueños.
En 1995, la pareja de esposos adquirió el predio mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban productos de pancoger, pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona, que obligaban a los finqueros a pagar extorsiones.
En ese entonces, el jefe del hogar (QEPD) había adquirido un crédito con el Banco Ganadero (hoy BBVA) para la compra de reses, reforestación y adecuación de pastos. No obstante, el proyecto no prosperó debido a los cuantiosos pagos que exigían los paramilitares, por lo que el propietario y su familia se vieron forzados a abandonar la finca, desplazarse a otro municipio e intentar ponerla en venta.
La propiedad no se pudo vender debido a la presencia de grupos ilegales. Tras el desplazamiento en 1998, se evidenció que particulares se ubicaron en ella y, al parecer, llegaron a una negociación con el banco para el pago de la deuda.
César Santoyo, director territorial de la URT en Meta, explicó que “tras entrar en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el jefe del hogar y su esposa acudieron a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia. Infortunadamente, el reclamante falleció en 2021 y no pudo ver materializado su sueño de retornar al predio despojado. No obstante, la viuda y sus hijos serán restituidos”.
El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en posesión del predio y que había pagado el crédito a la entidad bancaria, pero el tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, ordenó la entrega material de esta propiedad a la mujer y a sus tres herederos. También dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de los beneficiarios en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
Además, la justicia ordenó a la entidad bancaria BBVA la terminación del proceso ejecutivo en contra del extinto reclamante y, a la Alcaldía de Puerto López, la condonación de las deudas por concepto de servicios públicos y alivio de pasivos.
Santoyo agregó que, una vez el juez comisionado defina fecha de entrega material del predio, la Unidad de Restitución de Tierras procederá a realizar la diligencia de devolución de la propiedad despojada a sus legítimos dueños, y se implementará un proyecto productivo para garantizar su seguridad alimentaria.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
