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Justicia ordena proteger derechos de cuatro asentamientos indígenas de Puerto Gaitán
El inminente riesgo de afectación territorial y la vulneración de los derechos ambientales que afrontan estas comunidades indígenas por cuenta del conflicto armado, motivaron a la Unidad de Restitución de Tierras a presentar las acciones judiciales a través de las cuales pretende que se ordenen medidas eficaces y oportunas para proteger a los pueblos ancestrales.
Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT explicó que, “la urgencia de esta acción judicial obedece a la acelerada expansión de las actividades de arado en inmediaciones de los caños y el avance de procesos de deforestación en áreas de conservación. Además, según las denuncias de las autoridades tradicionales, las actividades agrícolas mecanizadas por parte de empresas agropecuarias, avanzan rápidamente y podrían haber consumado daños por intervenciones en las rondas hídricas”.
A esto se suma, que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia, denunciaron que desde el año 2020 reciben constantes amenazas de muerte por parte de presuntos actores armados.
Los asentamientos indígenas pertenecientes a los pueblos Sikuani Sáliba y Piapoco están ubicados en un territorio que suma 102.000 hectáreas de las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán, Meta. Allí, la Unidad evidenció los fenómenos de la deforestación, remoción e intervención de los bosques y vegetación natural de la ronda hídrica de los caños, ríos y lagunas en los territorios ancestrales.
En el territorio ancestral, se realizan quemas como método de remoción de cobertura vegetal, lo cual genera un alto riesgo de propiciar incendios forestales, disminuyendo la cobertura vegetal. Además, los procesos naturales que se presentan por la época de sequía y verano intenso hacen vulnerable la capa vegetal generando fuego incontrolable.
Gracias a las visitas técnicas que se realizaron a los predios privados que traslapan con el territorio ocupado por el pueblo Sikuani, actualmente cursan tres procesos sancionatorios por afectaciones a los recursos naturales debido a las actividades que se han realizado sin permiso de autoridad ambiental.
El director Duque manifestó que “tras analizar estas situaciones de gravedad y urgencia por la violación de los derechos ambientales de las comunidades indígenas, soportadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el juez Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, consideró que la solicitud reúne los requisitos mínimos para su admisión y trámite, de conformidad con lo previsto en el art.152 del Decreto –Ley 4633 de 2011”.
Así las cosas, el juez dispuso la vinculación y notificación de las entidades para que en un término de cinco días se pronuncien en relación con la presente solicitud de medida cautelar.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
