CASANARE
Juntas de Acción Comunal podrán crear empresas o proyectos para financiarse
Se sancionó la Ley 1989 de 2019, en la que se establecen los derechos y garantías para las personas que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
La norma establece que quien ejerza “la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo, para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y autorización de la asamblea respectiva”.
De la misma manera, la ley prevé que las autoridades municipales deberán atender a los representantes de las JAC dos veces por mes, con el fin de analizar las necesidades de cada una de las zonas que representan.
También determina que una vez al año, el alcalde de la autoridad territorial en la que funcione la junta, deberá atenderla, en una jornada de un día, para conocer las inquietudes y necesidades que estos representantes de las comunidades tengan para comunicarle al mandatario.
Igual atención deberán dar los concejos municipales y distritales, colectivos que deberán destinar una sesión al año para “debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los Organismos de Acción Comunal, en la forma que lo regule la entidad territorial correspondiente”.
En materia de educación, la ley determina que “el Sena y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) podrán crear programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación y formación técnica, tecnológica, profesional o de formación continua destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades”.
Así mismo, para facilitar el desplazamiento de los representantes de las JAC, la legislación establece que “las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, un subsidio en el sistema integrado de transporte del municipio o distrito en el que resida, o su equivalente, correspondiente al 50% del valor, de hasta 60 pasajes, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones, aplicando también para transporte veredal. En todo caso será solo para una persona por Junta de Acción Comunal. Las entidades territoriales que establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad”.
La norma contempla la promoción e incentivos para que jóvenes, entre los 14 y 29 años, se motiven a vincularse a las juntas. Igualmente, a través del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional “diseñará y promoverá programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estudiantes de educación media en organismos de acción comunal”.
Infraestructura
Otra de las garantías que establece la ley es que las administraciones podrán destinar un rubro del recaudo del impuesto predial municipal y distrital para “la construcción, mejoramiento y acondicionamiento de salones comunales, casetas comunales y demás equipamientos comunales de propiedad del municipio, distrito o junta de acción comunal legalmente constituida”.
La disposición sancionada estipula que en los bancos de proyectos, deberán tener prioridad los proyectos municipales y distritales presentados por las Juntas de Acción Comunal, “siempre y cuando los mismos hayan contado con asesoría técnica por parte de las secretarías de planeación para su elaboración y cumplan con los requisitos de viabilidad, prioridad y elegibilidad. Los proyectos presentados deberán estar ajustados con el respectivo plan de desarrollo”.
Finalmente, la Ley 1989 de 2019 señala que “los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
