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Juez ordenó compensar a familia desplazada dos veces por la violencia en Mapiripán

Una familia doblemente desplazada por la violencia en la inspección de Puerto Alvira en Mapiripán, Meta, fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 105 metros cuadrados.
En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó compensar a la pareja y sus cinco hijos con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan.
En el año 1996 los esposos adquirieron una casa lote en la que construyeron unas mejoras. El primer desplazamiento ocurrió luego de la masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Centauros al mando de alias “Dumar”, en la inspección de Puerto Alvira, que dejó como saldo la muerte de 15 personas. Luego en el año 2000, la familia retornó a su predio, pero la tranquilidad no duró mucho porque, dos años después sus integrantes recibieron amenazas por parte del frente 44 de las FARC EP, por lo que no tuvieron más remedio que huir hacia el departamento del Huila para salvaguardar sus vidas.
Con el paso del tiempo, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, los integrantes de la familia beneficiada con la sentencia, aunque son titulares del derecho fundamental a la restitución, manifestaron no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Por lo tanto, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.
En el fallo, además, se ordenan otros beneficios como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo y acompañamiento de otras entidades del Estado.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría confirma sanción contra expresidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable a Leonardo Javier Baquero García, en su condición de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, por utilizar recursos públicos para contratar con empresas con las cuales existía un conflicto de intereses.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó las denuncias que en su momento hicieron integrantes de la junta directiva de la corporación, quienes indicaron que en enero de 2019 el disciplinado omitió la destinación que legalmente podía darle al dinero.
El Ministerio Público señaló que por su rol como ordenador del gasto el entonces presidente no tuvo en cuenta lo pactado entre la entidad que lideraba y la secretaría de Víctimas de la Gobernación del Meta en lo relacionado con los recursos que debía administrar.
Por estos hechos, la Procuraduría le impuso una sanción de multa que fijó de manera definitiva en 30 salarios legales mínimos vigentes para la época de comisión de los hechos, y calificó la falta disciplinaria en que incurrió como gravísima cometida a título de dolo.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
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Confirman caso de fiebre amarilla en mono hallado muerto en zona rural de Villavicencio

El Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia del virus de fiebre amarilla en un mono aullador (Alouatta seniculus) encontrado muerto el pasado 5 de mayo en una zona hídrica entre las veredas La Llanerita y Apiay, cerca de la vía a Puerto López, en el departamento del Meta.
El hallazgo se produjo tras el reporte de un transeúnte, lo que permitió a profesionales de Cormacarena atender el caso y trasladar el ejemplar al laboratorio de patología de la Universidad de los Llanos.
Aunque los análisis confirmaron la infección por fiebre amarilla, las autoridades establecieron que la causa de la muerte fueron las heridas físicas que presentaba el animal, especialmente en la cabeza y el rostro. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública del Meta, que coordinó el estudio junto al Instituto Nacional de Salud.
Cormacarena, junto con las secretarías de Salud del Meta y Villavicencio, reiteró que los primates no transmiten directamente la fiebre amarilla a los humanos. Estos animales son considerados centinelas, es decir, alertan sobre la presencia del virus en el entorno, lo que permite a las autoridades activar medidas de vigilancia y prevención.
En respuesta al caso, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a vacunarse contra la fiebre amarilla, usar toldillos, eliminar criaderos de mosquitos y evitar el contacto con fauna silvestre. También se habilitó la Línea de Atención de Fauna Silvestre (321 482 0327) para reportar primates enfermos o muertos.
Se recordo una vez más, que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y se recomienda para todos, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud. Se recomienda buscar atención médica antes de vacunarse, especialmente para personas mayores de 60 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Casa por cárcel para hombre que recibió giros de un comerciante extorsionado en el Meta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala, por su presunta responsabilidad en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Puerto Gaitán.
Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el comerciante comenzó a recibir llamadas, en las cuales le exigían pagar dinero a cambio de no atentar contra su vida y sus bienes.
Debido a las presiones, la víctima alcanzó a transferir más de 43.000.000 de pesos, a través de giros a seis personas diferentes, entre ellas a Fernández Zabala, desde el 2 de febrero de 2024.
Servidores de la Policía y el Ejército Nacional capturaron al procesado en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en cumplimiento de una orden judicial.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación