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Justicia ordena proteger derechos de cuatro asentamientos indígenas de Puerto Gaitán

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El inminente riesgo de afectación territorial y la vulneración de los derechos ambientales que afrontan estas comunidades indígenas por cuenta del conflicto armado, motivaron a la Unidad de Restitución de Tierras a presentar las acciones judiciales a través de las cuales pretende que se ordenen medidas eficaces y oportunas para proteger a los pueblos ancestrales.

Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT explicó que, “la urgencia de esta acción judicial obedece a la acelerada expansión de las actividades de arado en inmediaciones de los caños y el avance de procesos de deforestación en áreas de conservación. Además, según las denuncias de las autoridades tradicionales, las actividades agrícolas mecanizadas por parte de empresas agropecuarias, avanzan rápidamente y podrían haber consumado daños por intervenciones en las rondas hídricas”.

A esto se suma, que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia, denunciaron que desde el año 2020 reciben constantes amenazas de muerte por parte de presuntos actores armados.

Los asentamientos indígenas pertenecientes a los pueblos Sikuani Sáliba y Piapoco están ubicados en un territorio que suma 102.000 hectáreas de las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán, Meta. Allí, la Unidad evidenció los fenómenos de la deforestación, remoción e intervención de los bosques y vegetación natural de la ronda hídrica de los caños, ríos y lagunas en los territorios ancestrales.

En el territorio ancestral, se realizan quemas como método de remoción de cobertura vegetal, lo cual genera un alto riesgo de propiciar incendios forestales, disminuyendo la cobertura vegetal. Además, los procesos naturales que se presentan por la época de sequía y verano intenso hacen vulnerable la capa vegetal generando fuego incontrolable.

Gracias a las visitas técnicas que se realizaron a los predios privados que traslapan con el territorio ocupado por el pueblo Sikuani, actualmente cursan tres procesos sancionatorios por afectaciones a los recursos naturales debido a las actividades que se han realizado sin permiso de autoridad ambiental.

El director Duque manifestó que “tras analizar estas situaciones de gravedad y urgencia por la violación de los derechos ambientales de las comunidades indígenas, soportadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el juez Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, consideró que la solicitud reúne los requisitos mínimos para su admisión y trámite, de conformidad con lo previsto en el art.152 del Decreto –Ley 4633 de 2011”.

Así las cosas, el juez dispuso la vinculación y notificación de las entidades para que en un término de cinco días se pronuncien en relación con la presente solicitud de medida cautelar.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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