CASANARE
Juntas de Acción Comunal podrán crear empresas o proyectos para financiarse
Se sancionó la Ley 1989 de 2019, en la que se establecen los derechos y garantías para las personas que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
La norma establece que quien ejerza “la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo, para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y autorización de la asamblea respectiva”.
De la misma manera, la ley prevé que las autoridades municipales deberán atender a los representantes de las JAC dos veces por mes, con el fin de analizar las necesidades de cada una de las zonas que representan.
También determina que una vez al año, el alcalde de la autoridad territorial en la que funcione la junta, deberá atenderla, en una jornada de un día, para conocer las inquietudes y necesidades que estos representantes de las comunidades tengan para comunicarle al mandatario.
Igual atención deberán dar los concejos municipales y distritales, colectivos que deberán destinar una sesión al año para “debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los Organismos de Acción Comunal, en la forma que lo regule la entidad territorial correspondiente”.
En materia de educación, la ley determina que “el Sena y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) podrán crear programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación y formación técnica, tecnológica, profesional o de formación continua destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades”.
Así mismo, para facilitar el desplazamiento de los representantes de las JAC, la legislación establece que “las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, un subsidio en el sistema integrado de transporte del municipio o distrito en el que resida, o su equivalente, correspondiente al 50% del valor, de hasta 60 pasajes, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones, aplicando también para transporte veredal. En todo caso será solo para una persona por Junta de Acción Comunal. Las entidades territoriales que establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad”.
La norma contempla la promoción e incentivos para que jóvenes, entre los 14 y 29 años, se motiven a vincularse a las juntas. Igualmente, a través del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional “diseñará y promoverá programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estudiantes de educación media en organismos de acción comunal”.
Infraestructura
Otra de las garantías que establece la ley es que las administraciones podrán destinar un rubro del recaudo del impuesto predial municipal y distrital para “la construcción, mejoramiento y acondicionamiento de salones comunales, casetas comunales y demás equipamientos comunales de propiedad del municipio, distrito o junta de acción comunal legalmente constituida”.
La disposición sancionada estipula que en los bancos de proyectos, deberán tener prioridad los proyectos municipales y distritales presentados por las Juntas de Acción Comunal, “siempre y cuando los mismos hayan contado con asesoría técnica por parte de las secretarías de planeación para su elaboración y cumplan con los requisitos de viabilidad, prioridad y elegibilidad. Los proyectos presentados deberán estar ajustados con el respectivo plan de desarrollo”.
Finalmente, la Ley 1989 de 2019 señala que “los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En operativos conjuntos, la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a 15 hombres que según investigaciones adelantadas, conformarían una de las mayores redes dedicadas a la caza ilegal de chigüiro y la comercialización de la carne.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Paz de Ariporo y Yopal (Casanare), y en la ciudad de Arauca (Arauca).
Según la Fiscalía, abundante evidencia indica que esta organización coordinaba las faenas de cacería en las sabanas inundables de Casanare, el desposte de los animales, el acopio y transporte de la carne, y la comercialización del producto en plazas de mercado y restaurantes de Bogotá y otras ciudades del interior y oriente del país.
En el curso de la investigación se constató que esta actividad fue ejercida sin los permisos exigidos por las autoridades ambientales y de salud del orden nacional y local. También se constató que los chigüiros eran perseguidos indiscriminadamente, aprovechando su docilidad y movimiento en manada.
Se estableció de igual manera, que la carne era trasladada por vía terrestre de manera insalubre, oculta en las bodegas de buses de servicio público, como encomiendas en camiones o escondida en vehículos particulares. En diferentes procedimientos realizados durante el último año en vías principales fueron incautadas más de cuatro toneladas de carne que pretendía vender esta organización.
Judicialización
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los presuntos integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Los cargos fueron aceptados por 13 de los procesados. Todos seguirán vinculados a la investigación.
Entre los judicializados están los señalados cabecillas y financiadores del andamiaje ilícito, identificados como Juan David Moreno Torres, Juan Carlos y José Ramon Rodríguez Mora, y José Gilberto Fernández. De igual manera, están quienes serían los cazadores de los chigüiros, ellos son Luis Óscar Ortiz Vacca, Kevin Stiven Rangel Peña, Hernán Darío Burgos Torres y Diomedes Cetina Salazar.
Los demás investigados cumplirían roles relacionados con el transporte, logística y seguridad, y comercialización a gran escala de la carne en Casanare y Arauca.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Fiscalía Casanare entregó balance de resolución de feminicidios, homicidios y otros delitos
Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía permitieron en el departamento de Casanare alcanzar resultados favorables en los delitos de alto impacto como feminicidios, homicidios y delitos sexuales, entre otros.
En el tema de feminicidios, la Seccional ha logrado resolver los 3 casos que se han presentado en este sentido, para un cumplimiento del 100%. Los presuntos responsables fueron judicializados.
De los 64 casos de homicidio reportados hasta la fecha, se cuenta con un avance de 78.12% de crímenes resueltos.
En cuanto a hechos de violencia intrafamiliar, de 516 casos se han resuelto 476 y los presuntos responsables están con algún tipo de medida en su contra, lo que representa un avance del 90.5% en esta temática.
Por otra parte, de las 158 denuncias recibidas por violencia sexual, 120 han sido resueltas, para un total del 75.95% de cumplimiento.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Siguiendo los lineamientos tipificados en el Plan Integral de Movilidad Urbana y Rural (PIMUR), la Secretaría de Movilidad hace efectivo el cambio en el sentido de la vía de la carrera 26 entre calles 12 y 28, quedando únicamente dirección de SUR a NORTE.
El Secretario de Movilidad Orlando Cruz, junto a su equipo de trabajo, estuvo en el sector para llevar a cabo la respectiva labor de demarcación vial (horizontal); a su vez, el grupo de promotores viales estarán durante el lapso necesario para brindar orientación y pedagogía a los actores viales que desconozcan de dicho cambio.
Las acciones realizadas están en el marco del contrato No.2781, el cual se realizará demarcación vial e instalación de resaltos en área urbana y rural:
-Demarcación de la carrera 5 entre calle 24 y calle 70
-Demarcación de calle 60 entre carrera 5 hasta carrera 9 oeste
-Demarcación y señalización de la vía a BUENA VISTA.
-Resaltos ondulados en la vía SIRIVANA-TACARIMENA, VÍA MATEPANTANO, CORREGIMIENTO PUNTO NUEVO, VEREDA LA UNIÓN, TILODIRAN, CORREGIMIENTO EL TALADRO.
Fuente: Alcaldía de Yopal
