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Juez ordena compensar con vivienda a víctimas de la guerrilla en Acacías
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras plantea la compensación como una medida que puede ser aplicada ante la imposibilidad jurídica y material de restituir.
Este es el caso de una pareja de adultos mayores que no retornará a sus predios abandonados en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, porque sus tierras están ubicadas en zona de alto riesgo de inundación. El fallo ordenó la entrega de una vivienda de similares características a la que dejaron en el momento del desplazamiento.
La familia compró dos predios que suman 45 hectáreas en la década de los 80. Allí construyeron su vivienda en madera, se dedicaron a la ganadería y la producción de cultivos de pancoger. Tenían una vida tranquila.
En 2003 su suerte cambió debido a los constantes combates que lideró la guerrilla de las Farc EP para lograr el control territorial y conminó a todos los habitantes de la vereda a salir del territorio so pena de ser asesinados, ocasionando un desplazamiento masivo de campesinos hacia Guayabetal en Cundinamarca.
Luego del destierro el hijo mayor de esta pareja fue asesinado al ser sindicado de colaborar con la guerrilla. A esto se sumó un sufrimiento mayor, la desaparición de uno de sus integrantes.
Con la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, este núcleo familiar acudió a la URT, para que les tramitara su proceso ante la justicia, logrando que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras los declarara víctimas de abandono forzado y ordenara la compensación como medida de reparación debido a que la propiedad solicitada se encuentra en zona de riesgo.
Así las cosas, la pareja de adultos mayores es titular del derecho fundamental a la restitución, cuya materialización se concretará con la entrega de otra vivienda, mientras que la transferencia del dominio de los predios abandonados pasará a la corporación ambiental Cormacarena para su protección.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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