CASANARE
Juntas de Acción Comunal podrán crear empresas o proyectos para financiarse
Se sancionó la Ley 1989 de 2019, en la que se establecen los derechos y garantías para las personas que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
La norma establece que quien ejerza “la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo, para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y autorización de la asamblea respectiva”.
De la misma manera, la ley prevé que las autoridades municipales deberán atender a los representantes de las JAC dos veces por mes, con el fin de analizar las necesidades de cada una de las zonas que representan.
También determina que una vez al año, el alcalde de la autoridad territorial en la que funcione la junta, deberá atenderla, en una jornada de un día, para conocer las inquietudes y necesidades que estos representantes de las comunidades tengan para comunicarle al mandatario.
Igual atención deberán dar los concejos municipales y distritales, colectivos que deberán destinar una sesión al año para “debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los Organismos de Acción Comunal, en la forma que lo regule la entidad territorial correspondiente”.
En materia de educación, la ley determina que “el Sena y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) podrán crear programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación y formación técnica, tecnológica, profesional o de formación continua destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades”.
Así mismo, para facilitar el desplazamiento de los representantes de las JAC, la legislación establece que “las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, un subsidio en el sistema integrado de transporte del municipio o distrito en el que resida, o su equivalente, correspondiente al 50% del valor, de hasta 60 pasajes, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones, aplicando también para transporte veredal. En todo caso será solo para una persona por Junta de Acción Comunal. Las entidades territoriales que establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad”.
La norma contempla la promoción e incentivos para que jóvenes, entre los 14 y 29 años, se motiven a vincularse a las juntas. Igualmente, a través del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional “diseñará y promoverá programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estudiantes de educación media en organismos de acción comunal”.
Infraestructura
Otra de las garantías que establece la ley es que las administraciones podrán destinar un rubro del recaudo del impuesto predial municipal y distrital para “la construcción, mejoramiento y acondicionamiento de salones comunales, casetas comunales y demás equipamientos comunales de propiedad del municipio, distrito o junta de acción comunal legalmente constituida”.
La disposición sancionada estipula que en los bancos de proyectos, deberán tener prioridad los proyectos municipales y distritales presentados por las Juntas de Acción Comunal, “siempre y cuando los mismos hayan contado con asesoría técnica por parte de las secretarías de planeación para su elaboración y cumplan con los requisitos de viabilidad, prioridad y elegibilidad. Los proyectos presentados deberán estar ajustados con el respectivo plan de desarrollo”.
Finalmente, la Ley 1989 de 2019 señala que “los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
En allanamiento en Yopal cayeron alias “Mustafá” y “Tatiana”, tenían armas y estupefacientes
En Yopal, personal de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN del Departamento de Policía Casanare, llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio La Campiña.
Durante el desarrollo de esta operación se logró la captura en flagrancia de dos personas, conocidas con los alias de “Mustafá” y “Tatiana”, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
Así mismo, se efectuó la incautación de cuatro (04) revólveres, una (01) pistola traumática, dos (02) escopetas, una de ellas de aire comprimido, seis kilos de marihuana, 400 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación de estupefacientes y dinero en efectivo.
De acuerdo con el reporte policial, las personas capturadas presentan antecedentes como indiciados por delitos como tráfico de estupefacientes y hurto. Así mismo, la información recolectada indica que las armas incautadas estarían siendo utilizadas para la comisión de diferentes conductas delictivas en el municipio.
CASANARE
Avanzan obras para prevenir colapso de la vía Yopal – El Morro en el sector de La Guamalera
La Gobernación de Casanare, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, avanza en las obras de mitigación y protección en uno de los puntos más críticos del corredor vial Yopal – El Morro. Este tramo, afectado por procesos de socavación y obstrucciones en la quebrada La Guamalera, ha registrado bloqueos y pérdida de banca durante las temporadas invernales.
Durante una inspección técnica, Wilson Porras, director de la dependencia, verificó el avance de la intervención. Explicó que se construye un box culvert de 3 metros por 4 metros, una infraestructura que permitirá el paso de crecientes súbitas acompañadas de material rocoso. Las alcantarillas existentes resultaban insuficientes, provocando represamientos y alto riesgo.
Otras obras de protección
De manera complementaria, se adelantan obras de protección en gaviones, estructuras conformadas por mallas metálicas rellenas con piedra. Estas estructuras están diseñadas para estabilizar el talud y controlar la erosión, buscando frenar la socavación progresiva que año tras año afectaba la calzada y ponía en peligro la pérdida total de la carretera.
La intervención tiene como objetivo principal reducir el alto riesgo de pérdida total de la vía, un problema recurrente que ha afectado significativamente la movilidad y la seguridad de los transeúntes en esta importante conexión vial.
La Gobernación de Casanare mantiene un seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, con el fin de asegurar que la obra esté completamente operativa antes del inicio de la primera temporada invernal del año 2026, garantizando así la transitabilidad y seguridad del corredor.
La Gobernación de Casanare lideró un consejo de seguridad regional en el municipio de Sácama, con la participación del alcalde Fredy Avellaneda, la XVI Brigada del Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Casanare, delegados de la Defensoría del Pueblo y personeros de los municipios del norte del departamento.
El encuentro se centró en analizar los factores de inseguridad que afectan esta zona de Casanare, especialmente por la cercanía con el departamento de Arauca, donde estructuras armadas ilegales mantienen acciones delictivas próximas a los límites territoriales.
Durante la jornada de trabajo, se evaluaron los reportes de riesgo existentes y se concertaron medidas puntuales orientadas a fortalecer la presencia institucional. El objetivo es reducir las afectaciones derivadas de la actividad de grupos ilegales en las zonas limítrofes.
La Fuerza Pública presentó información operativa detallada sobre la situación de orden público en el territorio, brindando una perspectiva actual para la toma de decisiones estratégicas.
Asimismo, se definió dar seguimiento a las alertas tempranas activadas en sectores rurales del norte de Casanare, con el propósito de anticipar posibles hechos que impacten la tranquilidad y seguridad de las comunidades.
Al término del consejo, el secretario de Gobierno departamental, Julio Ramos Prieto, indicó que estos espacios son cruciales para obtener una lectura precisa de la situación, establecer líneas de acción concretas y regresar al territorio junto a las autoridades para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Las autoridades acordaron un monitoreo permanente de las estrategias definidas.
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