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Justicia ordena restituir a familia víctima del despojo de tierras en Puerto López
Como resultado de las labores de representación judicial adelantadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la devolución del predio “La Pocha”, de 920 hectáreas y 1.975 metros cuadrados, ubicado en la vereda El Yucao del municipio de Puerto López, a sus legítimos dueños.
En 1995, la pareja de esposos adquirió el predio mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban productos de pancoger, pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona, que obligaban a los finqueros a pagar extorsiones.
En ese entonces, el jefe del hogar (QEPD) había adquirido un crédito con el Banco Ganadero (hoy BBVA) para la compra de reses, reforestación y adecuación de pastos. No obstante, el proyecto no prosperó debido a los cuantiosos pagos que exigían los paramilitares, por lo que el propietario y su familia se vieron forzados a abandonar la finca, desplazarse a otro municipio e intentar ponerla en venta.
La propiedad no se pudo vender debido a la presencia de grupos ilegales. Tras el desplazamiento en 1998, se evidenció que particulares se ubicaron en ella y, al parecer, llegaron a una negociación con el banco para el pago de la deuda.
César Santoyo, director territorial de la URT en Meta, explicó que “tras entrar en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el jefe del hogar y su esposa acudieron a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia. Infortunadamente, el reclamante falleció en 2021 y no pudo ver materializado su sueño de retornar al predio despojado. No obstante, la viuda y sus hijos serán restituidos”.
El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en posesión del predio y que había pagado el crédito a la entidad bancaria, pero el tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, ordenó la entrega material de esta propiedad a la mujer y a sus tres herederos. También dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de los beneficiarios en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
Además, la justicia ordenó a la entidad bancaria BBVA la terminación del proceso ejecutivo en contra del extinto reclamante y, a la Alcaldía de Puerto López, la condonación de las deudas por concepto de servicios públicos y alivio de pasivos.
Santoyo agregó que, una vez el juez comisionado defina fecha de entrega material del predio, la Unidad de Restitución de Tierras procederá a realizar la diligencia de devolución de la propiedad despojada a sus legítimos dueños, y se implementará un proyecto productivo para garantizar su seguridad alimentaria.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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